El ex director de la UNESCO pide a Duque que cumpla sus compromisos legales respecto a la Delegación del ELN “aprisionada” en Cuba

• Federico Mayor Zaragoza remitió una carta personal al presidente de Colombia el pasado julio con 45 argumentos jurídicos que impiden solicitar a Cuba la extradición de la Delegación de Paz de la guerrilla.
• El ahora presidente de la Fundación Cultura de Paz anima a Duque a honrar los compromisos internacionales del Estado, que no dependen de cambios en el Ejecutivo.

La comunidad internacional reacciona con perplejidad a la petición hecha por el Alto Comisionado de Paz de Colombia, Miguel Ceballos, para que Cuba extradite a los miembros de la Delegación de Paz de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desde agosto de 2018 se encuentra a la espera en La Habana.

Por eso, en una carta personal enviada al presidente de Colombia, Iván Duque, el que fuera director general de la UNESCO y ahora máximo responsable de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, le pide al mandatario “que considere los argumentos que le presento sobre el cumplimiento adecuado del acuerdo sobre las conversaciones y las salvaguardas del derecho internacional aplicables a las conversaciones y procesos de paz”.

Mayor Zaragoza se refiere a la aplicación del Protocolo de Ruptura para el Retorno de la Delegación del ELN, “instrumento acordado de antemano, pactado ante esa hipótesis, firmado entre las partes el 5 de abril de 2016 en Caracas”. “Lo que está en peligro es un principio jurídico y ético-político ampliamente reconocido en la historia en diversidad de culturas y contextos”. Este argumento es uno de los 45 que le recuerda la Fundación Cultura de Paz a Duque en un documento de 15 páginas elaborado, según Mayor Zaragoza, por diversos juristas y expertos internacionales.

Los juristas consideran que, “al ser firmado y convalidado ante seis Estados con sus representantes diplomáticos, por la materia o contenido suscrito, (…) ese acuerdo entendemos que podrá ser considerado de Acuerdo especial per se, en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) tanto en el consuetudinario (normas y costumbres en las guerras) como en el convencional (Convenios de Ginebra de 1949)”.

Y, según los juristas, los deberes comprometidos por Colombia son “inalterables así haya cambios de titulares en el Ejecutivo” y le recuerdan a Duque que, además de presidente del Gobierno, es jefe del Estado y eso le obliga a salvaguardar la seguridad jurídica.

Defiende Mayor Zaragoza el papel que han jugado y siguen jugando países garantes como Cuba y Noruega y recuerda que el Protocolo que se debía aplicar en caso de finalización de la negociaciones tienen “vigencia plena, ininterrumpida hasta el cometido del logro fijado o hasta cuando las partes de modo consensuado lo modifiquen”.

La carta de Mayor Zaragoza no ha tenido respuesta y Duque, en entrevista divulgada este 1 de diciembre insistía en presionar a uno de los países garantes: “A mí lo que me parece es que son ellos, los cubanos, los que deberían recapacitar, ellos son los que prefieren una relación armónica con el terrorismo que una relación fructífera con otro estado”.

En el argumentario se plantea que “las naciones Garantes como Noruega y Cuba permanecen con la justa expectativa de que las partes que les convocaron y que pidieron sus buenos oficios de fedatarios, hagan lo propio; es decir, actúen sin dobles o escondidas intenciones, de forma consciente y sin menoscabar la libertad de terceros, para comprometerse de buena fe en nombre de lo que cada una representa y vincula en aras de la solución política del conflicto”.

Es decir, le plantean a Colombia todas las razones por las que Cuba estaría incumpliendo la legislación internacional si procediera contra la Delegación del ELN que “quedó aprisionada en circunstancias impropias”. E, incluso, se insiste en que Colombia estaría induciendo a Cuba “a participar en una situación de perfidia o dejarse atrapar por ella”.

También considera la Fundación Cultura de Paz que “las pretensiones de persecución penal a través de los mecanismos policiales de Interpol, o una eventual solicitud formal de extradición, resultan improcedentes”.

El documento plantea diferentes escenarios por los que puede optar Duque para respetar el marco legal internacional: “suspender temporalmente las órdenes de captura contra las/os emisarios del ELN, para activar ya mismo la Mesa de conversaciones, o suspenderlas y permitir de inmediato el Retorno de la Delegación del ELN como está pactado, abriendo con ello un prudente compás de espera de cara al país y al mundo”; si no se van a proseguir los diálogos de paz, “deben surtirse las soluciones para no prolongar indebidamente esta situación en la que no sólo la Delegación de Diálogos del ELN quedó aprisionada en circunstancias impropias, sino también países Garantes que actuaron y actúan de buena fe”, o “puede acudirse a la Corte Internacional de Justicia de La Haya o a la Comisión de Encuesta, o puede activarse por ambas partes con efectos vinculantes un panel internacional de expertos que conceptúen sobre la responsabilidad internacional de los Estados, la necesidad de respetar el derecho de los tratados, el derecho humanitario, el derecho a la paz, los principios de protección de derechos humanos y de garantías penales”.