El gobernador de Antioquia quiere militarizar la paz
Luis Pérez llegó a la Gobernación de Antioquia con el lema “pensando en grande” y ahora echa mano de su “creatividad” para poner en marcha una plan de militarización municipal que ha puesto en alerta a los movimientos de derechos humanos y para el que quiere el respaldo del presidente de la República, Juan Manuel Santos.
La carta enviada por Pérez a Santos
En una carta dirigida al mandatario el 18 de octubre, Pérez comienza asegurando que “no podemos enviar la imaginación a vacaciones porque fracasaría el postconflicto”. Y, para él, la imaginación creativa se traduce en “crear ViceAlcaldías de Seguridad, ejercidas por militares activos en comisión de trabajo, con funciones de comisarios de policía y corregidores, capaces de coordinar toda la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales en el territorio municipal que se les asigne”. Estas vicealcaldías se crearán en Antioquia en los municipios donde queden “territorios abandonados por las guerrillas” y para Pérez la idea es perfecta porque, además, no tendrá costo adicional para las alcaldía.
Lo que para Luis Pérez es el uso creativo de la imaginación, para la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular de Antioquia es “apatía, negligencia y actitud hostil” contra los campesinos y los movimientos de derechos humanos. La Cumbre que, denuncia cómo desde la llegada de Pérez a la Gobernación se han cerrado todos los espacios de diálogo, rechaza “enfáticamente la decisión de la Gobernación de Antioquia de aumentar la militarización de la zonas rurales desde mismo día del plebiscito, su propuesta a los Alcaldes de continuar militarizando el campo, los presupuestos públicos y la vida civil, mediante unas ViceAlcaldías de Seguridad manejadas por militares activos en zonas en donde ha existido presencia guerrillera, hoy en vía de acuerdos con el Gobierno Nacional, so pretexto de llenar el vacío de control dejado por los grupos insurgentes y garantizar la seguridad en los territorios, con el control de temas de seguridad y sociales que le haría al Alcalde popularmente elegido se le haga ingobernable su territorio con una lucha de poderes permanente”.
El comunicado concluye: “El gobierno departamental no debe seguir empecinado en proponer como solución a los distintos problemas sociales la vía militar, la historia demostró que por este camino lo único que se logra es una mayor desigualdad y violencia, nada de esto es consecuente con la paz que anhelamos los colombianos y colombianas, los antioqueños y las antioqueñas de a pie”.
Colombia militarizada
El abogado y defensor de derechos humanos Jorge Molano ya advertía hace meses del riesgo de que “se esté caminando hacia una paz con una sociedad militarizada, donde el componente militar de casi 500 mil hombres vaya a ser el encargado de las obras civiles”, mientras sigue vigente la doctrina de la “Seguridad Nacional” en la que las fuerzas militares no vigilan las fronteras sino que arremeten contra “el enemigo interno”. Molano advirtió de que podemos “estar avanzando hacia una democratización bajo tutela militar, lo que pondría en duda esa democratización”. Ahora, el gobernador Luis Pérez podría confirmar sus sospechas.
La propuesta de Pérez, que pretende poner en marcha por su cuenta en Antioquia, no es novedosa ni “imaginativa”, como él insiste. Su formulación, en la que militares gestionan la presencia estatal en materias tan poco militares como la salud, la educación o los proyectos sociales, se parece demasiado al Plan Lazo diseñado por el que fuera comandante en jefe del Ejército, Alberto Ruiz Novoa, durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) durante el Frente Nacional. Ruiz Novoa, muy influenciado por las políticas estadounidenses de la época contra el “enemigo interno” comunista, puso en marcha un plan que partía de lo que denominaba la Acción Cívico-Militar que combinaba las acciones militares con lo que denominaban como “operaciones sicológicas” y la “acción social”.
Sin irse tan lejos, en 2009, Álvaro Uribe diseñó el conocido como Plan de Consolidación Territorial en continuidad de su conocida como Política de Seguridad Democrática. Juan Manuel Santos rebautizó ese plan en 2011 como Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) que, la Fundación Ideas para la Paz identificaba con tres componente: el contrainsurgente, el antinarcóticos y finalmente, el de desarrollo regional y social. La PNCRT, gestionada por una Unidad Administrativa especial, intervenía sólo sobre 51 de los 1.122 municipios del país y, según su primer director, Álvaro Balcázar, el objetivo de la PNCRT es “impedir la reversibilidad de los avances de la Fuerza Pública en seguridad, mediante el establecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo y la prosperidad económica, social e institucional, y por ese camino lograr la superación del conflicto”. No hay un balance claro de esta política ni información determinante sobre sus resultados, aunque en algunos municipios se traduce en unidades militares que un día guerrean y al siguiente abren zanjas para una acueducto con un arma al hombro.
¿Militares para gestionar el desarrollo o desarrollo para garantizar la consolidación militar? En el Manual de Acción Integral del Comando General de las Fuerzas Militares de 2012 lo tenían claro. “Los proyectos movilizadores”, que así denominan a las iniciativas en el territorio, “deben ser orientados hacia la atención de necesidades básicas insatisfechas con un enfoque estratégico de seguridad territorial, es decir, si bien no son la solución final y definitiva a las problemáticas sociales y económicas del área, sí garantizan que en el mediano plazo se construyan bases de no retorno a la problemática general y aislamiento de los GAML [Grupos Armados al Margen de la Ley] que pretendan continuar delinquiendo”.
Ahora, lo que propone Luis Pérez, es la cesión directa a militares en activo de la coordinación de toda la acción estatal en municipios sensibles. Nada nuevo, aunque sí un paso adelante.
