El sistema electoral colombiano: la democracia ficticia
Falta de capacitación de jurados de votación, fallas de seguridad en el software de escrutinio, violación al Habeas Data y hasta un posible fraude electoral… estas son algunas de las amenazas para las elecciones presidenciales de Colombia en 2018 que tienen su primera cita el domingo 27 de mayo.
El balance que hizo de las pasadas elecciones parlamentarias del 11 de marzo la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE) deja muy mal parados a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, CNE.
Para realizar el balance de los comicios, la MOE desplegó a 3.398 observadores en 571 municipios (son 1.102 en total) de los 32 departamentos del país y, además de informar acerca de la confusión y el malestar ciudadano producto de los problemas con la falta de tarjetones para la consulta abierta interpartidista, desvelaron una cadena de fallas de logística y de recursos humanos y técnicos cometidos durante la jornada electoral.
La fallas
Más allá del problema de las fotocopias de los tarjetones faltantes, el balance de la MOE evidencia, por ejemplo, que el 79% de los jurados de votación no conocía el procedimiento del conteo de votos, denotando la falta de una completa capacitación que debería brindarles la Registraduría. ¿Si no hay claridad de los jurados en el conteo de votos, cómo garantizar la fiabilidad de los datos presentados? Es que la descoordinación entre las dos entidades es protuberante.
La MOE demostró que “en el 35% de las mesas observadas se permitió votar al ciudadano después de las 4:00 pm”, “en el 15% de las mesas el número de votos era mayor al número de votantes habilitados” y, “en el 62% de los puestos observados NO todas las personas pasaban por el registro biométrico permitiendo posible suplantación”.
De los 426 reportes ciudadanos sobre irregularidades electorales presentadas el día de la elección por la MOE a las autoridades competentes, 184 casos, o sea el 43%, corresponden a constreñimiento al votante y a la compra y venta de votos, dos de las modalidades más habituales en el país para consumar fraude electoral.
Como el caso de Aída Merlano, del Partido Conservador, condenada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción al sufragante, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas de ciudadanía y por tenencia de armas de fuego. El 11 de marzo, en plena jornada electoral, hallaron en su sede de Barranquilla $261 millones de pesos en efectivo, varias armas de fuego, un sofisticado sistema con código de barras para la compra de votos y una lista de líderes políticos afines a la candidata que recibieron dinero, en cuantía superior a los $7 mil millones de pesos.
En la lista de reportes el segundo más recurrente fue el de la participación indebida de servidores públicos en política, con 108 casos (25%), la publicidad extemporánea con 66 casos (16%), y el fraude en la inscripción de cédulas con 30 denuncias (7%). En Antioquia, Atlántico, Bolívar, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, se concentró el 67% de las irregularidades y, en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Pasto y Pereira se reportó el 39% de las anomalías.
En Cali, por ejemplo y para investigar un posible fraude electoral, ocho días después de las elecciones del 11 de marzo y aun en plena consolidación del escrutinio, la Fiscalía decomisó 8 computadoras de la firma contratista que consolidaba las votaciones de las zonas 24 a la 41 de la capital vallecaucana. La entidad aún no presenta resultados.
Y si bien el riesgo electoral asociado a la violencia y al fraude registra los índices más bajos en las últimas elecciones, la MOE advierte de la persistencia de ésta problemática en 170 municipios del país y en otros 141 hay más censo electoral que población, siendo Antioquia, Boyacá y Santander los departamentos con más municipios atípicos reportados.
Las deficiencias en la seguridad del software de escrutinio
Por posibles deficiencias en la seguridad del software de escrutinio, la MOE advierte de la necesidad de implementar una correcta auditoría respecto a su uso para garantizar un riguroso control de los procedimientos, ya que las últimas cinco elecciones al Congreso han sido demandadas debido a “la contabilización fraudulenta de votos, (a las) abrumadoras diferencias entre los distintos formularios de votantes (y a las) alteraciones a las actas de escrutinios”.
Dichas demandas de anulación de la curul para varios congresistas fueron resueltas por el Consejo de Estado en 3 a 4 años, como en las elecciones al Congreso para los periodos 2002-2006, 2006-2010 y 2010-2014 y, en el último caso documentado (sobre las tres curules restituidas recién a MIRA), el Consejo de Estado decidió declarar la nulidad a solo 5 meses de terminarse el periodo constitucional.
De las elecciones al Congreso para el periodo 2018-2022, el Consejo de Estado deberá resolver las tres curules reclamadas por el partido de unidad cristiana Colombia Justas Libres que solicita la restitución de 35 mil votos; más la curul del Centro Democrático, en furia disputa entre Milla Romero, de Norte de Santander y el ideólogo archiuribista, José Obdulio Gaviria.
En el país, el software de elecciones se usa únicamente para realizar el escrutinio de los votos y la consolidación de los resultados; no obstante, para el Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad de Karisma, “organización líder en derechos digitales” y encargada de plantear el protocolo de auditoría al software, hay “indicios de la debilidad del sistema híbrido colombiano”.
En el caso de la restitución de las tres curules a MIRA, por ejemplo, peritos informáticos de la Fiscalía, informó Karisma, encontraron indicios de sabotaje en 3.630 registros de 1.412 mesas; paradójicamente, y debido a que el contratista encargado de operar el software adujo la eliminación de los archivos originales, no se pudo establecer con certeza si hubo sabotaje. Todo se olvidó sin investigaciones exhaustivas, sin responsables.
Carolina Botero, directora de Karisma, indicó en reciente columna de opinión en El Espectador que “la Registraduría debe permitir que los partidos y la (MOE) auditen el software (artículo 45 de la Ley 1475 de 2011), pero esto no se hace”.
