Cartón de Colombia y el lío con las rondas hídricas en Cauca
Desde mediados de 2017 los indígenas yanakona de Rioblanquito, asentados en la vereda La Catana, del municipio de Sotará (Cauca), observaron con preocupación que los dos acueductos comunitarios de los que se abastecen junto a las comunidades campesinas de la región estaban a punto de quedarse sin suministro de agua. La causa parecía ser el verano prolongado que a lo largo de varios meses disminuyó las precipitaciones, no obstante, algunos vecinos habían practicado caminatas por la montaña y señalaron hacia las cabeceras de la quebrada La Catana y el río Presidente, donde existen extensos cultivos forestales de pino y eucalipto, propiedad de la multinacional Smurfit-Kappa Cartón de Colombia. Los cultivos de pino y eucalipto son talados por la compañía y la madera sirve de materia prima en la elaboración de papel y cartón. Los indígenas sospecharon que el bajo nivel de los caudales era resultado de las talas indiscriminadas que la empresa realiza en la parte alta del Cerro Sombreros. En la zona nacen algunos de los cursos de agua que abastecen a poblaciones como Sotará, Timbío, El Tambo y Popayán.
No es la primera vez que comunidades rurales del país acusan a la multinacional del deterioro de las fuentes hídricas. Tampoco era la primera vez en dicha región del Cauca, por ello, algunos miembros del Cabildo Indígena de Rioblanquito apelaron a un fallo del Consejo de Estado que fue producto de una acción popular del año 2009. El fallo ordena a la multinacional “reservar del área de producción agroindustrial (…) la zona con dimensiones exactas que legalmente fue concedida para la protección de los recursos hídricos”, o en otras palabras, obliga a la empresa a respetar las famosas “rondas hídricas”, un perímetro de bosque natural que según la ley debe permanecer al borde de quebradas, ríos y humedales para la protección del agua. Con sentencia judicial en mano los representantes de la comunidad de La Catana, encabezados por Hernán Palechor, miembro del Cabildo Indígena, y Mauricio Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal, interpusieron el 22 de septiembre de 2017 un derecho de petición contra Smurfit y su filial local, la Reforestadora del Cauca. Exigieron que la empresa explicara qué medidas había tomado para proteger las fuentes de agua en las áreas donde ha establecido sus plantaciones.
El 4 de octubre la empresa respondió. Atribuyó la compañía la escasez de agua a las bajas precipitaciones y el calentamiento global. Adjuntó una tabla de datos con las precipitaciones a lo largo del año, argumentando que entre julio y septiembre las lluvias había disminuido drásticamente. Explicaron que semestralmente la compañía envía un informe de actividades a la Corporación Autónoma del Cauca (la entidad ambiental responsable de vigilarlos), y agregaron que la Corporación puede visitar los predios cada que lo considera conveniente y para ello existe un comité de verificación. No obstante, ninguna de estas respuestas aclaraba que acciones concretas habían efectuado para proteger los nacimientos de las quebradas, por lo tanto la comunidad exigió una visita de verificación que fue concertada con miembros de la Corporación y representantes de la compañía para el 28 de noviembre de 2017.
“Están sembrando hasta el borde de las quebradas y no respetan nada”, asegura Hernán Palechor, abogado y dirigente de la comunidad indígena. Durante el recorrido de verificación se constató que la compañía había talado toda la cobertura vegetal en algunos nacimientos y humedales de la cuenca alta, como puede apreciarse en las fotografías tomadas por la comunidad consignadas en el informe técnico (ver informe técnico).
Colombia Plural consultó al ingeniero Francisco Silva, responsable de la operación forestal de Smurfit-Kappa Cartón de Colombia en el departamento del Cauca. Según él, lo que existe es “una diferencia de conceptos”, pues los indígenas entienden una cosa por ronda hídrica y la empresa entiende otra. “No se taló la ronda: las plantaciones estaban cerca a una zanja que había allí, ahí no había bosque natural. Es un tema de interpretación de normas, el área es protectora – productora, eso quiere decir que el Estado nos autoriza el aprovechamiento siempre y cuando no se cambie el uso”, puntualizó el ingeniero, quién aseguró que no existe una reglamentación clara al respecto: “Acá en el departamento hasta tanto la Corporación no haga una reglamentación de las rondas hídricas como ordena la ley, nosotros nos estamos ajustando a cumplir las normas del decreto 2811”.
Pero ahí comienza el lío, porque la Corporación sí había definido unos márgenes de protección que la compañía no respetó. Colombia Plural tuvo acceso al “Plan de Acción 2016-2019”, en el que la Corporación Autónoma Regional del Cauca estableció las rondas hídricas para la quebrada La Catana y el río Presidente con ubicación exacta en el mapa y coordenadas precisas. Para ambas cuencas se estableció que debían dejarse márgenes de vegetación nativa protectora de 102 metros alrededor de los nacimientos, de 25 metros alrededor del cauce principal y de 20 y 12,75 metros en los cauces tributarios, según los casos (ver documento de la CRC).
Tras la visita de verificación la comunidad comprobó que las talas de la multinacional llegaban hasta el borde de algunos de los cursos de agua. En consecuencia, decidieron interponer acciones legales. Primero citaron un debate en el Concejo Municipal el 8 de febrero, “ahí el ingeniero Francisco Silva se salió de laropa y dijo que nosotros estábamos era incitando una invasión de las tierras de ellos”, manifiesta Hernán Palechor. Finalmente, la comunidad interpuso un derecho de petición ante el Tribunal Administrativo del Cauca, radicado este 1 de marzo, que aún no tiene un fallo definitivo.
“En este momento una situación que esté afectando a la gente no la hay”, insiste el ingeniero Francisco Silva. “Digamos que hay unas imágenes que ellos han tomado, la cosecha siempre tiene un impacto visual, pero que en este momento esté cambiando alguna cosa del territorio podría decir que los impactos son temporales en la medida que las plantaciones vuelven y crecen y nuevamente se regula el régimen hídrico”, concluye.
La comunidad, sin embargo, insiste en que la tala ha provocado problemas adicionales como la presencia de ganado vacuno que contamina los nacimientos, y la erosión por la pérdida de cobertura vegetal, lo que se evidencia con el arrastre de tierras, lodos y sólidos de todo tipo que terminan llegando a la bocatoma del acueducto y después a los grifos de las viviendas.
Mientras los indígenas esperan que algún tribunal les dé la razón y obligue a la multinacional a respetar las normas, una nueva plantación de pinos y eucaliptos fue establecida en la montaña. Más cartón para Cartón de Colombia, menos agua para la gente.