Ríos Vivos exige en la audiencia sobre Hidroituango “que no se inunde la verdad”

Este jueves 25 ha comenzado una audiencia pública donde la población afectada por la represa va a luchar porque la búsqueda de los desaparecidos se anteponga al proyecto económico de Empresas Públicas de Medellín.

Cada paso que avanza el proyecto Hidroituango, la represa de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el cañón del río Cauca, es un retroceso en la búsqueda de la verdad y la reparación para la población víctima del conflicto armado en los 12 municipios de influencia del megaproyecto. Así se lo van a hacer saber unas 600 personas del Movimiento Ríos Vivos inscritas para intervenir desde esta mañana en la audiencia pública convocada en Santa Fe de Antioquia y que se puede demorar varias jornadas.

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) preside esta audiencia que, oficialmente, se refiere a la modificación número 23 de la licencia ambiental de Hidroituango que tiene que ver con la retirada de la capa vegetal antes de la inundación de la zona. La ANLA limitó así el alcance de una audiencia solicitada hace 10 meses por el Movimiento Ríos Vivos.

“Las personas afectadas por el proyecto están dispuestas a hablar de todo, porque insistimos en que la obra se debe suspender hasta tanto no se realice un nuevo censo de la población afectada, se repare a las víctimas del conflicto armado, se encuentre a las personas desaparecidas y a los muertos que están regados a lo largo del cañón del río Cauca”, explica Isabel Zuleta, de Ríos Vivos Antioquia.

El 23 de enero concluyó una misión de verificación independiente que constató, a través de los testimonios de las comunidades, la existencia de cientos de cuerpos enterrados en la ribera del río que podrían corresponder a muchas de las víctimas de al menos 642 desapariciones forzadas, y de 63 masacres con 372 víctimas, según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica.

“No estamos dispuestos a que se inunda la verdad y el derecho a la justicia que tenemos”, insiste Zuleta, quien recuerda que, por ejemplo, la destrucción del bosque seco tropical, además de la destrucción ambiental que supone, elimina los referentes físicos que tiene la población para ubicar los lugares donde hay cuerpos enterrados.

La audiencia que hoy comienza debe contar con la presencia de los alcaldes de los 12 municipios de la zona de influencia de la mayor represa que se construye en el país, de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personeros municipales y, por supuesto, representantes de EPM.

“Lo que nosotros planteamos es que se escuche a todos los involucrados antes de discutir ningún cambio en la licencia ambiental. Por eso, la decisión del movimiento fue inscribirse masivamente y hacer todo lo posible para que se entienda la grave situación de indefensión a la que se está sometiendo a estas personas que, además y antes de ser afectados por Hidroituango, son víctimas del conflicto armado, que ha sido, y es, especialmente violento en el cañón del río Cauca”, concluye Zuleta.