Por Andrés Durán
Tras dos meses de esta nueva etapa histórica de ‘fascismo criollo’ en el Gobierno, empiezan a dibujarse señales preocupantes para la educación píblica: represión, posible intervención policial sobre los campus universitarios, precarización, anticomunismo declarado y una afrenta a las democracias universitarias.
Indicio claro son las declaraciones del 13 de septiembre, en las que De La Espriella afirmó: “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar.”
No fue una frase suelta. En la misma alocución anunció un protocolo nacional para determinar cuándo podrá intervenir la Policía dentro de las universidades, la definió como “la primera autoridad operativa” frente a determinadas situaciones y aseguró que no permitirá que las universidades públicas sean “santuarios de la violencia”.
En esta construcción discursiva ha resultado particularmente funcional la intervención del ilegítimo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña. Desde El Espectador, el 3 de agosto, días antes de la posesión presidencial, Peña reunió violencia, controversias por la rectoría, disputas por representación y movilización para advertir sobre “intentos de control sobre diversas universidades públicas”. El efecto político es claro: convertir una universidad atravesada por conflictos en una institución sitiada que necesita ser recuperada.
Uno construye el diagnóstico y el otro anuncia la fuerza con la que pretende responderlo.
A estos anuncios se suman medidas de control sobre el acceso a los campus. Desde el 18 de agosto, la UNAL volvió a exigir carné institucional y acreditación a quienes ingresan a la sede Bogotá. Bajo el lenguaje de la seguridad, los espacios públicos empiezan a funcionar cada vez más bajo lógicas privatizadas y securitizadas de acceso.
El 1 de octubre, mediante el Comunicado 28 de 2026, la Rectoría de Peña invitó a participar en la consulta pública del proyecto del Ministerio del Interior que modifica el Decreto 003 de 2021, que regula el protocolo estatal de actuación frente a la protesta.
Pretendo señalar una convergencia difícil de ignorar entre la agenda de orden público del Ejecutivo y la discusión que la dirección universitaria instala dentro del campus. Y, de hecho, la respuesta de Peña a la alocución presidencial del 13 de septiembre sí sugiere coordinación política. El rector respondió de manera rápida a las declaraciones del Presidente al escribirle un oficio (fechado el mismo 14 de septiembre) en el que aseguraba que, “ante el anuncio del Gobierno”: «Consideramos pertinente avanzar en un instrumento que defina procedimientos de prevención, valoración de riesgos, manejo de información, activación de alertas y coordinación entre las autoridades y las instituciones universitarias, con competencias, canales de comunicación y mecanismos de respuesta claramente establecidos». Y terminaba: “La Universidad está lista para aportar conocimiento, investigación y capacidad técnica a este proceso”.
Peña no necesita pedir que entre la Policía: su relato ayuda a fabricar las condiciones políticas para que otro pueda justificar su entrada.
A quienes conocemos de cerca, y en algunos casos hemos vivido, la historia de la represión contra el movimiento estudiantil y universitario, esta lógica nos transporta a momentos como el 9 de junio de 1954, al 16 de mayo de 1984 y a nombres como Uriel Gutiérrez, Beatriz Sandoval, mi tía Nydia Erika Bautista, Óscar Leonardo Salas y Dilan Cruz.
La base estadística construida por Wilson Gómez y recogida por la Comisión de la Verdad documentó 588 estudiantes universitarios asesinados entre 1962 y 2011, un promedio de 12,2 al año. En la Universidad Nacional, entre los casos de violencia letal con responsable identificado, el 66,6 % fue atribuido a agentes estatales y otro 23 % a grupos paramilitares.
No es un dato menor cuando hoy vuelve a discutirse el ingreso de la Policía a los campus. La violencia estatal contra la comunidad universitaria hace parte de su historia documentada.
Antes del estudiante perseguido estuvo muchas veces el estudiante señalado; antes de la intervención estuvo la estigmatización, y antes de la excepcionalidad estuvo el discurso que la volvió aceptable.
La pregunta no es si la autonomía universitaria está por encima del orden público, sino qué entendemos por orden público y cuáles son los límites del Estado cuando pretende garantizarlo dentro de una universidad.
Fabricar al enemigo
Antes de esto, el 23 de julio, en la primera sesión del Congreso el senador de Salvación Nacional —partido de gobierno heredero de la apuesta fascista de principios del siglo XX de Laureano Gómez— John Alejandro Bermeo Rodríguez, denunciado por presunta violencia sexual, impulsó como su primera propuesta crear una “Semana anticomunista” en todos los colegios del país.
El punto no es discutir aquí los aciertos o fracasos del comunismo, sino qué significa que desde el Estado se enseñe a una generación a identificar una corriente política como el enemigo. En Colombia, donde el anticomunismo convirtió durante décadas a sindicalistas, campesinos, estudiantes y opositores en sospechosos, esa no es una operación pedagógica inocente.
