El 18 de diciembre de 2024, el Estado colombiano suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el marco del Caso 12.325 que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Acuerdo disponía que el Estado, en concertación con la Comunidad, establecería una comisión independiente, presidida por la Defensoría del Pueblo e integrada por expertos independientes, escogidos de común acuerdo con la Comunidad. Las personas expertas comenzaron a trabajar el 1 de abril de 2025 y este 13 de noviembre de 2026 esa Comisión de Evaluación de la Justicia (CEJ) ha presentado su informe ejecutivo ( y este es claro: «Las graves violaciones de derechos humanos contra la Comunidad de Paz no fueron hechos aislados, no es una sumatoria de hechos inconexos… Analizados los casos e identificados los patrones hemos llegado a la conclusión con los suficientes elementos jurídicos y probatorios que aquí lo que hubo fue una persecución con modalidades criminales contra un grupo de población campesina con identidad propia por reclamar su derecho a vivir en paz, a tener sus modos de organización social y cultural, su derecho a vivir en una comunidad de paz… y por eso esos hechos debieron ser investigados bajo [la figura] de genocidio o crímenes de lesa humanidad», resumía el comisionado Federico Andreu Guzmán, quien señaló la extrema gravedad de todo lo ocurrido porque «todo ocurrió con el pleno cono0miento del Estado».
Después de analizar cómo fue el proceso de administración de justicia en 71 hechos violatorios de derechos humanos entre 1977 y 2020, la CEJ concluye que el estado mostró “falta de oficiosidad y de debida diligencia, desconocimiento del plazo razonable, falta de imparcialidad, ausencia de investigación seria, efectiva, oportuna y exhaustiva, falta de esclarecimiento integral de los hechos, inadecuada tipificación de los delitos y, en algunos casos, pérdida, extravío o destrucción de expedientes”. Y la CEJ no considera que hayan sido errores puntuales do de esta o aquella entidad pública, sino que considera que hay “elementos para afirmar que [se trata de] una práctica institucional reiterativa”. Quizá por ello esta Comisión, que es un mecanismo extrajudicial, llega a 15 conclusiones demoledoras que se traducen en 66 recomendaciones a 23 entidades del Estado. Ese Estado que ha sido negligente, cuando no un actor necesario en los 869 hechos de violencia contra miembros de la Comunidad de Paz o personas cercanos a esta en el tiempo evaluado.
La excusa de la ‘guerra’ para perpetrar un genocidio
Una de las conclusiones más contundentes de la CEJ es que todos los hechos violentos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó han sido mal tipificados ya que “quedaron encuadrados únicamente como infracciones al derecho internacional humanitario, sin tener en cuenta que se trataba de graves violaciones de los derechos humanos que habrían podido ser cometidas aun sin la existencia de un conflicto armado”. “La investigación fragmentaria y aislada de los hechos, desconectada de las pautas criminales comunes y sin esclarecimiento de las estrategias e intencionalidades, condujo a procesos de adecuación típica en los que se asumió sin comprobación que, por tratarse de conductas atribuibles a un actor armado con víctima civil, se circunscribían a crímenes de guerra. El genocidio y los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse en contextos de conflicto armado y por actores armados, sin que por ello dejen de constituirse ni se subsuman en los crímenes de guerra”. Es decir, que a pesar de la sistematicidad y de los patrones detectados, la institucionalidad colombiana prefirió verlos como hechos aislados en contexto de guerra.
El Estado colombiano no cumplió sus propias leyes y tampoco hizo caso a la CIDH que ya el 17 de diciembre de 1997 pidió medidas cautelares de protección contra la Comunidad de Paz. Esta Comunidad de Paz se constituyó nueve meses antes (en marzo de 1997) y poco después del gran desplazamiento de 1996, cuando la población de San José y de las veredas cercanas se tomaron el Coliseo de Apartadó para denunciar la grave situación que estaban viviendo. Desde marzo de 1997 hasta diciembre de 1997, cuando la CIDH entró en juego, habían sido asesinados 43 personas de la Comunidad de Paz, pero ya con las medidas cautelares vigentes, en los siguientes dos años se registraros 35 ejecuciones extrajudiciales, 6 personas fueron desaparecidas forzadamente y otras 17 sufrieron retenciones ilegales, torturas y otros tratos indignos. La persecución y el intento de exterminio de la Comunidad de Paz nunca han cesado, aunque hayan cambiado de forma o de intensidad. En el último informe de la Comunidad de Paz, de marzo de 2026, se denuncia como el «Estado ilegítimo, ya no es quien controla ni ordena realmente el territorio. Todo ha quedado a merced del poderío paramilitar que dicta normas de comportamiento social y decide cómo debe vivir el campesinado en la región. Esta imposición y control, creó un ambiente de terror, pues, la autoridad legítima del estado perdió la fuerza y la población siente abandono institucional, viéndose obligada a obedecer reglas impuestas por actores ilegales para poder al menos a duras penas, sobrevivir».
