La ANLA hace un simulacro de audiencia y desprecia a los afectados por Hidroituango
Las esperanzas que las personas afectadas por el megaproyecto Hidroituango habían puesto en la audiencia pública que, tras 10 meses de gestiones, comenzaba ayer jueves 25 de enero en Santa Fe de Antioquia se han convertido en frustración y rabia.
El Movimiento Ríos Vivos Antioquia denuncia la manera en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) gestionó una audiencia que la misma institución terminó cancelando “de manera arbitraria” a las 2 a.m. del viernes 26 de enero. “La ANLA se ha negado a que la audiencia prosiga argumentando que no tenía logística para ello porque sus representantes dicen que esperaban 120 personas y fueron algo más de 1.000”, explica Isabel Zuleta, una de las voceras de Ríos Vivos. “Lo que no parece casual es que perdieran 560 de las 680 inscripciones personas afectadas por la represa que deseaban intervenir en la audiencia”.
Ríos Vivos cree que a la ANLA, además de previsión, le ha faltado sensibilidad con las personas que asistieron. “Prohibieron a las mujeres traer a sus hijos, no querían dejar hablar a las niñas y niños que son tan afectados como las personas adultas, les daban a campesinos que no saben leer ni escribir una hoja en blanco si querían radicar algo, no había comida… fue vergonzoso e inhumano”, denuncia Zuleta, ya sin voz, después de que los últimos afectados por Hidroituango salieran de Santa Fe de Antioquia con destino a sus hogares a eso de las 5 p.m. de hoy viernes. Las pocas horas de sueño se lograron en precarias condiciones, en el mismo espacio donde se realizó el simulacro de audiencia (en la foto principal).
La audiencia se prolongó durante 18 horas, desde las 8 a.m. del jueves a las 2 a.m. del viernes en contra de los afectados, agotados -“e indignados”. Algunos líderes exigieron que se pospusiera para el día siguiente pero los funcionarios de la ANLA dijeron que “tenía que terminar a como fuera”.
Esta audiencia no fue convocada por la ANLA para tratar sobre la totalidad del proyecto de Hidroituango, sino sobre la última modificación a la licencia ambiental pedida por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Ríos Vivos había pedido en marzo de 2017 ambas audiencias: una general y otra sobre esa modificación. “De todas formas la gente decidió expresarse y explicar todo lo que supone Hidroituango en estos 12 municipios”, confirma Isabel Zuleta quien insiste en que la inundación de 3.800 hectáreas, prevista para mediados de este 2018, supondría, además de un desastre ambiental, “la negación del derecho de las víctimas del conflicto en la región a recuperar los cientos de cuerpos que siguen sin localizar ni exhumar en el cañón del río Cauca”.