Pero la pedagogía de un Gobierno no ocurre solamente dentro de las aulas. También se educa con las prioridades, con el presupuesto, con las armas y con las palabras.
En el ICBF se cuestionó el uso de “niños y niñas” y se promovió “niñez”. En el sector agrario se ha promovido reemplazar “campesinos” por “productores rurales”, mientras el ministro defendió “pequeños empresarios del campo”. No olvidemos que desde 2023 el campesinado es sujeto constitucional de derechos. Borrar una palabra pretende borrar la historia política y los derechos que esa palabra consiguió representar.
En Colombia sabemos que el anticomunismo no fue únicamente una disputa de ideas. El genocidio contra la Unión Patriótica debería bastar para recordar hasta dónde puede conducir una sociedad cuando una identidad política comienza a ser tratada como amenaza.
Administrar la escasez
Mientras se amenaza a la protesta y se señalan enemigos, se administra la escasez. Abelardo presenta $0,7 billones para las universidades públicas como parte de su respuesta presupuestal. La cifra hay que ponerla en contexto: en 2026 la educación superior pública manejó alrededor de $15,2 billones, y solo los proyectos de infraestructura que quedaron en ejecución superan los $1,7 billones. Los $700.000 millones equivalen apenas a una fracción de la escala financiera que exige sostener y ampliar el sistema.
Así, el nuevo Gobierno no recibe una hoja en blanco. La reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, conquistada después de décadas de movilización universitaria, ordenó abandonar progresivamente el viejo modelo de desfinanciación y avanzar hacia una inversión pública equivalente, como mínimo, al 1 % del PIB. Frente a esa obligación, $0,7 billones no constituyen una nueva política universitaria capaz de revertir la desfinanciación histórica.
Administrar la escasez no es financiar la universidad pública. Financiarla significa garantizar crecimiento, infraestructura digna, trabajo docente bien remunerado, investigación pertinente y acceso para las mayorías. Las universidades obligadas a sobrevivir disputándose cada peso también pierden autonomía.
Autonomía sin democracia
En la Universidad Nacional, estudiantes, profesores y egresados participan en consultas para escoger autoridades, pero sus resultados no determinan necesariamente la decisión final. Ocurrió con la imposición de la rectoría de José Ismael Peña, primero por la administración universitaria, luego por parte del poder judicial, y volvió a expresarse este año en la designación de decanaturas, en varios casos apartándose de los resultados de las consultas universitarias, con respaldo de la rectoría.
Mientras sectores de la comunidad impulsan procesos de democratización como la Constituyente Universitaria de la UNAL, o la reforma al Estatuto de Universidad Distrital, persiste en la mayoría una arquitectura capaz de escuchar a la comunidad sin quedar obligada a aquello que la comunidad decide.
Defender la autonomía universitaria implica entonces una pregunta incómoda: ¿Autonomía frente al Gobierno para que decidan las comunidades universitarias en democracia, o autonomía para que pequeñas estructuras de poder decidan en su nombre?
Empieza a florecer la lucha
La realidad universitaria es más compleja que la que sugiere el discurso oficial. ¿Qué pruebas aporta la Presidencia para afirmar que las universidades constituyen hoy una amenaza al orden público que justifique estas intervenciones? ¿Dónde termina la persecución legítima del delito y dónde comienza nuevamente la construcción del estudiante organizado como enemigo?
Estos discursos pretenden tener el efecto de desincentivar la organización estudiantil, a la vez de ofrecer legitimidad a grupos reaccionarios o antisindicales.
Esta crónica de la represión anunciada nos convoca a un seguimiento atento de las posibles vulneraciones de derechos humanos en los campus. Pero también empieza a producir una respuesta popular.
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convocó a movilizarse el próximo 14 de octubre, el Pacto Histórico se sumó, mientras el CRIC y otros sectores sociales e indígenas preparan acciones para la misma jornada. Distintos parches, incluso desde tradiciones políticas distintas, comienzan a reconocerse en una resistencia común. En las universidades vuelven también a escucharse llamados a organizar las asambleas y a defender la educación pública.
Las discusiones sobre seguridad empiezan a encontrarse con las de financiación; estas, con las de democracia universitaria; y todas, con una pregunta más amplia sobre qué universidad pública queremos defender. Se hace necesario volver a plantear demandas maximalistas: educación gratuita y plenamente financiada, acceso universal, cogobierno universitario y una universidad orientada a la transformación social.
Si pretendía desmovilizar las universidades, el Gobierno empieza a ofrecerles aquello que durante esta década ha costado: las condiciones para que vuelva a emerger un movimiento universitario nacional. A este paso, la convocatoria al próximo paro universitario no tendrá que hacerla ninguna organización. La estará haciendo el propio Gobierno.
