La guerra a fuego lento

La madrugada del 21 de noviembre de 2017 unos hombres en motocicleta detuvieron en San José del Palmar el bus escalera que hace el recorrido hacia Cartago desde esa región del sur del Chocó. Delante de los pasajeros asesinaron a Ovidio Antonio Galvis y a un muchacho de 17 años llamado Víctor Manuel Medina, ambos eran ayudantes del conductor. Hay una estación de Policía a escasas cuadras del lugar donde los sujetos interceptaron el vehículo, también una base del Ejército a menos de un kilómetro, pero los sicarios escaparon sin problemas. Estos sucesos se sumaron al asesinato de un indígena pocos días antes en el corregimiento de La Italia y a las incursiones de una banda armada en Juntas del Tamaná, jurisdicción del municipio de Nóvita, donde mataron a golpes al minero José Irineo Ibargüen y asaltaron a otros vecinos. Todo parece confirmar la sospecha generalizada de que un ‘nuevo’ grupo paramilitar, autodenominado como “Nuevo Renacer”, intenta penetrar después que las FARC abandonaran la región, un importante corredor cocalero y minero, ahora controlado por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Hasta un caserío sin electricidad ni carreteras del alto río Tamaná llega en bote “Julio” o “Caparrú”, un campesino del suroeste antioqueño de quien se dice que es el segundo al mando del Frente Ché Guevara del ELN, no obstante él pide que lo identifiquen simplemente como el responsable de la comisión del Alto Tamaná. A su cita con los periodistas lo acompaña una veintena de guerrilleros, hombres y mujeres que juegan billar y conversan con los vecinos en la tienda del pueblo. Todos son negros o indígenas, menos él.

“Nosotros bailamos como nos bailen”, dice Julio. Explica que su comisión han respetado el cese bilateral de hostilidades que los negociadores de esa guerrilla pactaron con el Gobierno desde el 1 de octubre hasta este 9 de enero, aunque asegura que el Estado aprovechó el cese para incrementar los operativos del Ejército, realizar incursiones paramilitares y proceder a erradicaciones forzadas de los cultivos de coca. Hubo sobrevuelos de helicópteros sobre su campamento y un desembarco de tropas a un kilómetro; pero, a pesar de la tensión, ambas partes respetaron los protocolos, por eso no hubo enfrentamientos. En otras partes del país se presentaron incidentes graves como el asesinato de un líder indígena por parte de la guerrilla y la masacre de unos campesinos en Nariño por parte de agentes del Estado. Hubo cuarenta incidentes violatorios del cese pero sólo cinco casos fueron tramitados por el Mecanismo de Monitoreo, lo que afianzó la desconfianza entre los insurgentes.

En el Frente de Guerra Occidental, que opera principalmente en Chocó y también en algunos territorios de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, comentan que no están muy conformes con el cese porque relaja la disciplina de los combatientes, aunque lo aprovechan bastante: han recibido a delegaciones de periodistas, han realizado eventos con las comunidades, como el encuentro de San Miguel en el río San Juan donde un centenar líderes de distintas partes del Chocó plantearon sus opiniones frente al proceso de paz, han posteado videos y artículos en internet, o han efectuado entrenamientos militares y cursos de formación, pues intuyen que después del 9 de enero comenzará una arremetida fuerte contra ellos. El ministro de defensa Luis Carlos Villegas prometió “contundencia” en caso de que se reinicien las hostilidades.

El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, encabezado por su jefe histórico Nicolás Rodríguez “Gabino”, manifestó en un pronunciamiento público que las negociaciones no pueden quedar condicionadas a lo que pase después del 9 de enero, lo que se interpretó como la tendencia de la guerrilla a no prolongar el cese bilateral.