En el acto de presentación del informe, realizado este viernes 13 de noviembre en la Defensoría del Pueblo de Colombia, participó la fiscal general de la República, Luz Adriana Camargo, quien presentó su “más sentida disculpa” a la Comunidad de Paz y reconoció que la Fiscalía “tiene responsabilidad en el ‘desorden’, en el ‘desenfoque’ respecto al manejo de las investigaciones, en el ‘dislate’…”. “Pensaba yo que cuando se organzó el juicio de Nurenberg por el genocidio contra el pueblo judío a nadie se le hubiera ocurrido sostener que como había un conflicto armado ese pueblo había sido víctima de ‘homicidio en persona protegida’. Camargo dijo coincidir con la visión de la CEJ respecto a los aspectos jurídicos de los casos y luego compartió las nuevas rutas de trabajo de una entidad que, hasta ahora, no ha hecho su tarea. De hecho, la propia comunidad recuerda como en noviembre de 2003 —ahora hace 23 años— «se colocó una denuncia formal ante el Fiscal General de la Nación por más de 300 crímenes de lesa humanidad contra la Comunidad, pero el Fiscal Luis Camilo Osorio, violando todas las normas procesales, no abrió ninguna investigación y ni siquiera respondió a los Derechos de Petición que se interpusieron para que informara si se habían iniciado las investigaciones de rigor».
La estigmatización para justificar el horror
Andreu Guzmán también explicó que la CEJ ha podido comprobar como altos mandos militares —»y algunos operadores de justicia»— estigmatizaron a los miembros de la Comunidad de Paz «como base de la guerrilla con la intención de justificar las violaciones de derechos humanos». Esta estrategia trató de «desviar» las investigaciones judiciales como si los hechos fueran parte de las hostilidades dentro de una guerra. «Y no, eran actos contra los habitantes de San José de Apartadó, primero, y de la Comunidad de Paz, después, por exigir sus derechos».
La Comisión también señaló cómo se estigmatizó a la población de la Comunidad de Paz durante estos años, cómo las autoridades ignoraron todas las advertencias de riesgo, cómo ha operado la Justicia Penal Militar como mecanismo para garantizar la impunidad de los victimarios, cómo los diferentes estamentos de Justicia Transicional no lograron revertir dicha situación de impunidad —de los 869 hechos cometidos contra la población de San José de Apartadó y la Comunidad de Paz, la Comisión encontró una impunidad casi total, y que un número significativo no fue siquiera objeto de investigación—, cómo se obstruyeron las investigaciones y los procesos que podían. Afectar a mandas o estructuras militares, la judicialización de miembros de la Comunidad de Paz a los que la justicia no ayudó sino que los inculpó con el objetivo de intimidarlos o frenar sus reclamos de verdad y justicia, o cómo se validaron judicialmente las detenciones extrajudiciales.
A este desastre sistémico, la CEJ añade cómo no se han aplicado enfoques diferenciales, cómo no se ha procedido a reparar a las víctimas o a tenerlas en cuenta y cómo se usó “el sistema judicial para silenciar las denuncias presentadas por integrantes del órgano de gobierno comunitario y por acompañantes de la Comunidad, así como su utilización como mecanismo de retaliación, mediante denuncias penales temerarias y sin fundamento contra quienes denunciaban los crímenes”.
Durante el acto se recordó con especial intensidad al padre Javier Giraldo, actor importantísimo en el acompañamiento a la Comunidad de Paz y en la exigencia de justicia.
