Es hora de analizar las principales decisiones y actuaciones del gobierno presidido por Abelardo De la Espriella durante los tres primeros meses (con corte al 4 de noviembre/2026) sobre políticas sociales, económicas, seguridad, paz, derechos humanos, desarrollo, así como las respuestas planteadas para enfrentar las afectaciones causadas por el terremoto del 10 de agosto.
A poco más de dos meses de iniciado el Gobierno de Abelardo De la Espriella, cumpliendo con su programa de campaña, las prioridades se han centrado en el cierre de los diálogos de paz, el control territorial, la acción coercitiva de la Fuerza Pública, el sometimiento unilateral a la justicia de las organizaciones armadas, restricciones en las garantías para los derechos humanos y las libertades, y la promoción de la inversión privada como motor del desarrollo.
Nos interesa, especialmente, además de analizar estos 100 dias desde un marco general, identificar algunos de los impactos de estas políticas para la región del Pacífico y para los pueblos étnicos (afrocolombianos e indígenas).
Las decisiones adoptadas hasta el 4 de noviembre (2026) permiten identificar, globalmente, siete tendencias:
- Paz: cierre de los procesos de diálogo heredados del Gobierno anterior y sustitución de la negociación política por una estrategia centrada en la legalidad, la seguridad y el sometimiento a la justicia.
- Seguridad: fortalecimiento del enfoque coercitivo, respaldo político a la Fuerza Pública y anuncio de nuevas herramientas legales contra las organizaciones criminales.
- Participación ciudadana, movilización social, libertad de expresión: expedición de un nuevo protocolo policial que mantiene garantías formales para la manifestación pacífica, pero permite intervenir contra quienes ejerzan violencia sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de manifestantes.
- Pueblos étnicos y campesinos: apertura de espacios de interlocución y participación territorial, junto con señales de reorientación de la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en la reforma rural y los mecanismos internacionales de verificación.
- Derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ: emergencia de una agenda conservadora de carácter cultural e ideológico que plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas de igualdad, diversidad y autonomía.
- Plan Nacional de Desarrollo (PND): construcción de una agenda que articula seguridad, inversión privada, infraestructura, crecimiento económico y reconstrucción territorial, cuyos resultados dependerán de la asignación presupuestal, las garantías de participación y la protección de los derechos colectivos.
- La política de alineación y relacionamiento internacional: fortalecimiento de la alianza estratégica con Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, y la normalización de las relaciones con Israel, con énfasis en seguridad, inteligencia, cooperación militar y comercio. Paralelamente, el Gobierno plantea revisar compromisos y relaciones con los países árabes, China y sectores de la comunidad internacional.
Colombia en el contexto de las derechas radicales y autoritarias: alineamientos internacionales y riesgos para la democracia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella se inscribe en una reconfiguración política internacional caracterizada por el avance de fuerzas de derecha radical, nacionalistas, ultraconservadoras y autoritarias, que han ganado posiciones de poder en Estados Unidos, Europa y América Latina.
Esta corriente, aunque heterogénea, comparte algunos rasgos: la reivindicación de liderazgos personalistas y de autoridad fuerte; la exaltación del nacionalismo y de valores tradicionales; el discurso anticomunista y de confrontación con las izquierdas en general; el cuestionamiento de las agendas de derechos humanos, diversidad sexual, igualdad de género y justicia ambiental; la reivindicación de políticas económicas de desregulación y reducción del Estado social, y una concepción de la seguridad que privilegia la militarización, el endurecimiento penal y la ampliación de las facultades coercitivas del Estado.
Los principales referentes de esta tendencia en el continente son Donald Trump (Estados Unidos), Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Bolsonaro (Brasil) y José Antonio Kast (Chile). De la Espriella ha expresado afinidades con varios de estos referentes, particularmente con Milei y Bukele, y ha decidido estrechar las relaciones estratégicas con Estados Unidos y con Israel. No se trata solamente de coincidencias diplomáticas: existe una convergencia alrededor de determinadas concepciones del poder, la seguridad, el mercado, el orden social y la confrontación ideológica. Esta articulación configura un escenario de cooperación política, militar e ideológica entre gobiernos y movimientos que cuestionan aspectos centrales del liberalismo democrático y del multilateralismo basado en derechos[1].
En Colombia, esta orientación plantea riesgos que deben examinarse más allá de las declaraciones y las diferencias ideológicas con el gobierno anterior. El problema central aparece cuando la defensa del orden, la autoridad y la seguridad se convierte en justificación para debilitar los contrapesos institucionales, restringir la protesta social, estigmatizar a la oposición, subordinar la autonomía judicial y cultural, deslegitimar a las organizaciones sociales y convertir determinadas identidades políticas, étnicas o culturales en supuestas amenazas para la nación.
Las primeras decisiones y anuncios del Gobierno (el tratamiento indiscriminado de los grupos armados bajo la categoría de terrorismo, el proyecto de Estatuto Antiterrorista, los cambios en los protocolos de actuación policial frente a la protesta, y la intervención sobre los contenidos de memoria histórica en los espacios culturales) hacen necesario vigilar especialmente estos riesgos[2]. La amenaza de una deriva autoritaria o de rasgos neofascistas se materializa en la medida en que sus decisiones avanzan hacia la concentración del poder, la normalización de la violencia política y la supresión efectiva de las libertades y los derechos. Lo anterior llevaría a una transformación regresiva de la democracia bajo el argumento de recuperar la autoridad, la seguridad y el orden nacional.
Paz: cierre de los diálogos y sometimiento a la justicia como única vía
El 30 de agosto de 2026, el presidente anunció la terminación de los procesos de diálogo heredados de la política de Paz Total y el 4 de septiembre anunció actos administrativos para poner fin a las mesas y conversaciones socio jurídicas con las demás estructuras armadas. Finalmente, el 11 de septiembre, el Gobierno informó la terminación de los restantes procesos de diálogo relacionados con el ELN, Comuneros del Sur y distintas estructuras disidentes de las FARC[3].
La nueva orientación establece que cualquier tránsito hacia la legalidad deberá demostrar resultados verificables y someterse a las condiciones definidas por el Estado. La administración también ha promovido una reducción del alcance de los mecanismos internacionales de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, particularmente en materia de reforma rural[4].
Con estas decisiones el presidente falta al cumplimiento del artículo 22 de la Constitución Política: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”[5]. Este principio rector de la Constitución significa:
- Que la paz es un derecho fundamental: al estar ubicado en el Título II (De los derechos, las garantías y los deberes), Capítulo 1 de la Constitución, y por lo tanto puede protegerse y exigirse, por ejemplo, a través de la Acción de Tutela cuando se encuentre amenazada de forma directa.
- La paz es un deber ciudadano y estatal: no es solo una aspiración o un valor abstracto; implica una obligación jurídica activa tanto para los ciudadanos como para las autoridades e instituciones del Estado de promover la convivencia pacífica y evitar la violencia.
- La paz como finalidad constitucional: mediante el Acto Legislativo 5 de 2017, se adicionó el Artículo 22A, el cual prohíbe la creación, promoción o financiación de grupos civiles armados organizados con fines ilegales (como garantía de no repetición).
