“La movilización social se va a volver vital”

“Es un momento otra vez para salir a la calle de manera muy creativa, muy pacífica, muy inteligente y es un momento para la audacia, para la movilización y también para resistir en la paz. La movilización social se va a volver vital”. El vocero del Movimiento Voces por la Paz, Jairo Rivera alerta de los riesgos del fallo de la Corte Constitucional que ha anulado dos puntos del Acto Legislativo que daba salida al Fast Track y que básicamente implica que cada punto del acuerdo entre el Gobierno y las FARC puede ser debatido, renegociado y modificado en el Congreso . Tras la sentencia de la Corte las voces de alerta se han disparado. Senadores, movimientos sociales, colectivos de juristas y las propias FARC también han lanzado a la opinión pública sus temores: “Ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio”, decía la guerrilla en un comunicado.

Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Gobierno ya no podrá adelantar en el Congreso mediante el fast track (vía rápida) los proyectos de ley que hagan posible la implementación de los acuerdos, lo que deja en la incertidumbre la posibilidad de “que se pueda cumplir el procedimiento legislativo especial para la paz”, expresó Rivera.

El vocero del Movimiento Voces de Paz cree que el fallo de la Corte, además, “genera una sensación de incumplimiento de lo pactado” en el momento en el que las FARC está próxima a cumplir el día D+180 con el que finaliza el proceso de dejación de armas. Para Rivera no solo se le está incumpliendo a las FARC sino, sobre todo, a las comunidades a quienes están dirigidos los acuerdos.

De ahora en adelante los congresistas podrán debatir y votar punto por punto las propuestas encaminadas a materializar los acordado en La Habana en cuatro años de negociación, lo que significa mayor tiempo en las discusiones y en la aprobación de las leyes necesarias para la implementación.

Para las FARC el fallo “contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo, como ha sido intención y manifestación declarada de los sectores de la ultraderecha que tienen asiento en esa corporación”.  El documento firmado por el Secretariado de las FARC -cuyas zonas veredales y campamentos se han declarado en asamblea permanente tras el fallo-  afirma que “se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana”. La guerrilla ha pedido “un diálogo con todas las fuerzas políticas sociales con el fin de lograr un acuerdo político nacional”.

Permitir el debate para que cualquier proyecto de ley que presente el Gobierno pueda ser discutido punto por punto es una puerta abierta para que algunos partidos “presenten miles de proposiciones absurdas que no pretenden mejorar ningún acuerdo, lo que pretenden es hacer trizas la paz que fue lo que anunciaron en boca del presidente honorario del Centro Democrático, Fernando Londoño Hoyos”, comentó el senador Roy Barreras, uno de los mayores defensores del proceso de paz que pone fin al conflicto armado de medio siglo entre las FARC-EP y el Gobierno.

Si bien el senador del Partido de la U reconoce que la nueva realidad va a hacer más demorado y complejo los trámites en el Congreso, Barreras también lanzó un mensaje de tranquilidad y aseguró que “el Congreso va a mantener sus mayorías. Así como hay quien ponga palos en la rueda también hay quien defienda la paz”.

Ante los retos que plantea la construcción de Paz en Colombia, el llamado que hace Jairo Andrés Rivera es a que los colombianos salgan a la calle y se movilicen de manera contundente dado que este es un “momento, un tiempo donde la movilización social se va a volver vital” para defender el Acuerdo de Paz.

La sentencia de la Corte

Los numerales anulados son el H y J del acto en donde se planteaba, por un lado, que todas las modificaciones que se hicieran a proyectos de ley o actos legislativos tenían que respetar lo planteado en el Acuerdo Final y, además, para tramitarse tenían que tener el aval del Gobierno. Para la Corte Constitucional supone una sustitución de poderes que el Gobierno tuviera la potestad de dar estos avales. También se acaba con la disposición que establecía que en la comisión y en las plenarias se decidiría sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno, en una sola votación. La decisión de la Corte modifica este sistema y establece que se tendrá que votar artículo por artículo y modificación por modificación.