Hidroituango o la criminalización
de la resistencia
Tres nuevos procesos judiciales abiertos que se suman a otros en curso desde hace cinco años, ataques personales para desprestigiarla y amenazas directas. Esa es la radiografía del acoso en “escala” al que se enfrenta Isabel Cristina Zuleta, líder y vocera del Movimiento Ríos Vivos que pelea desde hace años contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) y uno de los megaproyectos hidroeléctricos más grandes que se construyen en Colombia, la represa de Hidroituango, un embalse de 79 kilómetros de largo que afecta a una docena de municipios sobre la cuenca del río Cauca en Antioquia.
Defender el territorio y a sus gentes frente a EPM es una tarea titánica. Esta multinacional antioqueña es casi incontestable el Medellín, municipio al que aporta hasta el 30% del presupuesto público anual. Sin embargo, algunos miembros del Concejo de Medellín están denunciando la renuencia de EPM al control político y, de hecho, la sesión prevista sobre el proyecto Hidroituango no se realizó “porque el gerente de la empresa no se presentó”, denunciaba esta misma semana la concejala Luz Marina Múnera.
El Movimiento no denuncia solo la persecución contra esta lideresa sino el hecho de que lo que está aconteciendo constituye una “judicialización de la protesta social”, una alerta que no es nueva y que se repite en boca de otros colectivos ambientales y de juristas de Colombia que advierten de la criminalización que se hace de los líderes sociales y que termina traducida en muertes y agresiones. El último informe del programa Somos Defensores, alerta de que solo entre julio y septiembre de este año 63 líderes han sido víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos. De ellos, 19 fueron asesinados y 38 amenazados. Estos se suman a las 314 agresiones individuales del primer semestre con 35 asesinatos, 13 detenciones arbitrarias y 9 casos de uso arbitrario del sistema penal. La pasada semana el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo llamaba a estar alerta ante “la polarización tras el plebiscito y las amenazas a defensores”.
Imagen de Swed Watch
El colectivo Ríos Vivos conoce bien la situación, pues en los últimos cinco años han sido asesinados dos de sus líderes, 23 han sufrido amenazas y han tenido seis amenazas colectivas. Los implicados: fuerza pública, ejército, paramilitares… La última en Valdivia, explica la propia Isabel Cristina Zuleta, que ya sufrió un intento de secuestro. “Primero se meten con lo personal para desprestigiar tu voz y después tratan de hacerlo con toda la acción colectiva del proceso, y siguen en el desprestigio personal y, cuando no es suficiente, pasan a las amenazas, y de las amenazas al acoso judicial, y de ahí, al intento de secuestro y la desaparición forzada. Como no pueden acabar con la resistencia la escalada puede terminar en el asesinato o en la cárcel”, denuncia la ambientalista, que lamenta que es una táctica que se repite en muchos otros procesos de resistencia a los megaproyectos que amenazan los territorios.
Persecución policial
El acoso judicial contra Isabel Zuleta, explica el Movimiento Ríos Vivos en un comunicado, arranca en 2013 cuando la organización convocó a una gran movilización en oposición a Hidroituango. Es en este momento cuando se producen las primeras denuncias por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Estas denuncias se dirigían contra los manifestantes en general y contra Zuleta en particular. El 16 de marzo de ese año la Policía de El Valle (Toledo) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) detuvieron a 80 personas de las que finalmente solo se quedaron con 12, entre las que estaba la vocera del movimiento. El resto de manifestantes se refugió durante ocho meses en la Universidad de Antioquía ante el temor por su integridad física. En ese periodo otros cinco líderes del colectivo fueron denunciados y ni la Defensoría del Pueblo logró que se abriera un diálogo entre el Movimiento y EPM. “El proceso fue archivado por falta no sólo de pruebas sino de acusaciones claras; sin embargo lograron el objetivo inmediato, la protesta que se adelantaba se levantó con la captura”, lamenta el Movimiento.
Los cargos de entonces contra Zuleta fueron los de violación del derecho al trabajo y daños a terceros. El proceso aún esta en curso. Ahora, parte de las nuevas denuncias están relacionadas con las protestas durante la Cumbre Agraria en Antioquia. Y a todo ello se suma otra denuncia en 2015 cuando Isabel Zuleta fue acusada de injurias y calumnias por tres vigilantes de empresas de seguridad privada contratadas por EPM. La denuncia se retiró después de que los vigilantes reconocieran ante la Fiscalía que habían sido “presionados” para que realizaran la denuncia “so pena de ser despedidos”, narra el comunicado.