La Corte Constitucional desarrolló estas dimensiones, entre otras providencias, en las sentencias C-370 de 2006, C-379 de 2016 y C-069 de 2020. A través de la Sentencia C-069 de 2020, la Corte señala expresamente que el presidente debe dar prelación a las soluciones pacíficas. En consecuencia, con esta sentencia, si el presidente decidió cerrar espacios de diálogo, suspender negociaciones o descarta de manera general la posibilidad de buscar salidas políticas a los conflictos armados, puede plantearse un cuestionamiento constitucional de fondo:
¿Está ejerciendo legítimamente sus facultades para conducir la política de paz o está desconociendo el deber constitucional de dar prelación a las soluciones pacíficas?
El cierre de los diálogos y negociaciones no garantiza por sí mismo el desmantelamiento de las estructuras armadas ni la recuperación efectiva del control territorial (como lo ampliaremos en el punto sobre seguridad).
Política de sometimiento a la justicia y modificación de Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público[6]
La iniciativa busca reemplazar el enfoque de negociación de la política de Paz Total por un modelo centrado en el sometimiento judicial de las organizaciones armadas ilegales. La iniciativa busca desmantelar organizaciones armadas ilegales mediante su sometimiento a la justicia ordinaria, sin reconocimiento de estatus político ni apertura de negociaciones de paz. Contempla reducciones de penas de hasta el 50% para determinados integrantes, condicionadas al cumplimiento de requisitos legales y a su colaboración con la justicia, entrega de bienes, reparación a las víctimas y acciones para desmantelar las estructuras criminales. También prevé mecanismos de interlocución con las organizaciones mediante sus abogados, sin reproducir el esquema de negociaciones políticas de la administración anterior.
De manera preliminar, pues como se ha mencionado este proyecto apenas fue radicado en el Congreso, observamos cinco problemas críticos del proyecto:
- Reducción de la paz a una estrategia de sometimiento penal: el proyecto privilegia la desmovilización individual y colectiva bajo condiciones judiciales, pero excluye explícitamente la negociación política. Esto plantea un problema estratégico: organizaciones como el ELN y otras estructuras con dinámicas territoriales complejas no necesariamente se desarticulan mediante incentivos penales. El riesgo es sustituir una política integral de paz por una estrategia predominantemente judicial y coercitiva, sin garantizar mecanismos complementarios de diálogo humanitario y protección de la población civil.
- Riesgos para los derechos de las víctimas y la justicia: las reducciones de penas plantean interrogantes sobre la proporcionalidad de los beneficios frente a la gravedad de los crímenes cometidos. Su legitimidad dependerá de que la verdad aportada sea verificable, la entrega de bienes sea efectiva, la reparación sea material y no meramente declarativa, y existan garantías de no repetición. Sin estos elementos, el sometimiento podría terminar ofreciendo beneficios judiciales sin una respuesta equivalente a los daños sufridos y valorados por las propias víctimas.
- Ausencia de garantías suficientes de transformación territorial: Ll entrega de armas no desmantela automáticamente las economías ilegales, las redes de extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal ni las relaciones de corrupción que sostienen a las organizaciones armadas, porque, además, es claro que en estas redes criminales no sólo participan actores armados sino también actores políticos y económicos. Si no se articula el sometimiento con inversión social, fortalecimiento institucional, protección de liderazgos y alternativas económicas, existe el riesgo de que las estructuras se fragmenten, sean reemplazadas por otras o mantengan el control territorial mediante nuevas formas de violencia.
- No está expresamente incluidas las visiones, preocupaciones, enfoque de los daños causados no sólo a las comunidades étnicas y campesinas, sino también a sus territorios: en el caso del Pacífico colombiano, el sometimiento debe considerar los derechos territoriales colectivos, la autonomía de los pueblos étnicos, las afectaciones diferenciales del conflicto y la participación efectiva de las comunidades. Una política diseñada principalmente desde el sistema penal puede dejar en segundo plano las necesidades de reparación colectiva, restitución territorial, garantías de seguridad y reconstrucción del tejido social como el enfoque de la justicia étnica. El Congreso debería examinar expresamente estas dimensiones y determinar las obligaciones de participación y consulta previa que correspondan.
- Incertidumbre sobre la eficacia y la sostenibilidad del modelo: la rapidez del trámite legislativo no garantiza que la norma sea aplicable ni que produzca resultados duraderos. Será necesario precisar cómo se verificará el desmantelamiento de las estructuras, las condiciones para la reintegración a la vida civil, qué ocurrirá con quienes incumplan sus compromisos, cómo se coordinarán la Fiscalía, los jueces y las autoridades penitenciarias, y qué mecanismos impedirán que los beneficiarios vuelvan a integrar organizaciones criminales. Sin capacidades institucionales y financiación suficientes, el proyecto puede generar expectativas que el Estado no esté en condiciones de cumplir.
El principal problema del proyecto no es que el Estado busque someter a la justicia a las organizaciones criminales, sino que convierta el sometimiento penal en el eje prácticamente exclusivo de su respuesta a la violencia armada, sin demostrar que este mecanismo será suficiente para desmantelar las estructuras de poder económico, territorial y político que la reproducen.
Seguridad: prioridad del enfoque policial, ocupación militar de los territorios y respuestas coercitivas
El enfoque de seguridad combina fortalecimiento de las capacidades militares y policiales, cooperación internacional en inteligencia y tecnología, erradicación forzada de cultivos ilícitos y sometimiento de las organizaciones armadas a la justicia. Esta orientación se refleja tanto en el proyecto de ley de sometimiento como en los acuerdos de cooperación con Estados Unidos e Israel.
Podemos identificar cinco componentes estratégicos de esta política:
- Militar: modernización de las Fuerzas Armadas, aviación, radares, drones, sistemas anti drones y defensa aérea.
- Inteligencia: ampliación de las capacidades de vigilancia, intercambio de información y análisis de amenazas.
- Judicial: sometimiento penal de integrantes de organizaciones armadas, con beneficios condicionados a la colaboración con la justicia.
- Antinarcóticos: fumigaciones (aéreas) sobre cultivos, destrucción de laboratorios, precursores, rutas, lavado de activos y redes financieras.
- Internacional: fortalecimiento de alianzas con Estados Unidos e Israel y mayor alineamiento con iniciativas hemisféricas de seguridad.
Alianza con Estados Unidos:
La relación con Estados Unidos constituye el principal soporte internacional de la nueva estrategia de seguridad. En septiembre de 2026, el presidente De la Espriella y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciaron una nueva hoja de ruta bilateral, denominada Acuerdos de Barranquilla, que contempla tres grandes objetivos: reconstrucción, recuperación económica, y seguridad hemisférica[7].
En materia de seguridad, el Gobierno colombiano presentó el Plan Patriota Siglo XXI, orientado a modernizar las capacidades militares y de inteligencia del país[8].
Entre los componentes anunciados figuran:
- Modernización de la aviación militar y de los sistemas de radar.
- Incorporación de drones y tecnologías antidrones.
- Fortalecimiento de la defensa aérea y la ciberdefensa.
- Modernización de las capacidades de movilidad y de las fuerzas especiales.
- Cooperación para combatir las distintas fases de las economías criminales.
- Un acuerdo plurianual de lucha contra el narcotráfico y las redes transnacionales.
La hoja de ruta también incluye cooperación económica, procesamiento de minerales críticos y tierras raras, y un marco de cooperación civil en materia nuclear. Estos dos últimos instrumentos muestran que la relación bilateral trasciende la dimensión militar.
El segundo componente es la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación hemisférica promovida por la Administración Trump para endurecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.
