La ONU critica con dureza el blindaje de los militares en la JEP

El informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2016 no es complaciente con la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Si bien reconoce la oportunidad y el esfuerzo de las instituciones y de las propias FARC, el representante Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (HCHR, por sus siglas en inglés), Todd Howland, lanza varias señales de alerta referidas a la legislación, a la seguridad en áreas rurales, a las vagas garantías de no repetición y a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Respecto al Acto Legislativo que se aprobó esta semana en el Congreso que pone en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), el HCHR cree que “restringe y distorsiona el marco legal que deben aplicar los magistrados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o de la policía y no cumple con los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando”. De hecho la ONU pide a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, que se pronuncie al respecto para aclarar “las normas aplicables relacionadas con la responsabilidad del superior”.

Tampoco cree la ONU que Ley 1820 sobre amnistías e indultos (Ley de Amnistía) cumpla con el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos: “La ley incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento. También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas”. Tal y como quedó formulada la ley, “puede favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

En general, el informe correspondiente a 2016, plantea muchas dudas sobre cómo serán tratados los funcionarios públicos (militares y civiles) que hayan sido señalados por crímenes en el marco del conflicto armado. “El Alto Comisionado lamenta que, en un estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional. Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad. Tampoco establece un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos”.

Crímenes de Estado

Para la ONU, los avances en el reconocimiento de los hechos de guerra aún es parcial e insuficiente. En el caso de las FARC, el informe destaca los actos de reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos en los casos de La Chinita, en Apartadó, en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca o en la muerte de un líder afrocolombiano en Nariño, pero estas solicitudes de perdón sólo “cumplirán su objetivo una vez las víctimas las acepten y comiencen a recibir los beneficios de acciones más amplias de reparación”.

También reconoce la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno en el genocidio de la Unión Patriótica, pero, insiste Howland en su informe, “el reconocimiento de las violaciones cometidas por servidores públicos debe tomar en cuenta las dimensiones estatales, políticas, institucionales e individuales, en su totalidad. Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrado graves violaciones, incluso en los casos en que el Presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado. Garantizar que el reconocimiento tenga un efecto reparador para las víctimas es uno de los retos políticos, legales y culturales transcendentales del proceso de construcción de paz”.

Esta falta de reconocimiento del papel de los agentes del Estado en la guerra sucia y el exceso de vaguedad de las referencias en el Acuerdo de Paz a las garantías de no repetición se quedan cortos. “La no-repetición implica reformas estructurales institucionales, con la participación de las víctimas y de la sociedad, a fin de garantizar el respecto, la protección y la garantía de los derechos humanos y el goce de una vida digna”.

En general, a la ONU le preocupa que el SIVJRNR pueda naufragar ante “la ambigüedad y la falta de precisión en los nuevos mandatos institucionales y marcos legales, la necesidad de recursos, la superposición de las funciones y el gran número de casos que deben ser procesados”. El esfuerzo de “coherencia y coordinación” que tendrán que hacer las instituciones del Estado es monumental.

La Colombia invisible requiere especial atención

Ese esfuerzo deberá ser más intenso allá donde hay menos presencia del Estado. La HCHR está especialmente preocupada por la seguridad y el futuro en las zonas rurales: “Se requiere urgentemente fortalecer la presencia integral de las autoridades civiles y cumplir plenamente sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar todo el espectro de derechos humanos de la población rural, antes de que se consoliden nuevas formas de control ilegítimo por parte de terceros”. Y es que, además del abandono secular de las zonas rurales, la ONU constata que “los actores vinculados al crimen organizado (incluyendo el transnacional), el crimen local, las disidencias de las FARC-EP, así como los grupos armados organizados del ELN y el Ejército de Liberación Popular (EPL), compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales. La pobreza, marginalización y falta de oportunidades en estas áreas, en su mayoría rurales, sumada a la débil presencia del Estado y la corrupción, facilitaron el desarrollo de las actividades económicas ilegales. La violencia derivada de estas actividades económicas afecta a las comunidades, sus líderes y a las autoridades locales”, reza el informe.

De hecho, según la ONU, de los 59 líderes y lideresas asesinados en 2016 -aseguran que hay más víctimas mortales pero que no eran líderes-, 43 (el 73%) desarrollaban su labor en zonas rurales. Detecta la Oficina del Alto Comisionado que en 2016 se incrementaron esas agresiones en zonas rurales y, especialmente, en aquellas de las que las FARC comenzó a salir. También alerta sobre la detención de hasta 11 líderes en capturas que se convierten en “detenciones prolongadas antes de que el acusado seas liberado por falta de pruebas”. “Se requiere una revisión de esta situación que involucra a la Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo, así como la forma en que se emplea la inteligencia militar para el impulso de las investigaciones penales”. Y, aunque valoran en el informe el esfuerzo de la Fiscalía en estos casos, reiteran el alto índice de impunidad relacionado con los casos de agresiones y asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad, la ONU también manifiesta su preocupación sobre la asignación de roles para luchar contra la inseguridad que persiste en le país y “observa con preocupación la intervención de las fuerzas militares en las tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social hasta la lucha contra el crimen organizado”. Y esta realidad es fruto de la confusión de roles y de la herencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, la que pone a las fuerzas militares a luchar contra el enemigo interno. “La Oficina reitera que las fuerzas militares no son responsables de la seguridad ciudadana. Constitucionalmente, tienen la finalidad de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La policía nacional tiene la responsabilidad de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades”. Esta realidad parece especialmente grave cuando esta Oficina constató en 2016, al menos, 11 ejecuciones extrajudiciales perpetradas “por miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Una de las víctimas era una niña”.

De las ejecuciones extrajudiciales “del pasado” también se preocupa Howland, quien, tras reconocer al Ministerio de Defensa y al Ejército por admitir los hechos, insiste en que, “teniendo en cuenta los patrones en la planificación, comisión y encubrimiento de los ‘falsos positivos’, no se puede limitar la responsabilidad a los autores materiales. Solo uno de los 14 generales del ejército actualmente bajo investigación por estos hechos fue llevado a juicio”.

Por estas irregularidades y para definir el papel de las fuerzas militares en el país, la ONU cree que hay que dar pasos más acelerados ya que “el proceso de reforma militar, civil y policial establecido en la Ley de Inteligencia (2013) no ha avanzado al ritmo necesario para la construcción de paz y de una manera que asegure a la población que no se repetirán las violaciones de derechos humanos del pasado”.

El informe profundiza sobre aspectos como el acceso a la salud o, en general, a los derechos económicos y sociales. Seguiremos analizando sus contenidos.

(Descargar el Informe Derechos Humanos 2016)