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Junto a los ríos Surama, Ingará, Irabubú, y en general en todo el alto Tamaná, las comunidades creen que si la guerrilla llega a abandonar este territorio el caos y la zozobra se apoderarán de la región. “La gente está tranquila porque los elenos están aquí”, dice un habitante de Juntas del Tamaná, “si llegan los paramilitares este pueblo se queda vacío”. Tres líderes de tres consejos comunitarios afrocolombianos de Nóvita coincidieron con esta apreciación, además manifestaron que esperan que las negociaciones de Quito incluyan a las comunidades y que se escuchen sus reclamos. “Está bien que hablen con la guerrilla, pero queremos que vean también los problemas de nosotros, que no pase lo mismo como pasó con las FARC, ahí no se tuvo en cuenta a las comunidades”.

Pablo Beltrán, el jefe de la delegación de la guerrilla en Quito, hizo una visita el 13 de octubre a San Miguel, un pequeño caserío del río San Juan, para socializar los avances del proceso de paz con pobladores y guerrilleros. Un muchacho de la zona se paró entre el público y le preguntó al comandante sobre qué iba a pasar con los territorios si los elenos se desmovilizaban, sabiendo que existe gran presión de las multinacionales por apoderarse de los recursos del Chocó: “¿Cuál es el respaldo que tenemos de ustedes y qué puede esperar la población?”. Beltrán respondió con una fórmula que ya es clásica entre el discurso subversivo: “No se trata de que la guerrilla desaparezca sin que desaparezcan los problemas del país”. Pero esta fórmula tiene interpretaciones diversas que se contraponen: mientras un sector de la insurgencia confía en lograr acuerdos que se cumplan confiando en la buena voluntad del Estado, otros más radicales aseguran que no abandonarán la lucha armada hasta ver las transformaciones estructurales realizadas o, al menos, en marcha, aquello que ha motivado su lucha durante 53 años.

Proponen que las comunidades históricamente excluidas ejerzan el autogobierno y puedan incidir en las decisiones importantes del país

Esta última parece la postura dominante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que agrupa a cuatro frentes guerrilleros y dos columnas móviles en el Chocó, una de las estructuras más grandes y beligerantes de esa guerrilla. El comandante Uriel, su cara más visible y mediática, responde a Colombia Plural un cuestionario por correo electrónico. “Históricamente el ELN sólo le ha apostado a una paz que es con justicia social, incluyente y que garantice la vida digna para las mayorías excluidas”, puntualiza. “Ningún eleno le apuesta a un modelo de paz diferente. Sabemos que lo que está en juego en Quito son dos visiones de paz antagónicas; la nuestra, que es la misma de los sectores populares y las mayorías, y la del gobierno, que es la paz neoliberal”.

Uriel sostiene que el modelo de país que plantea el ELN es opuesto al del establecimiento. Si se mira el Chocó, por ejemplo, los elenos proponen todo lo contrario a lo que propone el Estado: que sea la gente quien administre los inmensos recursos del departamento, que vivan de la madera, la agricultura o la minería, siempre y cuando la ganancia no sea el paradigma y con “criterios para regular de manera conjunta con las comunidades estas actividades económicas, tratando de reducir su impacto ambiental”. Proponen que las comunidades históricamente excluidas ejerzan el autogobierno y puedan incidir en las decisiones importantes del país. Proponen que se desmilitaricen los territorios.

En el frente que lidera Uriel han sido críticos con el cese porque consideran que “se ha utilizado por la contraparte para sacar ventaja militar y territorial”. El comandante del ELN cuenta que en la región del medio Atrato los choques con los paramilitares fueron permanentes todo el año 2017, antes y después del cese. Sobre las supuestas diferencias del Frente Occidental con el Comando Central de la organización, Uriel asegura que son falsas. “Creemos que hacen parte de una matriz mediática que han posicionado los medios masivos de comunicación y de la que se hace eco cada que se puede. Nosotros hemos sido claros en que las cosas no son así; y no solamente en el discurso, sino a través de los hechos; a pesar de esto, en la opinión pública se insiste en dichas especulaciones”. No obstante, está claro que los diálogos de Quito han sufrido varios tropiezos por acciones del Frente Occidental, por ejemplo, los secuestros con finalidades económicas, el asesinato del dirigente indígena en el río Baudó, o los retrasos y roces previos a la liberación del político chocoano Odín Sánchez, quién estaba en poder de esa guerrilla.