De la Espriella ha suscrito compromisos para participar en este esquema, cuya implementación incluye mecanismos de coordinación con Estados Unidos. Según la información publicada por la prensa colombiana, Medellín albergaría una oficina relacionada con esta iniciativa. La importancia de este componente radica en que puede ampliar la cooperación más allá de la relación bilateral tradicional, mediante intercambios de información, coordinación operativa y articulación entre países frente a redes criminales transnacionales.
¿Qué busca Estados Unidos?: Desde una perspectiva geopolítica, esta cooperación responde a varios intereses convergentes:
- Reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones vinculadas al narcotráfico.
- Reforzar la cooperación de seguridad con gobiernos políticamente alineados con Washington.
- Ampliar la capacidad regional para enfrentar redes criminales y amenazas transnacionales.
- Fortalecer la seguridad de cadenas de suministro de minerales estratégicos.
- Mantener una relación privilegiada con Colombia, país relevante para la seguridad del Caribe, Centroamérica y el norte de Suramérica.
La alianza estratégica Colombia-Israel: afinidades ideológicas, sionismo, religión y reorientación política.
El 11 de agosto de 2026, Colombia restableció sus relaciones diplomáticas con Israel. En septiembre, la Cancillería explicó ante el Congreso que el fortalecimiento bilateral buscaba ampliar la cooperación en seguridad e inteligencia para enfrentar amenazas transnacionales. El 14 de octubre, Colombia abrió su embajada en Jerusalén y anunció la recuperación de la relación comercial bilateral, incluido el restablecimiento del funcionamiento del tratado de libre comercio.
Las áreas potenciales de cooperación comprenden:
- Inteligencia y análisis de amenazas.
- Tecnologías de vigilancia y protección de infraestructuras.
- Sistemas antidrones y defensa aérea.
- Modernización de capacidades militares.
- Ciberseguridad y tecnologías de uso dual.
- Intercambio de experiencias en operaciones contra organizaciones armadas
El restablecimiento de relaciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella con Israel tiene dos grandes apuestas: ser socio estratégico y referente político-simbólico. La primera se relaciona con tecnología, defensa e inteligencia; la segunda, con identidad nacional, religión, concepciones de civilización, orden social y lucha contra los adversarios-opositores considerados amenazas existenciales.
Bajo esta orientación, la relación debe analizarse desde cuatro dimensiones interrelacionadas: intereses militares y económicos, afinidades ideológicas, convergencias religiosas y alineamientos geopolíticos[9]. Una de las dimensiones más relevantes es la posible convergencia entre sectores de la derecha colombiana y la derecha nacionalista israelí. Esta convergencia puede examinarse a través de cuatro elementos.
La seguridad como principio organizador de la política. Los gobiernos y movimientos de derecha nacionalista suelen otorgar una importancia central a la defensa del Estado, la autoridad, las fronteras, la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. El acercamiento entre ambos gobiernos puede facilitar la transferencia de conocimientos, tecnologías, experiencias e incluso participación directa en acciones conjuntas.
La idea de una civilización amenazada. El segundo elemento es la representación de Israel como bastión de una civilización judeocristiana frente a amenazas externas. Esta visión conecta con el proyecto político del presidente De la Espriella, que enfatiza a Dios, la familia y la recuperación de los valores occidentales. En Israel se permite al presidente representar internacionalmente esa identidad y diferenciarse del Gobierno anterior y esto es lo que hace Abelardo. Esta lectura permite identificar una convergencia discursiva: la política deja de expresarse exclusivamente en términos de intereses materiales y comienza a organizarse también alrededor de una identidad colectiva que se debe imponer como proyecto de sociedad.
Orden, autoridad y concepciones de democracia. Otra dimensión es la relación entre seguridad, autoridad ejecutiva y democracia. La experiencia política israelí incluye un debate interno intenso sobre el equilibrio entre identidad nacional, derechos de las minorías, independencia judicial y límites del poder gubernamental.
En un país pluriétnico y multicultural como Colombia, cualquier política inspirada en experiencias externas debe evaluarse a la luz de la igualdad, la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos indígenas y afrocolombianos.
El sionismo cristiano: puente entre religión y política internacional. Esta dimensión permite comprender por qué el respaldo a Israel puede ir más allá de los intereses militares o comerciales. Por ejemplo, el reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán[10], no es simplemente una muestra de cercanía diplomática. Supone adoptar una posición contraria a la interpretación jurídica recogida en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU[11].
Derechos, libertades, participación y movilización social
La importancia de las decisiones del gobierno en torno a los temas mencionados en el subtítulo radica en que no constituyen agendas independientes. En conjunto, permiten examinar cómo el Gobierno está redefiniendo las relaciones entre el Estado, las organizaciones sociales, la participación directa de la ciudadanía, los derechos étnicos-colectivos, las políticas de igualdad y las representaciones simbólicas e identidades culturales-espirituales de la sociedad colombiana.
Durante los primeros dos meses del gobierno de Abelardo de la Espriella, el debate sobre los derechos y las libertades fundamentales se ha concentrado en una cuestión decisiva: ¿cómo garantizar simultáneamente la seguridad, la convivencia y los derechos de terceros sin convertir la protesta social, la oposición política y la movilización ciudadana en problemas de orden público que deban resolverse prioritariamente mediante la intervención policial?
Protesta y movilización social. La expedición del Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, que modifica el protocolo de actuación de las autoridades frente a las manifestaciones públicas, constituye el principal punto de inflexión en esta discusión[12]. La norma fue expedida el 13 de octubre, un día antes de una jornada nacional de movilizaciones contra el Gobierno, convocada por sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y sectores de oposición.
En una democracia constitucional, la legitimidad de una movilización no depende de que sus convocantes compartan la orientación política del Gobierno. Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las comunidades étnicas, los partidos de oposición y los movimientos ciudadanos pueden convocar manifestaciones para exigir cambios en las políticas públicas, rechazar decisiones gubernamentales o expresar desacuerdo con el presidente.
Por eso, la primera obligación del Gobierno no es determinar si la protesta es políticamente conveniente, sino garantizar las condiciones para su ejercicio pacífico. En este sentido, la Defensoría del Pueblo identificó riesgos concretos en sus disposiciones sobre el carácter disruptivo de la protesta, la continuidad del diálogo y las condiciones para recurrir al uso de la fuerza y advirtió expresamente que la protesta nacional no constituye, por sí misma, un problema de orden público ni un acto de terrorismo[13]. También señaló que las diferencias políticas no deben dar lugar a la estigmatización, las amenazas o la descalificación de quienes piensan distinto.
Estatuto antiterrorista: Su principal controversia radica en el equilibrio entre seguridad y garantías democráticas. La definición de terrorismo y el procedimiento administrativo para incluir personas u organizaciones en el registro generan interrogantes sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y el control judicial. También preocupan las posibles restricciones a la privacidad, la libertad de expresión y la protesta social, especialmente si las disposiciones permiten interpretar conductas legales o movilizaciones ciudadanas como formas de apoyo al terrorismo.
La experiencia histórica con estatutos antiterroristas aconseja evitar que una clasificación administrativa se convierta en una sanción anticipada o en un mecanismo de estigmatización de personas y organizaciones. Como ejemplo, los estatutos de 1978 y 2003 muestran la importancia de examinar, detenidamente, las medidas que amplían las facultades de inteligencia, las restricciones de derechos y la actuación de la Fuerza Pública.