Karisma presentó “tres escenarios posibles para auditar el sistema de escrutinio” (vigilancia que no se usará en las elecciones presidenciales de 2018) y que incluye la revisión de los requerimientos contractuales comparados con los informes de los contratistas; auditorías basada en la norma ISO9001, y pruebas para identificar los posibles riesgos de confidencialidad, integridad y seguridad de la plataforma web y de configuración de los equipos entregados por la Fiscalía.
El costo económico para auditar con confiabilidad al software de escrutinio, advierte Karisma, podría ascender a más de mil millones de pesos, representados en un equipo de 13 expertos informáticos que trabajarían durante 4 meses.
Violación al derecho al Habeas Data en las consultas interpartidistas
Otra de las preocupaciones de la MOE es la posible violación al derecho al Habeas Data de los electores en las consultas abiertas interpartidistas que fueron consignadas en los Formularios de Registro de Votantes o de empadronamiento ideológico (E-11).
Dichos registros, advierte la MOE, violan el derecho a la confidencialidad de las preferencias de los electores; por tal motivo, le aconsejaron a la Registraduría hacer una apropiada destrucción de los formularios.
Para hacerlo, debieron inventariar el número de formularios E-11 por departamento, municipio, puesto y mesa; verificar su existencia y correspondencia con las distintas arcas triclaves en las comisiones escrutadoras y, finalmente, asegurar la destrucción de todo el material, con el acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría y la MOE. Destrucción que la Registraduría solo realizó la semana pasada, mucho más allá del tiempo recomendado.
Las suspicacias por una inadecuada destrucción de los tarjetones se basan en cifras de los más recientes comicios, en los cuales los observadores de la MOE reportaron que el 26% de los tarjetones sobrantes no fue seleccionado al azar para su anulación, como estaba previsto, y ni siquiera destruyó el 19% de ésos tarjetones.
El riesgo de la existencia de copias de los formularios E-11 es que podrían ser usados para anular determinados votos o por hackers informáticos o personal con acceso al software para beneficiar o desfavorecer a un candidato en las elecciones presidenciales, a efectuarse el próximo 27 de mayo. Intentos de fraude electoral alterando los registros del software de escrutinio ya se han registrado en el pasado.
En las elecciones atípicas de 2012 para la gobernación al Valle del Cauca, por ejemplo, capturaron en un hotel a seis personas, entre funcionarios y ex-funcionarios de la Registraduría, el CNE y el Tribunal Seccional de Garantías Electorales del Valle, a quienes la Fiscalía les encontró en su poder 12 computadores, 21 celulares, 14 simcards, 2 folios con números de cuentas y dinero en efectivo, pruebas de los delitos de cohecho propio, cohecho para dar u ofrecer y tentativa de alteración de resultados electorales.
¿Entidades politizadas, corruptas y desprestigiadas?
El Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad de la dirección y el control de la Organización Electoral, lo integran nueve magistrados elegidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero de ternas enviadas por los partidos y movimientos políticos.
La presidencia del CNE está a cargo del magistrado Alexander Vega, del Partido de La U, y la vicepresidencia la ocupa el magistrado Carlos Camargo, del Conservador. Esa injerencia hace del CNE un órgano politizado, a tal punto que su eliminación, a cambio de un tribunal especializado e independiente, fue sugerida por la Comisión Especial para la Reforma Política, propuesta desfigurada por el ejecutivo porque también incluía la eliminación parcial del Consejo de Estado.
La ineficiencia e ineptitud en las investigaciones adelantadas por el CNE contra, por ejemplo, Óscar Iván Zuluága, candidato presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2014, o contra Juan Manuel Santos, presidente en ejercicio y en busca de su reelección por aquella época, por la presunta financiación de la firma constructora brasilera Odebrecht a sus campañas es otra de las razones de la desconfianza hacia la entidad.
Los reiterados retrasos para la autorización en la consulta que busca la revocatoria de Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, por la aparente superación del tope de financiación de la campaña promotora de la derogatoria, es otros ejemplo de la ineficacia del CNE.
La Registraduría, por su parte, a cargo del abogado Juan Carlos Galindo Vacha, afín al partido Conservador, es la entidad facultada para dirigir y organizar el proceso electoral, además de “proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos” colombianos para tal fin.
¿Garantías? Un reporte interno de 2003 de la Registraduría reveló la desaparición de documentación electoral y un manejo inadecuado e inoportuno de parte de los funcionarios electorales en la entrega de formularios, informes y certificaciones; además de otros que entorpecían la labor de escrutinio o alteraban resultados a través de la lectura errada de las actas parciales o la manipulación del software de escrutinio.
La semana pasada, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación evidenció al interior de la entidad una posible red encargada de garantizar, a cambio de millonarios sobornos, jurados de votación y amaños en los registros electorales para que candidatos alcanzaran el umbral de votos y lograr así una curul.
Otra de las recientes anomalías en la Registraduría la evidenció el senador Armando Benedetti, al señalar irregularidades en la inscripción de casi 4 mil jurados de votación para la ciudad de Barranquilla.
El cambio del logotipo del movimiento ciudadano Colombia Humana, del candidato Gustavo Petro, previamente autorizado por el CNE, es otra de las negligencias cometidas por la Registraduría. La culpa, señalaron directivas de la entidad, la tuvo una funcionaria de la Dirección de Asuntos Electorales, quien supuestamente engavetó el documento. Todo se resolvió con la renuncia de José Asdrúbal Zapata, director Nacional de Gestión Electoral de la Registraduría.
