Howland se despide describiendo las cloacas de un Estado secuestrado

Todd Howland, el hasta ahora representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se va del país. Figura clave desde 2012 en los esfuerzos de paz, el equipo que él ha dirigido ha sido protagonista del acompañamiento a las comunidades y su voz ha sido de las más firmes en la denuncia de aquellos grupos o personas que están haciendo todo lo posible para que la construcción de paz en el país se quede en nada.

Este 16 de marzo, Howland iba a presentar el informe anual 2017 sobre la situación de DDHH en el país, pero de manera precipitada, su oficina anunció que deja su cargo y que la discusión pública del informe quedará a la espera de la persona que lo reemplace. Pero el informe, aún en versión sin editar, ya es público y sus 17 páginas son una especie de retrato hablado de un país cuya sociedad civil sufre la indolencia del Estado, la incapacidad de imaginar una nueva forma de hacer las cosas, la ambición de empresas legales e ilegales, la corrupción, la impunidad y la actitud de algunas élites más obsesionadas con la politiquería que con la paz o la calidad de vida de los habitantes. El informe, que será compartido en la 37 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hace especial hincapié en la Colombia rural donde “la presencia del Estado, únicamente a través de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a través de la fuerza, no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”.

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Plantea la oficina del Alto Comisionado en Colombia una precaria implementación del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y FARC, una ocupación de los territorios abandonados por esa guerrillas por grupos armados relacionados con las economías ilegales y, en algunas zonas, por el ELN y el EPL, unas comunidades asediadas por esos actores que no han visto llegar al Estado para ocupar los espacios en disputa, una situación crítica para las defensoras y defensores de los derechos humanos en el territorio, una impunidad selectiva que pone en cuestión la voluntad del Estado de poner a las víctimas en el centro del proceso, un Congreso que ha reinterpretado a la baja los acuerdos de paz y… en definitiva, una situación voluble y peligrosa para los civiles.

En buena medida, el informe muestra cómo el Estado sigue sin ser Estado y cómo “ha habido mucha resistencia a la implementación del Acuerdo en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios públicos”.

Asesinatos, ejecuciones e impunidad

“La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. La OACNUDH también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista. (…) El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales”.

En informe señala que aunque la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios y eso complica el seguimiento del rastro de los autores reales, “los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); grupos armados ilegales – ELN (cuatro casos), ex FARC-EP (tres casos), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (un caso); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (tres casos)”. La ONU reconoce que la Fiscalía ha avanzado “significativamente” en la identificación de estos autores materiales, pero los autores intelectuales siguen en la sombra, y se lamenta de que no se hayan evitado estas muertes, algo que habría sido posible “con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del Acuerdo, priorizando los derechos de la población”.

Especialmente grave parece que, ahora, cuando el Gobierno presume de la paz en foros internacionales, se sigan registrando asesinatos de civiles por parte de la fuerza pública. La oficina del Alto Comisionado “documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Policía”. Y a esta realidad no ayuda la impunidad enquistada que afecta a los casos actuales y a los miles de ejecuciones extrajudiciales que se amontonan bajo ese eufemismo gerencial de “falsos positivos”. Respecto a los hechos pasados, la OACNUDH dice estar preocupada por “la impunidad selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas que involucran a Generales, y señala que esto pone en riesgo los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad. La OACNUDH recibió información de presuntas amenazas a víctimas, testigos y funcionarios judiciales que participan en litigios en casos de ejecuciones extrajudiciales. Las personas afectadas por estas amenazas no han interpuesto denuncias formales, indicando que desconfían de las autoridades”. Es más, la ONU no entiende que oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos actualmente investigados por varios casos de ‘falsos positivos’, hayan sido “ascendidos en los últimos dos años, en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuración que garantice que aquellos que participaron o no actuaron para detener estos crímenes atroces deberían, al menos, ser separados del servicio activo”.

El dibujo de la justicia tradicional y, lo más grave quizá, de la justicia transicional diseñada para el proceso de paz, es muy preocupante. El informe considera que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, reparación y No Repetición ha sido peluqueado al extremo: “El Congreso no aprobó el Sistema Integral tal y como había sido conceptualizado y, hasta el momento, su implementación no ha cumplido con las normas internacionales”. Y eso se traduce en decepción y en impunidad, una vez más: “La OACNUDH está sumamente preocupada porque las expectativas generadas por el Sistema Integral en relación con la reducción de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, han sido socavadas por la exclusión de agentes del Estado no militares y de particulares del ámbito de aplicación obligatoria del sistema”. Es decir, la justicia, de existir, será incompleta y no permitirá saber la verdad de lo ocurrido ni identificar a los actores reales del conflicto. Obviamente, el equipo de Howland aprovecha para recordar que es incomprensible que el Congreso prohibiera “el nombramiento de los magistrados que hubieran participado en litigios contra el Estado en casos de presuntas violaciones de los derechos humanos. Esto contradice las normas internacionales y nacionales relacionadas con la independencia de la rama judicial así como el contenido del Acuerdo en relación con los perfiles y las competencias para ser magistrado de la JEP. También se corre el riesgo de estigmatizar a los defensores de derechos humanos en un contexto de aumento en el asesinato de defensores de derechos humanos”.