La vocera del Movimiento dice haber vivido todos este proceso con “rabia”. La rabia que siente ante el “miedo al debate público” de EPM que “no es capaz de decir abiertamente sus intereses y no permite debatir al movimiento. Me angustia que no se pueda dar ese espacio de confrontación de las ideas y que todo tenga que ser mediante la violencia, incluso violencia jurídica”. Y a esa rabia y angustia se suma la que provoca el impacto en la familia, en los compañeros del movimiento, y el desgastes económico, de tiempo y esfuerzo que implican las denuncias, unos procesos que le roban dedicación a la lucha contra las amenazas de proyectos como la represa. “Así no tengan pruebas, lo van a seguir intentando para que ocupes tu tiempo en la banalidad de esos interrogatorios y no dedicarte a defender al río”. Y en medio de esto, “ninguna confianza” en la justicia en Antioquia. Todas las causas abiertas contra Isabel, quien recuerda que algunos jueces y la propia fiscalía se han pronunciado a favor del carácter estratégico de EPM, siguen abiertas.
Un megaproyecto en el Cañón del Cauca
Hidroituango pretende generar 2.440 MW, con un embalse de 79 kilómetros de largo y un muro de 225 metros de altura, que afecta a municipios de las subregiones del Occidente, Norte y Bajo Cauca. Impacta sobre algo más de 26 mil hectáreas, resalta el Movimiento Ríos Vivos, en su mayoría de bosque seco tropical, un tipo de bosque que esta en vía de extinción en el planeta.
Hasta el momento se ha ejecutado un 40% de la obra, a pesar de que ha sido sancionada con suspensiones en distintos puntos por incumplimientos en la licencia ambiental expedida por al Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El colectivo explica que en la actualidad cursan seis procesos sancionatorios en su contra. En el proyecto trabajan cinco mil obreros, cuenta con cuatro bases militares y gasta “miles de millones en seguridad tanto pública como privada”.
Las denuncias y resoluciones formalizadas hasta el momento ”dan cuenta del mal manejo social” del proyecto, con cientos de personas desalojadas de manera forzosa y no incluidas en listados oficiales de afectados, caminos dañados, medios de vida como el barequeo (extracción tradicional de oro) imposibilitados, amenazas de diferentes actores, daños a cultivos, violaciones al derecho a la libre movilidad y aumento de enfermedades entre los afectados. A ello suman el mal manejo ambiental, “con toneladas de material de excavación arrojado a la cuenca, migración de especies, daños a la fauna y flora”. Isabel Zuleta insiste en que la situación de la población es muy difícil y más ahora que ha empezado la tala del bosque y eso ha hecho que se alcance temperaturas de 40 grados. Ello provoca el desplazamiento de los habitantes que ya no pueden desarrollar su vida normal, pero el Estado no se implica, “no hay una institucionalidad” que aborde el problema porque la respuesta es que el Estado o una obra no desplazan y la Unidad de Víctimas solo atiende los casos de conflicto armado.
Eso en una zona de Colombia, en el Cañón del Cauca, donde desde el año 2015 se han contabilizado 50 masacres, la mayoría de ellas perpetrada por paramilitares o sus estructuras herederas, según el Movimiento Ríos Vivos, que resalta también que la fuerte presencia militar desplazada allí para contrarrestas a la guerrilla y ‘cuidar la obra’ “ha generado que sea una de las zonas con mayores índices de violencia del país”. Con uno de los municipios más sembrados con minas antipersonas, Briceño; con el único municipio el país declarado como municipio víctima del conflicto, Ituango; Peque, en el que fue desplazada la totalidad de su población, y Valdivia, en donde la presencia de paramilitares es constante, al igual que en Briceño y Yarumal. En los municipios reconocidos como afectados por la represa, el 60% de la población es víctima del conflicto, hay cerca de dos mil denuncias sobre desaparición forzada y en la zona de inundación de Hidroituango se encontraron 22 cadáveres. Son los datos que resalta el colectivo para denunciar la situación de vulnerabilidad de la zona.
