El denominado como Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado en noviembre de 2016 transmitió al mundo una falsa sensación sobre Colombia. Firmada la paz entre el Estado y la ex guerrilla de las FARC-EP, la violencia ya sólo era un asunto de criminales o de violencia social. La terca realidad de los datos contradice esta versión.
El genocidio que comenzó hace décadas contra todos aquellos sectores que contradicen el país narrado desde arriba, no cesa. Sólo entre 2016 y lo que llevamos de 2026, en algo menos de una década, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de la corporación Indepaz registra el asesinato de 2.012 líderes y lideresas sociales, así como de personas defensoras de derechos humanos.
El sector más castigado, según Indepaz, es el “comunal”, que agrupa a líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC), veedores ciudadanos y representantes locales que defienden los derechos humanos, el territorio y el tejido social en zonas con débil presencia estatal o en medio del conflicto armado. En total, contabiliza 505 víctimas mortales para esta ‘categoría’. Los liderazgos indígenas son los siguientes más castigados, con 381 víctimas, los campesinos suman 281 y los liderazgos comunitarios acumulan 181 asesinatos.
Sólo en los primeros nueve meses del año se han registrado 121 asesinatos de líderes y defensores, con 17 en el mes de septiembre, lo que supone un repunte en un año cuyo mes más letal en esta materia fue abril, en el marco de la primera vuelta electoral. En octubre, que sólo lleva unos días, ya hay que lamentar el asesinato del comunicador comunitario Julián Hincapié, en Anorí (Antioquia) y el de Keiner Barguera Mancilla, líder del Consejo Comunitario del río Tapaje, en Nariño.
En un texto publicado en septiembre de 2026, el director de Indepaz, Leonardo González, alertaba sobre el riesgo de individualizar el daño causado en cada asesinato y explicaba que “cuando asesinan a un líder social, el daño no termina con su muerte. Una organización puede quedarse sin quien la represente, una reunión puede dejar de hacerse, una reclamación de tierras puede detenerse y muchas personas pueden decidir no volver a participar por miedo. Poco a poco, una comunidad puede empezar a guardar silencio, no porque haya dejado de creer en lo que defiende, sino porque expresarlo públicamente puede ponerla en riesgo. Ese daño colectivo casi nunca aparece en las estadísticas”. También insistía en el riesgo de pensar que las comunidades donde habitan estos liderazgos son sólo víctimas: “En medio de enormes presiones, las comunidades toman decisiones, crean guardias indígenas, cimarronas y campesinas, fortalecen juntas de acción comunal y construyen mecanismos de autoprotección. Dialogan cuando necesitan hacerlo, se niegan cuando pueden hacerlo y buscan preservar espacios propios frente a actores armados, economías ilegales, empresas y también frente al Estado”.
En todo caso, el seguimiento del genocidio con datos es importante porque muestra patrones. La organización Somos Defensores, en su informe sobre el primer trimestre de 2026 alertaba de un incremento del 17% en los ataques a las personas defensoras de derechos humanos. Sus registros, con algunas agresiones y asesinatos no incorporados porque estaban en fase de verificación, apuntaban 401 agresiones y 59 asesinatos de defensores de derechos humanos en el primer semestre de este año. La mayoría de estos ataques, el 40 %, se concentró en mayo y junio, los meses en los que se desarrollaron la primera (31 de mayo) y la segunda vuelta (21 de junio) de las elecciones presidenciales de Colombia.
Aunque se producen en un contexto diferente y con matices, en los territorios también se registra en los últimos nueve años un violencia directa contra las personas que pertenecieron a las FARC-EP y que firmaron el acuerdo de paz. Desde el 1 de enero de 2017 se han registrado 525 asesinatos en 128 municipios del país. Aunque la intensidad de estos ataques letales fue especialmente significativa en 2019 y 2020 —con 162 asesinatos—, esta violencia genocida tampoco ha cesado y ya se contabilizan en 2026 12 víctimas mortales. A estos datos hay que sumar que, según el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia, 58 firmantes han sido reportados como desaparecidos forzados desde la firma del Acuerdo en noviembre de 2016. Hay que recordar que a junio de 2026 quedaban 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y con la amenaza del actual gobierno de dar marcha a atrás en las políticas relacionadas con el Acuerdo.
La desaparición forzada no cesa
Uno de los crímenes violentos más políticos es la desaparición forzada: trata de borrar el propio delito pero, además, busca extender el terror al genocidio a la comunidad o al entorno de la persona desaparecida. El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (SIIJT) dio cuenta de 3.205 posibles casos de desaparición forzada en 2025 y, en los primeros ocho meses de 2026 ya acumula 2.145 casos, un ritmo que, de mantenerse, superaría el total registrado el año anterior.
Los desplazamientos forzados
El genocidio busca el exterminio o la desaparición de determinados territorios de testigos o comunidades que son incómodas para los intereses de los actores. Así que, además de estas cifras terroríficas contra los liderazgos (una media de dos asesinato cada 3 días durante los últimos 10 años), es importante recordar que el Observatorio de Indepaz suma 363.283 casos de personas desplazadas de manera forzada en los últimos ocho años y nueve meses. con un pico brutal en 2025, cuando 107.079 personas fueron desplazadas, aunque el 72% de estos casos tuvo lugar en Norte de Santander y la mayoría en el Catatumbo, en el marco de los choques armados entre las disidencias de las extintas FRAC (Frente 33 y Bloque Magdalena Medio) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el total de desplazamientos forzados desde 2017, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.
El año 2026 está siento un año complejo y la Defensoría del Pueblo suma a los desplazamientos forzados, los confinamientos, que en algunos territorios afectan a un número mayor de personas. Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría documentó 111 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 23.931 personas. En el mismo periodo, reportó 63 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 80.369 personas. El Cauca, con más de 6.700 personas, fue el departamento con mayor número de personas afectadas por desplazamiento forzado. Le siguieron Norte de Santander, con más de 4.350 personas; Antioquia, con más de 3.150; Nariño, con más de 2.550, y Magdalena, con más de 1.900.