Respecto de los derechos del campesinado: Durante el Gobierno de De la Espriella, una referencia legislativa relevante es el Proyecto de Ley Estatutaria 385 de 2026, radicado el 23 de septiembre de 2026, cuyo objeto es desarrollar el artículo 64 constitucional y establecer un marco para redefinir como se va a reconocer y garantizar los derechos del campesinado. La pregunta central es si el Gobierno asumirá el reconocimiento internacional[14] y constitucional del campesinado como sujeto de derechos y obligación de transformación de las relaciones agrarias o si lo interpretará principalmente desde una perspectiva productiva, de formalización de la propiedad y de integración a los mercados.
La eventual reducción del seguimiento internacional (Misión de Verificación de la ONU) a la reforma rural es especialmente relevante. La redistribución y formalización de la tierra, el acceso a bienes públicos rurales y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son componentes centrales de la transformación territorial contemplada en el Acuerdo de 2016.
La movilización campesina ha sido históricamente un mecanismo para exigir acceso a la tierra, cumplimiento de acuerdos, inversión pública y reconocimiento de derechos. En este contexto, la política restrictiva del Gobierno frente a las protestas adquiere especial relevancia. Si las movilizaciones por asuntos agrarios se interpretan prioritariamente como bloqueos o alteraciones del orden público, existe el riesgo de que se debilite la consideración de las demandas que las originan.
Derechos étnicos, consulta previa: La consulta previa es uno de los asuntos más sensibles de la política territorial del Gobierno, particularmente para los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras[15]. Durante septiembre y octubre de 2026, el presidente De la Espriella anunció cambios en los procedimientos de consulta previa. En septiembre, durante un encuentro con autoridades indígenas, manifestó que respetaría este derecho, pero advirtió sobre posibles abusos e intermediaciones indebidas. Posteriormente, el Ministro del Interior anunció ajustes dirigidos a reducir los procedimientos represados y facilitar el avance de proyectos de infraestructura y energía. El ministro Rodrigo Lara sostuvo que se respetaría el derecho, pero no su represamiento administrativo.[3]
La discusión adquirió mayor relevancia con la publicación, el 14 de octubre, de información periodística sobre una directiva presidencial que modificaría la actuación de las entidades estatales cuando no se alcanza un acuerdo con las comunidades consultadas[16]. Según esa información, la directiva eliminaría la prueba de proporcionalidad que se aplicaba en determinadas circunstancias y permitiría que cada entidad adoptara sus propias decisiones una vez concluido el procedimiento.
El punto de fondo es si con estos argumentos el gobierno considera que ¿la consulta previa es considerada un derecho o un trámite? La consulta previa no es simplemente una etapa administrativa destinada a agilizar o retrasar la ejecución de proyectos. Es una garantía fundamental vinculada con la participación, la identidad cultural, la autonomía y la protección de los derechos territoriales de los pueblos étnicos. Su finalidad es que las comunidades puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan directamente sus derechos y que afectan sus territorios colectivos[17].
Derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+: Abelardo de la Espriella combina una posición conservadora en materia de género y familia, el rechazo explícito a lo que denomina ‘ideología de género’ y ‘wokismo’, y una orientación política que busca revisar las políticas públicas de diversidad e igualdad. Sin embargo, hay que señalar que los derechos constitucionales a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad no dependen de que un Gobierno comparta las concepciones culturales de las personas titulares de esos derechos. La Corte Constitucional ha desarrollado garantías frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otras, en las sentencias C-075 de 2007, C-577 de 2011 y T-478 de 2015.
Rechazo del enfoque de género. El 15 de octubre, De la Espriella declaró una «lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo», al que presentó como una amenaza para la identidad nacional, la familia tradicional y los valores culturales de Occidente. También cuestionó las concepciones sobre género que, según su interpretación, desconocen las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Anunció que las entidades del Ejecutivo no participarían en actividades que, a juicio del Gobierno, promovieran esa corriente ideológica. Además. el presidente ha respaldado una iniciativa legislativa para limitar determinados procedimientos de afirmación de género en menores de edad. El País informó el 15 de octubre que De la Espriella respaldó una iniciativa legislativa orientada a limitar determinados procedimientos de afirmación de género en menores de edad.
Con estos enfoques podemos señalar que en este gobierno los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ enfrentan un cambio de orientación política que debilitaría los avances institucionales en igualdad, diversidad y derechos sexuales y reproductivos. Entre las primeras decisiones se encuentran el retiro de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, la revisión de su posición internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos y el retorno al Consenso de Ginebra, que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto; medidas que expresan un alineamiento con posiciones totalmente conservadoras a nivel internacional.
Libertad de expresión, prensa y pluralismo político: El derecho a la protesta se relaciona directamente con la libertad de expresión, el acceso a la información y la posibilidad de difundir opiniones críticas. Son preocupantes los mensajes del presidente a los medios de comunicación sobre qué cosas deben o no difundir, además del lenguaje de estigmatización a quienes informan u opinan de manera diferente a la del gobierno.
La protesta no es únicamente la ocupación de un espacio público. Es también una forma de comunicación política mediante la cual sectores sociales hacen visibles problemas que consideran desatendidos, disputan las prioridades gubernamentales y exigen respuestas institucionales. La calidad democrática de un gobierno no se mide únicamente por su capacidad para ejecutar su programa. También se mide por su disposición a reconocer que existen proyectos políticos, intereses sociales y visiones del país diferentes de los que representa el Ejecutivo.
La «contrarrevolución cultural»: una política de disputa por los significados y las formas de construir memoria, identidad colectiva y respeto a la diversidad y multiculturalidad del ser como nación
De los asuntos examinados, la denominada «contrarrevolución cultural» es el que permite identificar con mayor claridad la dimensión ideológica (de clara tendencia fascista) del modelo de país que quiere imponer el presidente.
El 15 de octubre de 2026, durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura, el presidente anunció una política orientada a recuperar los valores y principios ‘tradicionales’, fortalecer la identidad nacional y dar prioridad a la conservación y transmisión del patrimonio cultural. También anunció que la cartera volvería a denominarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. El discurso presidencial incluyó críticas al wokismo, al lenguaje inclusivo y a las interpretaciones históricas que enfatizan las relaciones de dominación y las desigualdades. Asimismo, ordenó retirar de espacios públicos representaciones que calificó como apología del terrorismo. Estas declaraciones fueron acompañadas por una decisión concreta: el Gobierno ordenó retirar más de treinta piezas del Museo Nacional relacionadas con la diversidad sexual, el feminismo, la memoria del conflicto armado y episodios de la historia política reciente. La medida provocó cuestionamientos de instituciones y trabajadores de la cultura, que advirtieron sobre los riesgos de alterar las representaciones históricas por razones ideológicas[18].
Las informaciones periodísticas identificaron hasta 47 piezas y objetos retirados que incluían:
- Fotografías y afiches de dirigentes políticos asesinados, entre ellos Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo.
- Materiales relacionados con los movimientos feministas.
- Objetos y documentos sobre la memoria histórica de la población LGBTIQ+.
- Elementos relacionados con la Séptima Papeleta.
- Materiales vinculados con el Acuerdo de Paz de 2016.
Luego del rechazo, movilización e incidencia de varios sectores de trabajadores de la cultura, artistas, academia, organizaciones de la sociedad civil y una acción de tutela, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá decidió y ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir las piezas en un plazo máximo de 48 horas. Por esta razón, las piezas regresaron a sus salas de exposición entre el 29 y el 30 de octubre de 2026, en cumplimiento de la decisión judicial del 28 de octubre[19].
