Estigmatizar la protesta, obviar el diálogo, ocultar la violencia policial

En estos días ha entrado de lleno en el debate público de Colombia la propuesta de reforma del Decreto 003 de 2021 que incluye el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. El nuevo Gobierno pretende allanar el camino para la represión policial de las protestas cuando detecte actos violentos y permitir que esta ocurra, incluso, de forma simultánea a las conversaciones con las personas que participan en dicha propuesta.

Más allá del proyecto de modificación del Gobierno (a la que en teoría se pueden hacer comentarios en una página web —la del Ministerio del Interior— que no funciona), los actores del Ejecutivo y sus socios en el Congreso ya han desplegado una estrategia que contiene tres elementos: desacreditar y estigmatizar la protesta antes de que ocurra, obviar que la fuerza pública no es un actor “neutral” y que acumula miles de denuncias por uso excesivo de la fuerza, y considerar el diálogo como una figura “decorativa”.

De hecho, antes incluso de este proyecto, el Gobierno ‘recuperó’ al ESMAD, fuerza transformada por el anterior Gobierno tras los desmanes certificados durante el Estallido Social. La fugaz y nueva fuerza se denominó de forma retórica Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y, aunque estaba apenas tomando fuerza, según el observatorio sobre brutalidad policial de la organización Temblores, había logrado la reducción del 68% del uso de la fuerza por parte de sus agentes en las protestas sociales (a pesar del incremento de las protestas en los últimos tres años.

Fuente: Balance de Conflictividad Social Defensoría del Pueblo

Antes de ganar las elecciones, el ahora Presidente Abelardo de la Espriella ya denominaba a las personas que protestaban en las calles como “tres peludos encapuchados” y anunciaba que en un eventual gobierno de él no permitiría “más vagabundería disfrazada de protesta social”. Si discurso no se ha suavizado una vez en poder y, cuando anunció que permitiría a la policía reprimir las protestas dentro de los campus de las universidades calificó estas de “terrorismo urbano y vandalismo”. “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos”.

Ahora, otra voz de la ultraderecha que se ha sumado a la estrategia de estigmatización es el militar retirado German Rodríguez, congresista del ultraderechista partido Salvación Nacional —el que avaló electoralmente al presidente—. Este diputado, que apuesta sólo por la vía armada para la solución de los conflictos en Colombia ha anunciado que con la reforma del decreto 003 de 2021 “la intención es que no vuelvan a cometer actos terroristas como los que sucedieron en la toma terrorista de la primera línea o el mal llamado estallido social”; ha dudado de la intención de quiénes protegen. su rostro para evitar hostigamiento —“si una persona sale a protestar pacíficamente, que lo haga de frente y con la cara descubierta!—, y ha animado al Gobierno a dotar de armas letales al ESMAD burlándose de las estrategias de diálogo que contenía el Decreto —“Al Esmad no se le pueden poner tanquecitos rosados con corazones”—.

Con modos más diplomáticos, pero usando la misma estrategia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguraba en estos días: “No vamos a permitir el desorden ni el caos. Aquí no aceptamos combinación de formas de lucha, no aceptamos que se combine debate democrático con lucha de clases”. Lara utilizaba intencionalmente un concepto propio de los movimientos revolucionarios (la combinación de todas las formas de lucha) y consideraba la “lucha de clases” (que no es una estrategia sino una realidad) como antagónica con la democracia (el sistema que debe evitar que esa lucha de clases se encone mediante la redistribución de la riqueza y la garantía de los derechos básicos).

¿Por qué se protesta en Colombia?

Punto aparte es el Estallido Social —del que tanto duda el congresista-militar—. Lo que empezó como una protesta tributaria se convirtió en un auténtico estallido de los jóvenes —y no tan jóvenes— de los barrios urbanos más invisibilizados. Durante los meses del estallido, el registro social de violencia policial registró 2.818 casos (que incluyeron 173 asesinatos —la mayoría, jóvenes— y 133 lesiones oculares, entre otros hechos). Justo al terminar aquel estallido, la Oficina de Alta Representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia aseguraba en su informe que había “motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes [en ese momento se habían verificado 46], los responsables habrían sido agentes de la policía”. La investigación indica que en 10 de esas 28 muertes estarían involucrados agentes de Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y que “actores no estatales habrían matado a 10 personas”.

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —que visitó el país una vez pasada la tormenta represiva que conmocionó al país y a la comunidad internacional— informaba, en base a los datos del Gobierno de Iván Duque, que entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 “hubo 12.478 protestas en 862 municipios (…) Esos datos muestran igualmente que el estallido social fue esencialmente pacífico. Según el reporte, el 89% de las protestas, esto es 11.060, no tuvieron ningún incidente de violencia. Sin embargo, para el gobierno hubo hechos de violencia en un número importante de casos. El gobierno adujo que en 1.418 protestas (11%) se presentaron disturbios o acciones violentas, que habrían obligado a la intervención del ESMAD.

Como indicamos. Punto y aparte.

Según el Balance de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo referido a 2025 “la conflictividad social en el país continúa marcada por problemáticas estructurales relacionadas con los derechos de los trabajadores, el acceso a servicios públicos, la débil presencia estatal y la garantía de derechos fundamentales. En este sentido, los principales conflictos sociales que se identificaron estuvieron relacionados con los derechos laborales y acceso al trabajo (18 %), fallas en los servicios públicos (13 %), exigencias de mayor presencia e inversión estatal (12 %), derecho a la educación (11 %), derechos a la vida, seguridad e integridad (11 %)”.

Es decir, no parece que nadie proteste por gusto, y, según la misma Defensoría, en la mayoría de los casos las protestas se saldan con negociaciones que evitan la violencia. De hecho, el observatorio Grita de la organización Temblores consignaba ‘solo’ 94 acciones de violencia policial en 2025, un 72,75% menos de casos respecto a 2022 (cuando fueron 345).

Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, “Colombia cuenta con un sistema tremendamente garantista, mucho más que los de países como Alemania, Francia, España, Reino Unido o Estados Unidos”. Se le olvida al ministro que las “problemáticas estructurales” de estos países no son comparables con las de Colombia y que las policías de estos países no acumulan la triste historia de uso excesivo de la fuerza de la puede ‘presumir’ la Policía Nacional de Colombia.

En un artículo publicado por el jurista Rodrigo Uprimny en 2022, aún escrito “un poco en caliente” tras el estallido social, el reputado estudioso utilizaba estas protestas para reflexionar sobre la relación entre la movilización social y unos estados que lideran “democracias precarias”. Advertía en su texto: “que un país siga un camino u otro frente a un estallido social dependerá en gran medida de la lucidez que tengan tanto las autoridades estatales como los líderes sociales y políticos para lograr un encuentro fecundo entre la democracia representativa (materializada en sus instituciones constitucionales formales), y la democracia callejera (expresada en las movilizaciones y las protestas). Si ese encuentro se logra, la movilización social puede conducir a una sociedad más incluyente y permitir una profundización de nuestras limitadas democracias. Pero si persiste un desencuentro entre la movilización en las calles y la institucionalidad democrática los resultados pueden ser negativos, incluso catastróficos”.

En 2026 el liderazgo social está agotado y fragmentado, pero la democracia formal parece estar siendo dinamitada desde dentro. Sólo un ejemplo, el mencionado congresista-militar German Rodríguez se quejaba amargamente a principios de septiembre de que la cúpula militar “perdiera el tiempo” en una sesión de control político en el Senado cuando “debería estar haciendo operativos” armados. Obviar el Congreso para gobernar a golpe de decreto y performance de la violencia.