La Cumbre Agraria no soporta más incumplimientos

Las entidades campesinas, étnicas y populares suspenden la negociación con el Gobierno: dilaciones jurídicas y económicas, acoso y asesinato a defensores de Derechos Humanos y falta de voz en las negociaciones por la paz. Se hartaron

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular se ha cansado de esperar hechos, o al menos voluntad política del Gobierno, y se ha levantado de la Mesa Única Nacional en la que negociaban con el Estado. Su lista de recriminaciones es larga, “continuos hechos de dilación, jurídica, económica y la falta de voluntad política”, el “afianzamiento en el tratamiento de guerra a la protesta social” -y la amenaza y asesinato a defensores de Derechos Humanos- y “el afán del gobierno para abrir negociación con los detractores de la paz ” mientras no se da voz al movimiento social.

La organización, que aglutina a una quincena de entidades campesinas, étnicas y populares, recuerda al presidente Juan Manuel Santos que en el último encuentro con la Cumbre Agraria se fijó un compromiso “mutuo” frente a “la responsabilidad histórica de construir escenarios de confianza que abonen al tejido de un país en paz” y para cumplir con los acuerdos firmados en diferentes momentos de la movilización.

Sin embargo, el comunicado de la Cumbre es un listado de incumplimientos y reclamos. Consideran “incomprensible” que desde el año 2014 el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura “no hayan asignado los recursos comprometidos para la financiación de los proyectos productivos de 2014, por una suma de 250.000 millones anuales”. Insisten en que pasado dos años de trabajo no se han desembolsado la totalidad de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal del 2014 y 2015, lo que ha provocado una “crisis financiera” que “compromete su viabilidad”.

A la Cumbre Agraria le preocupa que se hable de una paz completa cuando en los territorios “se afianza el tratamiento de guerra a la protesta social” y se suceden las amenazas, persecución y asesinatos a defensores de Derechos Humanos y líderes sociales que “luchan incansablemente por la vida y la defensa del territorio”. Y van más allá, a su juicio, reformas legislativas como la tributaria “van en contravía a la construcción de una paz estable y duradera con garantías de no repetición”.

La Cumbre Agraria no entiende el afán del Gobierno para abrir negociación con “los detractores de la paz”, en alusión a los partidos, líderes e iglesias que respaldaron el No en el plebiscito, mientras que al movimiento social, que ha manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de construir una paz estable y duradera, “se nos sigue desconociendo como actor político”. En este sentido, recuerda al Gobierno que ellos sí han presentado “propuestas claras” frente al actual modelo económico en temas de territorio, economías propias, cultivos de uso ilícito, minería, derechos sociales y políticos, relación campo ciudad, comunicaciones y participación para la paz.

Por todo ello hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional para que, con carácter urgente, soliciten al Gobierno nacional “el respeto y cumplimiento de los acuerdos con muestra real de su voluntad para lograr una solución política y de diálogo al actual conflicto social, político y armado garantizando la participación vinculante de la sociedad, especialmente a los pueblos y comunidades rurales colombianas”. En ese llamamiento se dirige a los organismos defensores de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, al Congreso de la República de Colombia, a la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, a la Mesa de Diálogos de la Habana, a los países y personas garantes y acompañantes, a la Defensoría del Pueblo y entes de control, al Sistema de Naciones Unidas, a los medios de comunicación e información y a los sectores y movimientos sociales.