El juez consideró que el retiro no estaba suficientemente justificado porque:
- No existía un concepto curatorial que sustentara la decisión.
- No se acreditó que el Comité de Gestión Patrimonial del museo hubiera estudiado y aprobado el retiro.
- La decisión parecía responder al desacuerdo político e ideológico de una autoridad con determinados contenidos históricos, y no a criterios técnicos o museológicos.
¿Qué significa políticamente una «contrarrevolución cultural»?
El término utilizado por el presidente expresa la voluntad de revertir cambios culturales e institucionales asociados por el Gobierno a las políticas de la administración anterior. En términos políticos, esta orientación puede analizarse a partir de tres dimensiones:
La disputa por la identidad nacional. La selección de símbolos, relatos históricos y expresiones culturales que reciben reconocimiento público contribuye a definir qué experiencias se consideran representativas de la nación. En una sociedad plural, la historia nacional comprende tradiciones religiosas, experiencias populares, luchas sociales, diversidad étnica, movimientos de mujeres, comunidades LGBTIQ+ y memorias contrapuestas del conflicto armado.
La disputa por la memoria histórica. Retirar las piezas retiradas del Museo Nacional constituye una afrenta contra las víctimas, es una revictimización. Es un desconocimiento de la riqueza cultural, artística, simbólica de la nación.
La redefinición de los límites de lo culturalmente legítimo. Cuando el Gobierno identifica determinadas perspectivas culturales como amenazas para la unidad nacional, está estableciendo una jerarquía entre expresiones consideradas legítimas y otras presentadas como ideológicas, divisivas o incompatibles con los valores nacionales. Cuando el presidente señala que no permitirá que la cultura sea utilizada con fines ideológicos, y toma decisiones como las señaladas, cae en la más profunda contradicción: son sus decisiones las que están reflejando el sesgo ideológico de su gobierno.
Finalmente, con la llamada contra revolución cultural, el presidente está sometiendo la cultura a una extensión de la política de seguridad para imponer por esa vía, patrones, conductas y modelos de vida individuales y colectivos.
Modelo económico y PND para la inversión privada
El modelo de economía pro-empresa con retórica nacionalista tiene un antecedente histórico preciso: la política económica del Tercer Reich en la década de 1930. El fascismo histórico no buscaba estatizar toda la economía sino crear un modelo corporativista donde las grandes empresas privadas operaran en perfecta simbiosis con un Estado fuerte y autoritario que garantizara el orden social. A cambio de exenciones fiscales, subsidios estatales, destrucción de los sindicatos obreros y la congelación de los salarios, los grandes empresarios alinearon su producción con los objetivos de orden y militarización del régimen. El fascismo necesita de la gran empresa privada[20] para sostener su infraestructura de poder, y le otorga total libertad para enriquecerse a costa de la desprotección absoluta de la clase trabajadora.
El programa de gobierno de Abelardo de la Espriella, denominado «Colombia, Patria Milagro», plantea una transformación del modelo económico basado en la reducción sustancial del tamaño del Estado, la desregulación de la economía, la disminución de la carga tributaria empresarial, la flexibilización de las condiciones para la inversión privada y la recuperación de los sectores minero-energéticos como motores del crecimiento. Se trata de una concepción económica que deposita buena parte de sus expectativas de crecimiento en la capacidad del mercado y de la iniciativa empresarial, bajo la premisa de que la reducción de costos, impuestos y regulaciones permitirá ampliar la inversión, la productividad y el empleo[21].
El interrogante fundamental es si este modelo puede producir crecimiento con equidad o si, por el contrario, una reducción acelerada de las capacidades estatales, junto con la flexibilización de las regulaciones laborales, ambientales y territoriales, puede profundizar las desigualdades, debilitar la provisión pública de bienes y servicios y trasladar mayores costos económicos y sociales a los sectores populares y a las regiones históricamente excluidas.
Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, la Patria Milagro 2026-2030′
Al 4 de noviembre de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha avanzado en la definición de la estructura estratégica, la metodología de participación territorial y la identificación preliminar de proyectos e inversiones que servirán de base para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030. El proceso fue iniciado formalmente en septiembre por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con una primera instancia de articulación de alto nivel entre ministerios y entidades nacionales, orientada a definir los lineamientos técnicos, jurídicos y presupuestales. Posteriormente, el 6 de octubre, en Pereira, el presidente presentó oficialmente los siete ejes estratégicos del Plan y contempla doce encuentros regionales para recoger propuestas de autoridades territoriales, empresarios, academia y ciudadanía[22], con el propósito de incorporarlas a las bases del Plan y al Plan Plurianual de Inversiones[23].
El PND se estructura alrededor de siete ejes definidos cada uno de ellos como “MILAGRO”[24]: reconstrucción y resiliencia; patriotismo constitucional; desarrollo social; crecimiento económico; desarrollo regional; transformación del Estado; y educación. Entre los resultados regionales divulgados sobresalen los 38,7 billones indicativos para proyectos del Eje Cafetero; los 71,2 billones para Bogotá y Cundinamarca; y, para el suroccidente, un portafolio de 54 iniciativas por 49,24 billones de pesos, distribuidas entre Valle del Cauca, Cauca, Nariño y proyectos interdepartamentales[25].
La propuesta gubernamental articula cuatro prioridades transversales:
- Recuperar la seguridad y el control territorial.
- Reconstruir los territorios afectados por el sismo y otros desastres.
- Impulsar la inversión privada, la infraestructura y el crecimiento económico.
- Fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales.
En el caso del Encuentro del Chocó[26] estas fueron las prioridades identificadas:
Como podrá observarse, las prioridades seleccionadas poco (o nada) incluyen las necesidades reales y las propuestas de las comunidades. Lo que si va siendo claro es que estas prioridades coinciden con la política del Plan Marshall para el Chocó, presentado en el marco de la respuesta del Estado ante la emergencia humanitaria causada por el terremoto del 10 de agosto, por el presidente acompañado de un grupo de empresarios[27], anunciando la implementación de ocho grandes proyectos, retomados, prácticamente, en lo que hemos reseñado en el cuadro y planteados como supuestas prioridades del Chocó para el próximo PND.
Impactos y riesgos de las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella para el movimiento social y los territorios en Colombia
El conjunto de decisiones, reformas anunciadas y orientaciones políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella permite identificar una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, la sociedad, el mercado y los territorios. No se trata únicamente de un cambio de prioridades administrativas o de orientación económica frente al gobierno anterior. Se advierte una apuesta por modificar el papel del Estado, redefinir las relaciones entre seguridad y derechos, reorientar las políticas sociales y económicas y disputar los referentes culturales, políticos e históricos que han sustentado las conquistas democráticas y sociales de las últimas décadas. Los impactos que se presentan a continuación distinguen entre decisiones ya adoptadas, iniciativas en curso y riesgos derivados de las orientaciones gubernamentales. No todos constituyen efectos consumados, pero sí permiten identificar escenarios que requieren seguimiento y respuesta por parte de las organizaciones sociales, las comunidades y las instituciones defensoras de derechos humanos.
