Desplazamiento, desarraigo y desdén urbano
“Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra…”, entona la cantautora colombiana Martha Gómez. El fragmento es una forma de ilustrar la violencia que media la concentración de la tierra en el país. A pesar de los intentos, de la retórica, de la irrefutabilidad de los hechos, los campesinos siguen desperdigados en pueblos y urbes ajenos, aprendiendo oficios a la par de la supervivencia y mordiendo a diario el dolor del desplazamiento.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la cifra de desplazamiento asciende a más de 6 millones de personas, de las cuales el 87% corresponde a zonas rurales o periféricas; integrado por campesinos, claro, pero también por grupos étnicos como afrodescendientes, indígenas y gitanos. Sin embargo, hay quienes, desde la comodidad gris de las ciudades, se oponen a la restitución de las tierras arrebatadas y favorecen la protección legal de quienes se han beneficiado del desplazamiento; desde industriales o políticos locales a multinacionales, pasando por actores al margen de la ley.
El arraigo al territorio de las comunidades marginadas-rurales no es una moneda de cambio; acostumbrados al vaivén inmobiliario actual, nos hemos convertido en nómadas urbanos, atados, eso sí, a la velocidad e inhumanidad de las ciudades y al traslado constante de los sitios en los que dormimos. Hacer una lectura unidimensional-citadina del problema del desplazamiento puede ser afín o condescendiente, por una parte, con la simplificación o minimización de la realidad del desplazamiento, y por otra, con la deliberada incomprensión de mundos alternos al propio, que tienen dinámicas de constitución social y desarrollo diferentes.
Desafortunadamente, el concepto de ciudadanía ha sido utilizado para excluir, ignorar y opacar las diferencias: la progresiva homogenización de lo social, el culto al individualismo y al consumo, al éxito y a la acumulación de riqueza, ha generado una brecha cultural entre las comunidades indígenas y afro, territorios campesinos y los conglomerados urbanos. Como lo ha estudiado el antropólogo Arturo Escobar, no es cierto que haya una sola lectura del desarrollo, más bien es que hay una mirada sobre el desarrollo que quiere imponerse sobre las demás; lo cual incluye una re-significación de los seres y de los espacios: el campesino o indígena no es un sujeto político que tenga incidencia en el plano público (en los virajes y vaivenes del modelo económico o en la legislación sobre explotación de minerales) ni mucho menos autonomía sobre los territorios que protege y trabaja.
Walter Mignolo ha referido este fenómeno como colonialidad del ser, en la medida que se define cuáles son las cualidades, características y obligaciones de quienes son seres y de quienes no son seres. La lectura excesivamente nacional y centralista del país, manejada por los hilos del poder cachaco, mantienen una dominación que prolonga la matriz colonial del poder que se enquistó hace tantos años en Colombia: da continuidad a la modernidad eurocéntrica que pretendía moldear a los indígenas antes de comprender sus concepciones del mundo y aceptarlas como horizontales al discurso propio o institucional/estatal, según sea el caso.
Ante este panorama, cabe destacar dos deberes políticos que como con-nacionales debemos asumir y exigir: i) ser conscientes de la importancia de los programas de restitución de tierras, al igual que leer, escuchar y sentir las distintas historias (oficiales o no) sobre el problema de la tierra en Colombia y ii) aportar al cambio social y cultural que representa reconocer la existencia, vigencia e igual valor de distintas visiones sobre el progreso, la riqueza y el medio ambiente. Esto último implica un fuerte compromiso con hacer frente a la violencia sistemática, estatal o no, contra grupos étnicos y campesinos, asumiendo de manera crítica y atenta las coyunturas en las que estas comunidades estén alzando voz de protesta. Mantenerse silentes o indiferentes puede significar estar del lado del injusto.
*Profesional en derecho con énfasis independiente
en sociología jurídica y teoría crítica del derecho.