“Hubo unos choques por lo de Odín Sánchez”, explica Julio cuando se le pregunta sobre el asunto, “ese tema fue muy escandaloso”. Al igual que Uriel, Julio asegura que no hay diferencias de fondo con la organización y la prueba de ello fue que pararon las hostilidades. “Cuando nuestro comandante Gabino habló anunciando el cese, dijo que todas las fuerzas del ELN iban a cumplir. Y acá estamos cumpliendo. Aquí hay una unidad de mando”.

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En septiembre del 2016 un gran operativo militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán penetró en la cuenca alta del río Tamaná. Los soldados dinamitaron 14 retroexcavadoras que eran utilizadas para la minería. Muchos campesinos habían alquilado lotes de sus fincas para que los mineros trabajaran, o barequeaban en las vegas abiertas por las máquinas, por eso buena parte de la economía de la zona dependía del oro. La destrucción de las máquinas generó riesgos de desplazamientos por hambre y creó una crisis económica de la que aun no se recupera la zona. Y este año apareció en el horizonte la amenaza de la erradicación forzada de los cultivos de coca, el otro pilar económico de esta amplia región del Chocó. Para los habitantes del Tamaná aquellas no son operaciones contra la minería ilegal ni contra las grandes mafias del narcotráfico, como suelen presentarlas en los noticieros, sino agresiones directas contra ellos, los pobladores de uno de los departamentos más pobres del país.

“Si nos quieren desarmar, pues denle empleo, salud, educación a la gente… así ¿quién se va a venir a la guerrilla?”

La guerrilla entonces aparece como protectora e impone su ley en lugares apartados donde soluciona problemas que corresponden al Estado; cuestiones tan simples como la seguridad frente a bandas de atracadores que saben que por las trochas se transporta oro y dinero en efectivo, bandas que ellos han capturado y “ajusticiado” según sus propias palabras, o imponen a los mineros impuestos y colaboraciones para obras comunitarias como el mejoramiento de escuelas, carreteras, o puentes colgantes sobre los ríos. Fueron los mineros del alto Tamaná, presionados por la guerrilla y las comunidades, quienes de su bolsillo arreglaron una iglesia consagrada a San Onofre, realizaron varias obras de infraestructura básica y colaboraron para reparar la desastrosa e inconclusa carretera entre Cartago y Nóvita. Conviene aclarar que el Gobierno nunca la terminó: a la vía le siguen faltando medio centenar de kilómetros que jamás se abrieron y por eso un tramo del recorrido debe hacerse en bote por el río, que es peligroso y con frecuencia se cobra algún ahogado.

“El pueblo nos dice que no nos desmovilicemos, que no los dejemos solos”, asegura Julio. “Ellos temen que los paramilitares los acaben”. Para los guerrilleros, el pueblo, ese concepto tan ambiguo y nebuloso, es la gente de esos pequeños caseríos entre la selva profunda, son sus propias madres o primos o hermanos, que sólo conocen del Estado los cercos militares y algún que otro programa institucional que llega con intermitencias y enormes dificultades. “Cuando veamos que hay un gobierno junto al pueblo, cuando veamos salud, empleo, educación, electrificación, cuando veamos que los niños no están durmiendo en las calles, entregamos las armas porque no hay necesidad de hacer la revolución”, prosigue Julio. “Si nos quieren desarmar, pues denle empleo, salud, educación a la gente… así ¿quién se va a venir a la guerrilla?”.

El 9 de enero se sabrá si las negociaciones continúan en medio de la tranquilidad relativa que supone el cese o si, por el contrario, se reanudan las hostilidades. Durante los días que visitamos la región, la última semana de diciembre, se oyó decir que un grupo de las autodefensas andaba apostado por el río a poco más de una hora en bote del punto donde se encontraba Julio con su comisión de guerrilleros. Julio, que en la época de Uribe pasó cinco años esquivando los operativos militares en el monte sin ver un poblado, se despide diciendo que quiere aprovechar la tarde para darle al billar con sus muchachos: “Quién sabe cuando más pueda volver a jugar”. La guerra sigue a fuego lento, por ahora.