Restricción progresiva de los espacios de movilización, protesta y reivindicación social
Las decisiones relacionadas con el Estatuto Antiterrorista, la modificación de los protocolos de actuación policial en manifestaciones públicas y el tratamiento gubernamental de los bloqueos y las movilizaciones introducen un cambio importante en las condiciones para el ejercicio de la protesta social. Aunque el Gobierno sostiene que busca diferenciar la protesta pacífica de las actuaciones violentas, algunas de las nuevas disposiciones pueden ampliar los márgenes de intervención policial y reducir la centralidad del diálogo y la mediación. Esto puede generar un efecto disuasivo sobre las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y afrodescendientes, particularmente cuando sus reivindicaciones implican paros, bloqueos o acciones colectivas de presión. El riesgo es que conflictos sociales originados en desigualdades, incumplimientos institucionales y demandas históricas terminen abordándose prioritariamente como problemas de orden público y seguridad.
Estigmatización y criminalización de las organizaciones y los liderazgos sociales
La utilización extensiva de categorías como terrorismo, narcoterrorismo, enemigo interno y desestabilización puede producir una asociación peligrosa entre conflictividad social, oposición política y amenazas a la seguridad nacional. Aunque el Gobierno afirma que sus medidas están dirigidas contra organizaciones criminales, será fundamental vigilar que estas categorías no terminen aplicándose indiscriminadamente a dirigentes, defensores de derechos humanos, autoridades étnicas, organizaciones campesinas y comunidades que se oponen a determinados proyectos económicos o decisiones gubernamentales. En un país con antecedentes graves de persecución, judicialización y violencia contra el liderazgo social, esta orientación puede profundizar los riesgos de seguridad y debilitar la legitimidad pública de las reivindicaciones colectivas.
Debilitamiento de la participación ciudadana y de la capacidad de incidencia política
La participación puede quedar reducida a mecanismos de consulta, socialización de proyectos y recepción de propuestas, sin garantizar capacidad efectiva de decisión sobre las políticas públicas, los presupuestos y las prioridades territoriales. Este riesgo es especialmente relevante en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, cuyos encuentros regionales están recogiendo iniciativas de autoridades territoriales, empresarios, academia y organizaciones sociales. El desafío consiste en determinar si las comunidades podrán incidir realmente en la definición de las prioridades nacionales o si su participación se limitará a legitimar decisiones económicas y proyectos de inversión previamente estructurados. La diferencia es sustancial: participar no significa solamente ser escuchado, sino tener capacidad de intervenir en las decisiones que afectan las condiciones de vida y el futuro de los territorios.
Reorientación del modelo de desarrollo y profundización de las desigualdades territoriales
La centralidad otorgada a la inversión privada, la reducción del aparato estatal, la desregulación económica, la reactivación minero-energética y los megaproyectos puede modificar sustancialmente las relaciones entre las comunidades y sus territorios. El riesgo es que el crecimiento económico y la competitividad se conviertan en criterios predominantes para definir las prioridades de inversión, mientras se debilitan las políticas redistributivas, las economías populares y comunitarias y las estrategias de desarrollo construidas desde las organizaciones territoriales. Las regiones con mayores déficits históricos de institucionalidad, infraestructura y garantía de derechos pueden terminar subordinadas a proyectos de aprovechamiento económico de sus recursos naturales, sin que ello se traduzca necesariamente en mejores condiciones de vida para sus habitantes. Esto llevará a una profundización de las brechas regionales, concentración de beneficios económicos, debilitamiento de las economías propias y aumento de las disputas por el control y aprovechamiento de los territorios.
Amenazas a los derechos territoriales y a la autonomía de los pueblos étnicos y campesinos
La orientación hacia la simplificación de trámites, la aceleración de inversiones y la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales plantea interrogantes sobre el futuro de la consulta previa, la propiedad colectiva, la reforma agraria y los instrumentos de ordenamiento territorial. El problema no es la inversión en sí misma, sino que esta pueda desarrollarse desconociendo los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras y el campesinado, o subordinando sus decisiones sobre el territorio a intereses económicos externos. En el caso de los pueblos étnicos, la autonomía territorial, los sistemas de gobierno propio, los planes de vida y los planes de etnodesarrollo no pueden convertirse en obstáculos administrativos para la ejecución de proyectos definidos desde el Gobierno nacional o el sector privado.
Retrocesos en las conquistas de las mujeres y de la población LGBTIQ+
La orientación conservadora del Gobierno y sus planteamientos sobre la denominada contrarrevolución cultural pueden traducirse en cambios en las políticas de igualdad, diversidad, prevención de violencias y reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. La disputa no se limita al terreno cultural o discursivo: puede afectar programas institucionales, presupuestos, mecanismos de protección y espacios de participación de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Particular preocupación genera que las políticas de igualdad sean presentadas como imposiciones ideológicas y que las reivindicaciones feministas y LGBTIQ+ pierdan legitimidad en la agenda pública. El retiro de piezas del Museo Nacional relacionadas con las luchas sociales, la diversidad sexual y la memoria política, posteriormente revertido por orden judicial, constituye un episodio ilustrativo de esta disputa.
Debilitamiento de la capacidad institucional del Estado para garantizar los derechos
La propuesta de reducir el aparato estatal y ajustar el gasto público puede tener consecuencias que van más allá de la eficiencia administrativa. En territorios donde el Estado tiene una presencia limitada, la reducción de capacidades institucionales puede afectar la prestación de servicios públicos, la atención a las víctimas, la protección de líderes sociales, la implementación de políticas de reparación, la educación, la salud y el acompañamiento a comunidades rurales. Existe una contradicción que debe examinarse: mientras se plantea fortalecer la capacidad coercitiva y operativa del Estado en materia de seguridad, se propone reducir su intervención en ámbitos económicos, sociales y regulatorios. El resultado podría ser un Estado con mayor capacidad para ejercer control y fuerza, pero con menores capacidades para garantizar derechos, redistribuir recursos y atender las necesidades de la población.
Mayor exposición de las comunidades a la violencia y a las disputas por el control territorial
La priorización de una estrategia de seguridad centrada en operaciones militares, endurecimiento penal y sometimiento de las organizaciones armadas plantea desafíos importantes en territorios donde confluyen grupos armados, economías ilegales, disputas por rentas y conflictos por el control de corredores estratégicos. La recuperación del control territorial es una responsabilidad estatal ineludible; sin embargo, no puede medirse exclusivamente por capturas, operaciones y resultados militares. Debe evaluarse también por la reducción del desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las amenazas, las extorsiones y las restricciones a la movilidad. Sin transformación de las condiciones económicas, sociales e institucionales que alimentan los conflictos, las respuestas predominantemente coercitivas pueden no producir condiciones sostenibles de seguridad para las comunidades. Lo anterior nos llevará a la persistencia de crisis humanitarias, mayor presión sobre las comunidades y sus autoridades, debilitamiento de las organizaciones territoriales y reducción de las posibilidades de construcción de paz.
Deslegitimación de la memoria histórica y de las agendas de transformación social
La disputa cultural promovida por el Gobierno puede afectar el reconocimiento público de las víctimas, las luchas por la democratización, los procesos de paz y las conquistas de los movimientos sociales. La memoria histórica no es solamente un asunto académico o museográfico: constituye un componente de la reparación, la no repetición y la construcción de una sociedad democrática. Cuando determinadas experiencias históricas son descalificadas por razones ideológicas, se corre el riesgo de excluir del relato nacional a sectores que han sufrido persecución, discriminación y violencia. La controversia del Museo Nacional, que terminó con la restitución judicial de las piezas retiradas, evidencia la importancia de preservar la autonomía técnica de las instituciones culturales y el pluralismo en la construcción de la memoria colectiva.
Reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la cooperación internacional
La revisión de las relaciones internacionales, los alineamientos políticos e ideológicos y las prioridades de cooperación pueden modificar las condiciones de trabajo de las organizaciones sociales, las plataformas de derechos humanos y las instituciones que acompañan procesos territoriales. Una orientación más restrictiva frente a determinadas agendas de derechos humanos, igualdad de género, justicia ambiental y construcción de paz podría afectar las prioridades de financiación y los mecanismos de interlocución con la cooperación internacional. También puede producirse una reorientación de los recursos hacia seguridad, infraestructura, inversión privada y asistencia humanitaria, en detrimento de procesos de fortalecimiento organizativo, autonomía territorial e incidencia política
Implicaciones de estas decisiones y políticas gubernamentales para la Región del Pacífico
Con estas decisiones, el enfoque de la política pública hacia el Pacífico colombiano dio un giro radical respecto al gobierno anterior, priorizando la seguridad punitiva, la centralización institucional y la revisión de las concesiones autónomas a minorías. En este marco, señalamos 5 impactos y efectos directos de las decisiones del Gobierno de la Espriella en la región del Pacífico que afectan los derechos fundamentales de los pueblos étnicos:
- Retroceso autonómico por la intención de derogar las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). La decisión de la bancada oficialista y las directrices del Ejecutivo apuntan a la derogación de los decretos de formalización de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) bajo la premisa de restablecer la soberanía legal en zonas donde alegan que no opera plenamente la Constitución.El impacto en los derechos adquiridos: Esta medida vulnera de forma directa el principio de progresividad de los derechos adquiridos y el derecho a la autonomía territorial consagrado en la Constitución de 1991. Al desmantelar las ETI, se frena el autogobierno de los resguardos del Pacífico y su capacidad para administrar recursos públicos de forma directa.
- Endurecimiento del conflicto tras el «desmonte total» de las mesas de paz, ley de sometimiento, estatuto antiterrorista. La designación de Viviane Morales como Consejera Comisionada de Paz con la instrucción explícita de ejecutar el desmonte de la llamada «falsa paz», clausurando los 12 procesos de negociación y treguas vigentes, sumado a los decretos sobre la protesta social, el estatuto antiterrorista, cierra los espacios de diálogo y construcción de paz territorial que se han construido en el Pacífico.El retorno a una estrategia estrictamente militar para recuperar el control territorial frente al narcotráfico amenaza el derecho a la vida, la integridad y la seguridad colectiva. En subregiones críticas del Chocó, Cauca y Nariño, estas decisiones profundizarán la crisis humanitaria, las infracciones al DIH y violaciones de derechos humanos.
- Reducción del alcance del derecho fundamental a la Consulta Previa. La expedición de una nueva directiva presidencial que establece lineamientos restrictivos para los procedimientos de consulta previa, bajo el argumento de «poner la lupa» al mecanismo y evitar supuestas distorsiones causadas por intermediarios, tiene impacto profundo en derechos colectivos de los pueblos étnicos.Al endurecer las reglas del Ejecutivo sobre cuándo y cómo participan las comunidades frente a proyectos estratégicos e infraestructura vial o minera en el Pacífico, se debilita el derecho al consentimiento libre, previo e informado (Convenio 169 de la OIT). Las autoridades étnicas pierden capacidad de veto y concertación real frente al avance de estos megaproyectos.
- Impacto en la Seguridad: criminalización de liderazgos y desprotección por el enfoque de militarización centralizada. El cierre definitivo de los diálogos de paz y la reactivación de una política de seguridad puramente punitiva y de confrontación militar de alta intensidad, sumado a la retórica oficial que estigmatiza las guardias étnicas al etiquetarlas como «estructuras paralelas a la fuerza pública» eleva los niveles de riesgo ya amenazas para la vida de los líderes. Esto vulnera el derecho a la vida, la integridad física, la libre asociación y las garantías para la defensa de los derechos humanos, desmantelando los entornos seguros para el ejercicio del liderazgo comunitario en el Pacífico.La sustitución de los esquemas de protección comunitaria por operaciones de combate a gran escala despoja a los territorios de sus mecanismos propios de control social (Guardia Indígena y Guardia Cimarrona). Al quedar en medio de la ofensiva militar y la retaliación de los grupos ilegales que se disputan el narcotráfico en Chocó, Cauca y Nariño, las organizaciones étnicas sufren un incremento drástico en homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Además, la narrativa gubernamental debilita la legitimidad institucional de los líderes, exponiéndolos tanto a la persecución judicial (judicialización por presunta complicidad) como a la violencia de actores armados ilegales que buscan copar los vacíos territoriales.
- Modelo Económico: imposición del extractivismo a gran escala sobre los Planes de Vida y el Etnodesarrollo. La priorización de la reactivación económica mediante la flexibilización de licencias ambientales y el endurecimiento de los requisitos para la Consulta Previa, con el objetivo de acelerar megaproyectos de minería legal, infraestructura portuaria y explotación maderera en la cuenca del Pacífico, transgreden el derecho a la autonomía económica, la autodeterminación, el territorio colectivo y la Consulta Previa, Libre e Informada, obligando a las comunidades a asimilar un modelo de desarrollo ajeno que vulnera su soberanía alimentaria y cultural.Esta política económica choca directamente con el principio de etnodesarrollo, el cual establece que las comunidades son dueñas de su propio modelo de subsistencia en armonía con el entorno (plasmado en sus Planes de Vida y Planes de Manejo Ambiental). Al imponer un modelo extractivista y de megaproyectos a través del Plan Marshall, se desplazan las economías tradicionales (pesca artesanal, agricultura de pancoger y minería ancestral a pequeña escala), destruyendo la biodiversidad de la que dependen estos pueblos para sobrevivir. El territorio deja de ser un espacio sagrado de pervivencia cultural y pasa a ser tratado exclusivamente como un enclave de recursos para la exportación, lo que fractura el tejido social y acelera la pérdida de saberes ancestrales.Finalmente, en el Pacífico colombiano, las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella representan el riesgo de profundizar las brechas históricas de exclusión, militarización y desprotección de los pueblos étnicos y las comunidades campesinas, especialmente si la seguridad se impone sobre la construcción de paz, la garantía de derechos y la transformación territorial. La restricción de la protesta y la participación, el debilitamiento de las garantías colectivas y los enfoques regresivos frente a los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+ podrían reducir los espacios democráticos y agravar las tensiones sociales. Frente a este escenario, el desafío del Pacífico es fortalecer la articulación entre organizaciones étnico-territoriales, comunidades campesinas, movimientos sociales e Iglesia, para defender la vida, la autonomía, los territorios y los bienes comunes; exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz y de las obligaciones del Estado, y sostener una agenda propia de paz integral, justicia social y ambiental, participación efectiva y reparación histórica, que impida que la seguridad se convierta en un instrumento de control territorial y que el desarrollo vuelva a construirse de espaldas a las comunidades.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
- Congreso de la República de Colombia. (2023). Acto Legislativo 01 de 2023, por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Protesta y derechos humanos.
- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas.
- Departamento Nacional de Planeación (17 de septiembre de 2026). DNP lidera articulación de Alto Nivel para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Patria Milagro 2026-2030.
