La política frena a la paz

El cese al fuego bilateral y temporal entre Gobierno y ELN ha comenzado de forma paralela al desgaste prematuro del acuerdo de paz firmado con las FARC. La violencia ha bajado pero el acuerdo no se implementa. Sólo el 18% de las medidas contempladas en noviembre de 2016 están en marcha. ¿Por qué?

El cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) intenta por todos los medios incluir algo positivo: la participación de la comunidad internacional, el compromiso de las comunidades, el descenso a cero de las acciones armadas de las FARC… Pero le cuesta. Sólo el 18% de las medidas pactadas y firmadas hace ya 10 meses por Gobierno y FARC se han puesto en marcha cuando, además, sólo quedan 57 días para utilizar el fast track, que permite, en teoría, acortar los tiempos parlamentarios.

En la práctica sólo se ha cumplido al 100% la dejación de armas por parte de las FARC, porque el otro punto ya logrado, el Estatuto de la Oposición, es ley de la República que aún debe demostrar su efectividad.

El semáforo está en rojo y el tiempo no va a perdonar. El OIAP concluye que “incumplir el Acuerdo Final parece ser una estrategia en la que confluyen poderosas fuerzas dentro del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y movimientos políticos que ahora se alinean en contra de su implementación”. Y ese incumplimiento sistemático y provocado, “respondiendo al cálculo de que las FARC-EP ya dejaron las armas y se convirtieron en partido político, es una estrategia peligrosa, que le resta credibilidad al Estado dentro y fuera del país, incentiva las deserciones en las FARC, pone en alerta la mesa de Quito con el ELN y envía un pésimo mensaje a las víctimas y a las comunidades en las zonas del postconflicto”.

“Incumplir el Acuerdo Final parece ser una estrategia en la que confluyen poderosas fuerzas dentro del Estado”

Durante las negociaciones y tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno se destacó que los dos pilares sobre los que descansa este fundamental tratado son la reforma rural integral y las víctimas como eje sobre el que todo lo demás debía bascular. A 27 de septiembre, la reforma rural integral sólo había avanzado un 6,9%, el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación iba en un 28% y las medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos estaban en un pírrico 10%. La lista de atrasos es casi interminable: Justicia Especial de Paz, sustitución de cultivos para uso ilícito, jurisdicciones especiales de paz, reforma política…

El OIAP, muestra con datos de la Comisión de Paz del Congreso de la República, cómo hay una estrategia tortuga entre grupos políticos allá representados. En los 10 meses de ejecución del acuerdo de paz, tan solo 7 leyes han podido abrirse paso en la maraña legislativa y hay otras 38 esperando ser aprobadas. Los proyectos de ley referentes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el de Adecuación de Tierras, por ejemplo, llevan empantanados desde el mes de marzo de 2017 y ni siquiera han pasado a debate. “Los proyectos de Reforma Política y de Circunscripciones Especiales de Paz se encuentran actualmente estancados en la Cámara de Representantes (…) La implementación de medidas necesarias para la promoción de la participación ciudadana de organizaciones y movimientos sociales, así como el proyecto de Ley de Garantías para el respeto a los DDHH en movilizaciones y protestas aún no han sido presentados al Congreso. Así mismo, la implementación de la participación ciudadana a través de medios de comunicación, garantías para la reconciliación y planeación participativa se encuentran estancadas”.

Son el Legislativo y el Gobierno los responsables del dramático estancamiento de la implementación, según se desprende del informe del OIAP. Las FARC ha cumplido con su parte. Tanto que el general Javier Flórez, responsable del Comando Estratégico de Transición y de supervisar el desarme de la guerrilla, pasa a retiro dentro de un mes y será ‘premiado’ con un cargo diplomático. En total, según los datos oficiales, se han desmovilizado de la lucha armada unos 11.000 miembros de las FARC que han entregado 8.994 armas y 38.200 kilos de explosivos. Y eso ha ocurrido a pesar de que el Gobierno sólo fue capaz de terminar 7 de las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y de que el proceso para excarcelar a los 3.843 guerrilleros y guerrilleras privados de libertad está siendo muy complejo y lento. De hecho, a finales de septiembre, aún quedaba en prisión un 33% de los susceptibles de ser amnistiados o indultados.

Mientras, y en medio de un clima político ya atravesado por las próximas elecciones y las posiciones ambiguas de Cambio Radical que echan gasolina a la radicalidad de Centro Democrático, el 1 de octubre ha entrado en vigor un frágil cese al fuego bilateral temporal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que es vital para lograr un acuerdo en la Mesa de Quito. Allá, en la mesa de negociación con el ELN, lo que pasa -o lo que no pasa- con el acuerdo de La Habana influye de manera determinante.