“La izquierda es conservadora, aún es una izquierda prometida”

El ibaguereño Jairo Rivera se forjó en las luchas estudiantiles de principios de siglo en Bogotá, donde cursó Ciencia Política en la Universidad Nacional. Tras pasar por el secretariado de la Federación de Estudiantes Universitarios y participar desde ese puesto en la fundación del movimiento Marcha Patriótica, Rivera aterriza en la política parlamentaria a través de Voces de Paz, con la difícil labor de formar parte de la representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Congreso sin hacer parte de la guerrilla.

Un viaje a La Habana con la Federación de Estudiantes le vinculó con más fuerza al proceso de paz y de ese vínculo llegó a “una experiencia de otro mundo”, la de conocer a otra gente, los mandos medios de las FARC, las bases guerrilleras. Hace cuatro meses el proceso de Voces de Paz no estaba ni en su cabeza “ni en la de mucha gente”, pero el plebiscito precipitó su nacimiento y la necesidad de articular un bloque en defensa de quienes habían votado Sí. “Todo lo de la agrupación lo construimos nosotros pero, obviamente, sale de los acuerdos y los primeros interesados son los miembros de la guerrilla, porque es la representación que ellos no pueden hacer durante este tiempo, el tiempo en el que siguen en armas”.

Aunque este grupo político es una “cuestión transitoria”, Rivera no descarta participar en la futura plataforma política de las FARC. Le apuesta a la paz como el eje en torno al que construir el futuro y renovado proyecto de una izquierda colombiana a la que considera “anclada al paradigma de los años 60”. Acompañado por su escolta, al que Jairo considera su “ángel de la guarda”, charlamos con él, en una céntrica cafetería en el barrio bogotano de La Macarena, sobre el proceso de paz, el futuro de las FARC y los nuevos proyectos políticos que se están estructurando en Colombia de cara a las elecciones del próximo año. Reconoce que la izquierda en Colombia es conservadora – “sigue siendo una izquierda prometida”- sin que haya sabido construir su propio camino como lo han logrado países como Bolivia o Ecuador. En ese escenario las FARC apuestan, dice, por un movimiento amplio, pero hay una fuerte carga simbólica que hará difícil ese camino.

Rivera alerta de la violencia política y de los asesinatos de líderes y lideresas a manos de paramilitares: “Si la dimensión de lo que está sucediendo es similar a lo que paso con la UP, el proceso de paz no solamente va a fracasar, sino que va a fracasar una oportunidad de oro para la sociedad”.

– ¿Qué recorrido tendrá Voces de Paz?

Nosotros somos una cuestión transitoria, pero tenemos una tarea muy importante en un tiempo limitado, que es hasta la dejación de armas y la fundación del movimiento político de las FARC en unos seis o siete meses.

– ¿A partir de ese momento ustedes se harían a un lado y dejarían ese espacio al partido que funden las FARC?

Exacto, nosotros estamos haciendo el aprestamiento, que es como abonar el terreno para que se den las condiciones políticas e institucionales, pero también para que ellos lleguen en las mejores condiciones posibles.

– ¿Se podrán integrar en el movimiento que formen las FARC?

Claro, existe esa posibilidad, pero no estamos obligados. No se ha planteado todavía, pero es, obviamente, una posibilidad. Ellos tendrán su congreso. Ellos tienen la idea de hacer una suerte de movimiento amplio, pero tienen la dificultad de que en el estado en el que están no les va a quedar fácil cumplir esa promesa de atraer a gente más allá de sus bases o de gente cercana de la izquierda. Obviamente hay una carga simbólica muy fuerte.

– ¿Cuál debe ser la estrategia de la izquierda, en su sentido más amplio, para una Colombia sin guerrillas?

Esa es la discusión de oro. La izquierda colombiana también es muy conservadora en realidad. No es una izquierda progresista en el sentido de que la gran mayoría, aunque haya sectores progresistas, sigue anclada al paradigma de lo que fue nuestro hito, que fueron los años 60. En América Latina los 60 revisten para las izquierdas una importancia particular porque fueron los años de la Revolución Cubana, los años de las emergencias de las guerrillas de liberación nacional, fueron los años de un paradigma de construcción de alternativa que no logró triunfar. Nuestros proyectos alternativos, más allá de ese paradigma de los 60, no han logrado construir su propio camino en Colombia como lo han logrado en Bolivia, en el Ecuador o en otros lados.