- Departamento Nacional de Planeación. (2026). Encuentros regionales para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
- Departamento Nacional de Planeación (30 de octubre de 2026). El DNP identificó en Cauca, Nariño y Valle del Cauca 54 iniciativas regionales con inversiones que podrían alcanzar los $49,24 billones.
- El Espectador. (2026, 28 de octubre). Juez da 48 horas para restituir piezas retiradas del Museo Nacional por orden del Gobierno.
- El País. (2026, 29 de octubre). Una tutela ordena al Museo Nacional restituir las piezas retiradas por el Ministerio de Cultura.
- El País. (2026, 29 de octubre). El Gobierno de De la Espriella presenta ante el Congreso su esperada ley de ajuste fiscal.
- Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. (2026, 15 de octubre). La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de ideología.
- Naciones Unidas. (1998). Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Resolución A/RES/53/144).
- Naciones Unidas. (2018). Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (Resolución A/RES/73/165).
- Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- Naciones Unidas. (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
- Naciones Unidas. (2011). Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
- Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable.
- Presidencia de la República de Colombia. (2026, 12 de octubre). Estatuto antiterrorista, decreto de protesta social y el éxito en operaciones contra narcoterroristas, claves en política de seguridad del Presidente De La Espriella.
- Presidencia de la República de Colombia. (2026, 13 de octubre). La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera: Presidente De La Espriella frente al Decreto que regula el accionar de la Policía en manifestaciones públicas.
[1] El País (21 de junio de 2026). Documenta las propuestas de De la Espriella en seguridad, economía, relaciones internacionales y sus referencias a Milei y Bukele.
[2] CIDOB (2026). Presenta el perfil político e ideológico de De la Espriella y su ubicación dentro de la derecha radical nacional-populista.
[3] Presidencia de la República, 30 de agosto de 2026, Gobierno del Presidente De La Espriella pone fin a los procesos de falso diálogo con grupos armados. Comunicado de prensa: Terminación de procesos de diálogo heredados de la administración anterior. Fuentes oficiales: Presidencia de la República: 30 de agosto de 2026; Presidencia de la República: 4 de septiembre de 2026; Presidencia de la República: 11 de septiembre de 2026
[4] El País, 9 de octubre de 2026, «De la Espriella presiona para sacar a la Misión de Observación de la ONU respecto del punto sobre la reforma rural del Acuerdo de Paz.
[5] Vale la pena aclarar que el presidente de la República no está obligado a mantener indefinidamente una mesa de negociación con cada grupo armado, pero tampoco puede interpretar sus facultades de orden público como una autorización para abandonar el deber constitucional de buscar la paz.
[6] El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó, el 13 de octubre, con mensaje de “urgencia” el Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado, que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.
[7] Presidencia de la República de Colombia, «Acuerdos de Barranquilla en economía, reconstrucción y seguridad», 8 de septiembre de 2026.
[8] El Ejecutivo propuso modernizar las capacidades de aviación, vigilancia, inteligencia, defensa aérea, ciberdefensa y fuerzas especiales. Presidencia de la República de Colombia, «Alocución del presidente de la República Abelardo De la Espriella», 13 de septiembre de 2026.
[9] Llama la atención la velocidad y el alcance político de esta relación y alianza: Colombia restableció relaciones diplomáticas con Israel el 11 de agosto de 2026, reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, inauguró su embajada en Jerusalén el 14 de octubre y anunció su retiro del Grupo de La Haya el 15 de octubre. Además, retiró su declaración de intervención en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia sobre la Convención contra el Genocidio de Israel en Gaza.
[10] Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2026, 10 de agosto). Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Comunicado de Cancillería.
[11] La Resolución 497 de 1981 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó que la decisión israelí de imponer sus leyes, jurisdicción y administración sobre los Altos del Golán sirios ocupados era nula y sin efecto jurídico internacional, y exigió que Israel revocara esa medida. La resolución fue adoptada por unanimidad.
[12] Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC7641-2020. Establece límites constitucionales a la actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones, especialmente respecto del uso de armas menos letales, la proporcionalidad y las detenciones. Sentencia STC7641-2020
[13] Defensoría del Pueblo de Colombia, «La protesta social es un derecho: el diálogo debe prevalecer sobre el uso de la fuerza», 14 de octubre de 2026. La entidad informó sobre las movilizaciones convocadas en 62 puntos de los 31 departamentos y reiteró que la protesta debe garantizarse con independencia de quién gobierne o convoque.
[14] Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (conocida como UNDROP por sus siglas en inglés) fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 2018.
[15] Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169; Colombia, Ley 21 de 1991; Corte Constitucional, sentencias SU-123 de 2018 y C-030 de 2008. Estas referencias establecen el marco jurídico general de la consulta previa.
[16]Semana, «Abelardo De la Espriella dejó claro mensaje a los indígenas sobre la consulta previa», 17 de septiembre de 2026. Consultar artículo de Semana.
[17] Revista Cambio, «Primicia: presidente De la Espriella reescribe las reglas de la consulta previa», 14 de octubre de 2026.
[18] El País, «El Gobierno ordena el retiro de 30 piezas del Museo Nacional: “Es un museo mutilado”», 17 de octubre de 2026. Reportaje sobre el retiro de piezas del Museo Nacional.
[19] Sentencia y documentación de la acción de tutela. https://enbogotasepuedeser.gov.co/respuestatutela/
[20] Al asumir el poder, Adolf Hitler no nacionalizó la industria privada ni destruyó el capitalismo. Por el contrario, el régimen nazi privatizó ferrocarriles, bancos y servicios públicos que habían sido estatales durante la República de Weimar, y selló una alianza indisoluble con los grandes monopolios industriales alemanes.
[21] Colombia, Patria Milagro. Propuestas y programas de gobierno.
[22] A la fecha de este artículo conocemos que se han realizado seis de esos encuentros, en Pereira, Quibdó, Cúcuta, Valle, Cauca y Nariño. En lo que respecta a Quibdó se conoce que fueron convocadas la gobernación, alcaldías, instituciones de estado local, pero fue muy limitada la convocatoria y participación de las organizaciones sociales y étnicas del departamento.
[23] En materia de inversiones, el DNP ha identificado un portafolio preliminar de 334 grandes proyectos, estimados en aproximadamente 535,1 billones de pesos, cuya financiación se plantea mediante recursos nacionales y territoriales, inversión privada nacional y extranjera y cooperación internacional.
[24] En el ámbito de las políticas públicas y las ciencias sociales, la denominación de «milagro» se refiere a un período de crecimiento económico extraordinario, rápido y sostenido, que generalmente viene acompañado de una transformación social profunda y la reducción drástica de la pobreza en un país. Este término no implica un suceso místico, sino el resultado de reformas estructurales, estabilidad institucional y decisiones políticas deliberadas que logran cambiar el rumbo de una nación en una o dos décadas.
[25] Según el cronograma oficial, la presentación ante el CONPES está prevista para el 6 de noviembre, la entrega de las bases al Consejo Nacional de Planeación para el 15 de noviembre y la radicación del proyecto de ley ante el Congreso para el 7 de febrero de 2027.
[26] DNP, Encuentro Regional de Chocó: propuestas y prioridades. 8 de octubre de 2026. El DNP anunció una proyección indicativa cercana a $7 billones, con recursos que podrían proceder del presupuesto nacional, regalías, inversión privada y cooperación internacional.
[27] Quibdó,7 de septiembre 2026.