Se excluye a abogados defensores de derechos humanos pero no se tiene ningún control sobre los actores de la guerra que sí se están acogiendo a la JEP. Denuncia el informe que se están dando amnistías, indultos o tratamientos penales especiales “a miembros de las FARC-EP y a militares colombianos condenados o acusados de violaciones de derechos humanos que en el derecho internacional no son objeto de amnistía”. Pero, además, a los armados que han firmado el acta de compromiso de la JEP quizá nunca se les pueda exigir que cuenten la verdad, como en teoría están obligados, porque, como advierte la OACNUDH, “no se ha proporcionado ninguna información sobre el paradero de aquellos que han sido liberados ni sobre si van a colaborar con, por ejemplo, la verdad y la reparación”. A 24 de noviembre de 2017, la Secretaría Ejecutiva de la JEP reportó que 2.381 ex miembros de las FARC-EP y 1.011 miembros de las fuerzas armadas salieron de la cárcel.

Acuerdos en pañales

El informe se refiere a todo 2017 y no puede obviar las graves deficiencias en el proceso de reintegración social de los ex guerrilleros y guerrilleras de las FARC. Los menores que han vuelto con sus familias no tienen un acceso razonable a los servicios de salud o educación, pero los adultos que entraron en su momento a las Zonas Veredales, donde “se observaron serias deficiencias, como la falta de agua potable, saneamiento y viviendas habitables. Esta situación puede haber llevado a que algunos ex miembros de las FARC-EP abandonaran estos lugares. OACNUDH observó sobrecostos de alimentos y demoras en la construcción de infraestructura en algunas de las Zonas. Dada la centralización de los contratos, las Zonas no generaron el impacto económico positivo esperado para las comunidades rurales a través de la contratación local , como está previsto en el Acuerdo”.

En general, la ONU constata lo que ya se ha denunciado sin éxito desde diferentes organizaciones: mientras las FARC han cumplido en su mayoría los acuerdos firmados, el Estado ha sido de una tacañería e ineficacia lacerante a la hora de acompañar el proceso de reintegración de sus miembros.

Tampoco parece que haya mucha voluntad en intervenir sobre los territorios abandonados por las FARC-EP y eso está poniendo en riesgo a las comunidades. De hecho, casi un año y medio después de la firma de los acuerdos “aún no están disponibles los recursos anunciados por el gobierno en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida para generar impactos inmediatos en las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP”. La lenta respuesta rápida explica mucho de lo que está ocurriendo y la realidad se traduce en que “el vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su desmovilización; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia”.

Donde debía pactarse la erradicación voluntaria de cultivos para uso ilícito, erradicación violenta y forzada; donde debería producirse una intervención integral del Estado, Ejército y Policía; donde la tierra debería estar siendo restituida a sus propietarios desplazados, la presión de los poderes económicos de “empresas agro-industriales y minero-energéticas”, y gamonales. “Para la implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo es crucial la presencia del Estado y las garantías presupuestales necesarias para avanzar en la formalización de la propiedad, la creación de mercados locales, la conectividad, la asistencia técnica, los préstamos y el acceso a servicios públicos”. Pero esta “acción estatal que cree el entorno para lograr la exitosa sustitución de cultivos ilícitos”, no llega.

Y todo ello salpicado por la politiquería y por la corrupción. Se denuncia en el informe que “uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales es la tentación del uso del gasto público en centros poblacionales con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de derechos básicos de las zonas rurales marginadas y menos

pobladas”. De hecho, en 2017 –aunque suene a viejo-, “se observó la falta de compromiso para mejorar el disfrute de derechos de las comunidades por parte de algunos funcionarios públicos – incluso algunos de alto rango – que interponen sus intereses personales y de carrera por encima de los derechos de la población”.

No parece que estas cloacas de corrupción y el secuestro del Estado escandalice a algunos sectores de la élite. “La OACNUDH”, insiste el informe, “observa con preocupación los graves obstáculos a la implementación del capítulo del Acuerdo relacionado con la participación política, debido a los ataques por parte de los sectores políticos interesados en mantener el statu quo político o que tienen alguna otra razón para oponerse al Acuerdo. Es de especial preocupación que el Congreso no haya aprobado las Circunscripciones Especiales de Paz, establecidas en el Acuerdo como un medio para aumentar la participación política de aquellas personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto”.

Las recomendaciones que incluye el informe de la oficina del Alto Comisionado suenan a viejo; como sonaban muchos de los puntos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP que, como insiste la ONU, en materia de derechos humanos solo compilaba lo que ya existía en el marco legal colombiano. El baño de realidad en que sumerge la OACNUDH también es realista porque un año es poco tiempo para ver unas “transformaciones positivas que requieren de más tiempo, ya que resolver los problemas multidimensionales e interrelacionados que han existido por décadas es un proceso complejo”.