La construcción de Paz: asunto de Estado
La bicentenaria historia republicana de Colombia es una larga estela de conflictos armados empezados desde el mismo momento que se logró, en 1819, la independencia respecto a la colonia española. Es un dato cierto que, en estas dos centurias no se ha podido tener al menos una etapa de dos décadas seguidas de ausencia de confrontación armada entre sus ciudadanos,
En el despunte del presente siglo se intentó, en el gobierno de 2002 a 2010, pacificar o terminar la confrontación armada mediante la negación de su existencia, pero intensificando y priorizando la acción bélica para buscar reducir a los dos movimientos insurgentes nacidos en el año 1964, luego del anterior período de violencia bipartidista concluido con el excluyente Frente Nacional; empero, este propósito no se alcanzó; sin embargo, sus efectos fueron lamentables para la población civil, pues aumentaron los índices del desastre humanitario manifestado en el desplazamiento forzado, despojo de tierras, asesinatos, masacres, amenazas y desapariciones.
En los siguientes dos períodos de gobierno, del 7 de agosto de 2010 al 6 de agosto de 2018, la búsqueda de la terminación del conflicto giró hacia el reconocimiento de la existencia de éste y el establecimiento de escenarios de solución política negociada, lo cual trajo como resultado inicial la firma del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera”, pactado entre el Gobierno Nacional y la otrora guerrilla de las FARC. Además, la apertura de la Mesa de Diálogos de Paz con el aún existente movimiento subversivo del Ejército de Liberación Nacional-ELN, con lo cual el país se abrió a la realización del mandato de la Constitución Política y de la convicción ética de la afirmación de “la Paz como derecho y deber”.
Hoy ya tenemos la definición del nuevo presidente, Iván Duque, quien durante la campaña ofreció que no gobernará con venganza, que no haría trizas los acuerdos como lo había afirmado antes su partido Centro Democrático y que no haría pactos con la corrupción, pero al momento de ir a la segunda vuelta, para lograr su triunfo electoral, lo que hizo fue alianzas con todos los partidos políticos vinculados a la corrupción, a las mafias, y con sujetos asociados a procesos penales por diversas acciones violatorias de los Derechos Humanos, como el ex presidente Álvaro Uribe, acusado, entre otros casos, de los más de 4.000 mal llamados “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales); la paz vuelve a estar en vilo.
Al día siguiente del triunfo electoral el partido Centro Democrático propuso en el Senado aplazar la aprobación del reglamento de la Justicia Especial de Paz-JEP, lo cual, como es de amplio conocimiento, es más que urgente y necesario para que este tribunal especial pueda operar en propiedad, de tal manera que se inicie definitivamente esta instancia que buscará la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas, tanto de hechos cometidos por los insurgentes, como la Fuerza Pública, paramilitares y terceros que esté probada su vinculación a la comisión de delitos en el contexto del conflicto armado.
Con esta estrategia del Centro Democrático, aplaudida por los congresistas que vienen traicionado el Acuerdo de Paz, lo que buscan es que el dicho reglamento de la JEP se haga al amaño del Nuevo Congreso, que empezará sesiones el próximo 20 de julio, el cual se une en mayoría a apoyar el Nuevo Gobierno, que ganó las elecciones mediante la mencionada alianza de la corrupción; con ello, se quiere desconocer que la construcción de la Paz es un asunto de Estado y no discrecional de los gobiernos, menos ahora cuando hay un pacto respaldado por la Comunidad Internacional, puesto que goza de la veeduría del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el apoyo financiero y políticos de diversos Estados y organismos multilaterales.
La Paz en cuanto derecho pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas, al mismo tiempo es un deber de todos y todas vigilar para que no se traicione el actual Acuerdo de Paz, como ha sido costumbre reprochable en nuestra historia nacional. No podemos ser espectadores pasivos de este inaceptable intento del nuevo gobierno, que apenas está electo y no está aún en funciones, pero que permite evidenciar lo que tantas veces se anunció, que quien gobernará será su mentor Uribe, o como Duque lo ha llamado “eterno presidente”; debemos ser imaginativos para que no repitamos la historia del surgimiento de nuevas olas de violencia como respuesta a la perfidia de un pacto de Paz, es hora de ejercer la ciudadanía más allá de las urnas, por ello se debe hacer veeduría eficaz para que se cumpla este Acuerdo, empezando por hacer valer los derechos de las víctimas y no permitir la impunidad de quienes quieren transformar la JEP.
*Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico.
