Fernando Carrillo y la vieja costumbre de acusar a las FARC

El procurador pone en las FARC el peso de la responsabilidad los atrasos en la implementación desconociendo los incumplimientos del Estado. Nada es como parece.

 

Nadie quiere ser responsables de los problemas que vive la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, pero, en caso de duda, se recurre a la vieja táctica de propaganda de guerra: si algo sale mal será por la perversidad innata de la guerrilla.

Eso parece desprenderse de la entrevista concedida por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. “[La Guerrilla] no puede jugar con la generosidad de los colombianos. Son lo suficientemente hábiles para saber que aquí el pueblo colombiano no va a admitir ningún engaño en ese campo”. Se refiere Carrillo en El Espectador a la ampliación del plazo para la entrega de armas en 20 días anunciada el lunes y de tres meses para la eliminación del armamento en caletas y pone todo el peso de la decisión conjunta del aplazamiento en las FARC: “Aquí hay tres semanas más en las que ellos tienen que hacer una profunda reflexión de cómo va a ganar legitimidad el proceso, y este proceso gana legitimidad en la medida de que ellos entreguen las armas, cuenten dónde están las caletas y cuenten cuáles son sus bienes en el exterior porque tarde o temprano eso se va a saber”.

Anoche, en Caracol Radio, el comandante de las FARC Iván Márquez pedía equilibrio y paciencia: “Hay que mirar que los compromisos son bilaterales no se trata solo en que las FARC-EP cumplan”. El líder del equipo negociador de la guerrilla situaba la pieza angular de la implementación en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) porque es la garantía jurídica lo que permitirá el desarme y la reintegración a la vida civil de la guerrillerada: “Si Tumban la JEP se cae el proceso ¿Qué le ofrecemos a los guerrilleros? ¿Un tiro, cárcel o extradición?”.

Los atrasos

Los incumplimientos y atrasos del Estado son múltiples pero lo más visible es lo que sigue aconteciendo en las zonas de concentración de los guerrilleros. Esta semana se han conocido más detalles del desastre logístico que sigue marcando el ritmo en las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización. Por ejemplo, el Comité de Tierralta de Acompañamiento de la Sociedad Civil al Mecanismo de Monitoreo develaba como no fue hasta el 28 de abril que llegaron los contenedores para las armas de los 110 guerrilleros y guerrilleras que hacen el tránsito a la vida civil en el Punto de Gallo, departamento de Córdoba. El informe del Comité revela además graves problemas en las comunidades aledañas por la presión de las Autodefensas Gaitanistas, la ubicación de una brigada del Ejército a sólo 300 metros del Punto Transitorio de Normalización o las irregularidades en las actuaciones del contratista que sigue demorando las construcciones y adecuaciones en el lugar. (Ver Informe 002 al MMV Local Tierralta)

Es sólo un caso y allá, al menos, ya hay contenedores. Aún hay dos Zonas donde no han llegado. Pero los problemas no son sólo logísticos. Según el acta de la reunión del día 26 de mayo de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos y delegados de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación), allá el representante de las FARC, Jesús Santrich, denunció “la equivoca voluntad política del Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo Final de la Habana, al distanciarse en muchas decisiones, del espíritu y el contenido del mismo. En este sentido, lo que evidencia las FARC-EP es que esta primera etapa de la implementación los expone a una inoportuna ‘RE-NEGOCIACIÓN’ de los puntos del Acuerdo Final”.

En esa línea iría lo apuntado por La Silla Vacía en su análisis del día en que el presidente, Juan Manuel Santos, firmó 34 decretos relacionados con la paz y anunció el nuevo esquema de fechas para unas Zonas Veredales que, aunque cambien de nombre, seguirán acogiendo a los guerrilleros ya desarmados a partir del 1 de agosto. “Los jefes de las Farc pedían tres meses más, según le confirmó una fuente de la guerrilla a La Silla, es que ellos esperaban ‘reciprocidad del gobierno’ para cumplir con su parte del Acuerdo antes de que ellos entregaran las armas”. La reciprocidad se exigía por parte de una guerrilla que, hasta ahora, ha cumplido con sus compromisos a pesar de los atrasos del Estado, las trancas a la implementación en el Congreso y, ahora, en la Corte Constitucional, y la presión de los grupos paramilitares en los territorios dejados por ella. “Esa ‘reciprocidad’ se tradujo en una resolución presidencial para aplicar la amnistía de los delitos de rebelión y conexos a todos los guerrilleros que están en el listado que le entregaron al Gobierno y que no estén en las cárceles; la amnistía o libertad condicional a los que estén presos; el avance de los proyectos de fast-track en el Congreso (especialmente el que reglamenta la JEP y el de las circunscripciones de paz); y los decretos que Santos terminó firmando esta semana y los que anunció que expediría en las horas siguientes al anuncio y antes de que expiraran sus facultades extraordinarias”, explican Juanita León y Juanita Vélez. Márquez insistió ayer: “Estamos avanzando a punta de decreto y promesas en papel, pero necesitamos hechos”. Los hechos son los que van a paso de tortuga.

El Procurador, entonces, juega en otra dimensión e insiste hoy en que si alguien tiene que mover la ficha, es las FARC: “Creo que el problema actual del proceso de paz es ganar confianza y en manos de ellos está en este momento que se gane esa confianza”. Ni una referencia del Procurador  a los incumplimientos del Estado, ni a las trancas puestas por el Centro Democrático de Uribe, ni a la lentitud en la implementación legislativa, ni a las dudas sobre la financiación del postconflicto, ni a los preocupantes asesinatos de líderes sociales que siguen empañando la realidad.

Tampoco se ha referido Carrillo a las acciones del Ejército alrededor o dentro de las Zonas Veredales y Puntos Transitorios. La madrugada de este miércoles 31 de mayo, en la Zona de Colinas (Guaviare) “ingresó un comando motorizado de la infantería de marina con 4 hombres armados a la zona veredal a buscar a una guerrillera disidente de las FARC para sacarla de la zona, por tanto las unidades guerrilleras actúan para defender la vida de los militantes que se encuentran ubicados en dicha zona”, denunciaba las FARC. Pocas horas después, el general Javier Alberto Flórez Aristizábal, comandante del Comando Estratégico de Transición, aceptaba “la responsabilidad de los hechos” en los que resultó herido en la pierna un capitán y lo atribuía a “desubicación y producto de un error humano”. No es el primer incidente con el Ejército.

Mientras el Procurador invierte la carga de la prueba y pone a la opinión pública a sospechar de las FARC, la sociedad civil ha convocado este 1 de junio a marchar en toda Colombia para apuntalar un proceso de implementación que, a veces, parece que tambalea.