La Habana, tres jornadas de debate, voluntad y buenas palabras

Mientras la delegación analiza en Cuba, en Colombia saltan otras propuestas, el papel del Congreso y la voz del Poder Judicial

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC-EP en La Habana cumplen tres días de reuniones. Hasta ahora ninguna declaración oficial de fondo, únicamente mensajes de voluntad de negociación y buenas palabras. El mensaje que se quiere hacer llegar desde Cuba es el de la mayor disposición por ambas partes y el de que todas las propuesta -445 dijo el presidente- serán revisadas y analizadas. Mientras, en Colombia siguen los debates públicos y la aparición de propuestas/salidas a la situación creada tras el pírrico triunfo del ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre. La última la del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, que ha enviado una propuesta al Gobierno para que no se convoque a un nuevo plebiscito y sea el Congreso el que refrende los nuevos acuerdos. Mientras, las víctimas -en una carta firmada por 66 de ellas- piden que no se saque del acuerdo en enfoque de género ni se modifiquen las disposiciones sobre la Comisión de la Verdad y el Sistema de Justicia. Además, Corte Suprema pide jueces colombianos para Tribunal Especial para la Paz.

“Cerca a definir acuerdo recogiendo inquietudes de gente del común: abstencionistas, del ‘No’ y del ‘Sí”, eran las palabras de Timoleón Jiménez, Timochenko, en su cuenta de twitter, mientras que las FARC decían: “Tercer día de reuniones para discutir propuestas ciudadanas. Avanzamos con el ánimo de llegar a un acuerdo. “Empieza una semana definitiva para La Paz. Trabajemos todos en torno a este objetivo superior”, era el tuit de Pablo Catatumbo. “Diálogo constructivo” y “Avanzamos con el ánimo de llegar a un nuevo acuerdo”, ha sido el mensaje del twitter del Equipo de Paz del Gobierno.

Al inicio de este martes, Pablo Catatumbo integrante del Secretariado Nacional de las FARC y en la mesa negociadora seguía optimista: “Hay avances en esta nueva etapa de conversaciones. Vamos por mayores consensos y por la pronta implementación de los acuerdos”.

 

En declaraciones a El Espectador, el senador Iván Cepeda, presente en el equipo de La Habana ha asegurado que ambas partes tienen la firme intención de incluir al máximo las propuestas enviadas por los ciudadanos. “Hay un esfuerzo con gran voluntad para llegar muy pronto a un nuevo acuerdo”.

Y es que la premura también planea sobre la agenda de La Habana. Así lo demuestran no solo las palabras del domingo del presidente Juan Manuel Santos, “el tiempo apremia”, sino el envío de otros tres negociadores a La Habana: el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo.

Refrendo en el Congreso

La propuesta del presidente del senado surge en el debate abierto sobre si se deberá convocar o no un nuevo plebiscito que refrende los acuerdos que surjan de esta renegociación y de quienes hablan de cabildos abiertos. Para Mauricio Lizcano la nueva refrendación la debe adelantar únicamente el poder legislativo. “El escenario para refrendar un nuevo acuerdo debe ser el Congreso de la República. Allí están los líderes más connotados del ‘Sí’ y del ‘No’. Me parece que un nuevo plebiscito es un salto al vacío, polariza aún más al país y nadie garantiza que el resultado sea positivo”, señaló Lizcano este lunes en el foro ‘La paz es posible’, promovido por ese claustro, EL TIEMPO, el PNUD (Naciones Unidas) y la fundación Hanns Seidel. Para el congresista de La U hay tres temas en particular que deben pasar por las manos del Congreso para su aprobación: la ley de amnistía para guerrilleros, la justicia transicional y los puntos relacionados con la participación en política.

En este mismo foro, el fiscal Néstor Humberto Martínez, reclamó voz para el poder judicial en lo relativo a la justicia transicional contemplada en el acuerdo. En este sentido apuntó dos imprecisiones, la falta de certeza de que los expresidentes no puedan ser investigados en estos tribunales de paz y el “limbo” jurídico que, a su juicio, existe para los desmovilizados de las FARC entre la justicia ordinaria y la jurisdicción transicional. “Si la Fiscalía captura mañana unas personas de las FARC que ni están en las zonas de concentración, ni de consolidación de donde se iban a desmovilizar, qué va a hacer la Fiscalía si están en este limbo, de una se trasladaría el caso a la jurisdicción ordinaria”.

Y no solo los defensores del ‘No’ han incluido propuestas en esas 445 que han llegado a La Habana. La senadora Claudia López, una férrea defensora del ‘Sí’ en la campaña ha planteado algunos cambios entre los que plantea derechos políticos progresivos para las FARC. “Es decir, que no se presenten en las elecciones del 2018 quienes estén purgando penas por delitos de lesa humanidad”. Para las elecciones del 2018 y para el siguiente periodo legislativo, los acuerdos garantizaban a las FARC 10 curules (5 en Senado y 5 en Cámara) y no se descartaba que en esas elecciones participen algunos de sus líderes históricos.

También la Corte Suprema ha hecho sus propios planteamientos, y la Sala Penal entregó este lunes ante la Presidencia una serie de propuestas para la revisión de la jurisdicción especial para la paz porque a su juicio es necesarios revisar la forma de elegir a los magistrados que harán parte de este Tribunal Especial para la Paz y la necesidad que estos sean colombianos de nacimiento, rechazando la propuesta de magistrados extranjeros.

La voz de las víctimas

Entre las propuestas debatidas en La Habana también están las de las víctimas que han elaborado un documento con los asuntos del acuerdo que consideran inamovible. Uno de ellos es el enfoque de género. No quieren que sea eliminado porque es una vía que permite reconocer y superar las condiciones históricas de discriminación y víctimización que han vivido comunidades como la LGBT.

La carta firmada por las 66 víctimas reclama que se mantenga la Comisión de la Verdad y el Sistema de Justicia tal y como se planteó durante los años de conversaciones y rechazan que las medidas humanitarias se centren, como han propuesto sectores de la oposición, en posiciones políticas, religiosas o partidistas. Reclaman que se establezca un mecanismo de participación de las víctimas en los procesos de justicia para fijar “medidas restaurativas adecuadas para entender el daño y a nutrir la verdad procesal que se pueda encontrar”.