“La sociedad colombiana es una sociedad que le gusta el chafarote, una cultura mafiosa fuertemente arraigada”

En Colombia la izquierda sigue siendo una izquierda prometida, la promesa de que la izquierda va a construir una perspectiva con vocación de poder. Y, en realidad, la sociedad colombiana, más allá de las clases medias urbanas y sectores muy reducidos que tienen ideas progresistas, es una sociedad que le gusta el chafarote, una cultura mafiosa fuertemente arraigada. Uno va a la tienda de la esquina y le dicen: “Uribe es un tipo que sí tiene los pantalones bien puestos”. Lo malo de la sociedad colombiana no es que no sepa y que por eso es que Álvaro Uribe ha podido hacer, es que la gente lo sabe. Lo intuye por lo menos. Pero lo legitima: “Uribe es un asesino, pero es el mejor presidente que ha tenido este país, porque hizo lo que tenía que hacer”. Ese fenómeno fanático de derecha, fuertemente arraigado en los sectores más populares, es algo que nosotros todavía no hemos tenido la posibilidad de disputarnos porque no hemos interpretado el ADN de un país que desconfía profundamente del Estado. Es decir, aquí un proyecto estado-centrista tiene todas las de fracasar. La gente no quiere que le digas: “Te voy a dar salud, educación, vivienda y subsidios”. Es un país donde la cultura paisa, el “lo que yo no haga por mí, nadie lo va a hacer”, tiene una relevancia muy fuerte. Para poder crear un proyecto transformador tú tienes que partir de ahí para disputarte el sentido común de un país que está muy lejos del estereotipo del país del estado del bienestar o algo parecido.

– ¿Puede convertirse la paz en el nuevo paradigma para la izquierda?

En mi opinión, estos acuerdos de paz y lo que suceda con el ELN son una oportunidad para eso. Para renovar esa perspectiva de la izquierda y para sacarla adelante en esa vía, es decir, que se pueda dar un proyecto progresista con mucha fuerza en Colombia, anclado fuertemente a las organizaciones sociales y en resolver cosas estructurales de nuestro conflicto social, como el problema de la tierra. Todo eso entra en disputa en este momento y, en mi opinión, la forma en que la izquierda puede actualizar ese programa y esa posibilidad es hacer de la paz un proyecto político.

– Mientras tanto… ¿es viable la estrategia del Gobierno de transición?

Yo no comprendo todavía muy bien la dimensión de la propuesta de ‘Timochenko’, pero lo que creo que está ahí de fondo es la idea de un tránsito entre un estado de guerra y de un estado de paz. Puede sonar muy básico, pero es una realidad. En Colombia, toda la institucionalidad del Estado, durante décadas, ha estado diseñada alrededor de la lógica de la guerra. No solo del Ejército y de las fuerzas armadas, sino desde la lógica del trabajo, de la educación, porque el maestro rural tiene unas condiciones especiales, pasando por la de la salud, porque el Estado nunca llegó con el hospital sino que llegó fue con el ejército.

“Lo que creo que está ahí de fondo es la idea de un tránsito entre un estado de guerra y de un estado de paz”

Esa transformación ya es, en este país, un cambio gigantesco. Implica que tú ubiques en otro lugar el centro de la cosa pública, que ya no va a ser el conflicto o que ya no va a ser inventarte a un nuevo enemigo para tener así a la sociedad cohesionada alrededor de un estado de guerra permanente, sino que te queda construir un estado de derecho, bajo otras condiciones, y eso es vital en este país. Obviamente eso no es un proyecto de gobierno de izquierda, ya que estamos en una sociedad fuertemente conservadora, pero si un gobierno que entienda esa perspectiva modernizadora y camine en esa ruta y no se vuelva hacia la prehistoria de guerra que tenemos en Colombia.

– Fuera de esta propuesta de ‘Timochenko’ están apareciendo otros proyectos, como el de Claudia López.

Todo esos son esperanzas que surgen y para mí, en particular, ojalá que surtan efecto, que despeguen y ojalá que tengan fuerza. Vamos a ver qué tanta tienen. Creo que ahora estamos en un estado de incertidumbre muy alta como para decir que en 2018 hay una opción alternativa que tiene verdaderas posibilidades de llegar. Ojalá se construya porque lo que es claro es que aquí predominan las redes de clientelismo y por eso el candidato con más opciones es el que reparte casas y vías durante mucho tiempo a nombre del estado: el vicepresidente Vargas Lleras.

–¿Qué balance hacen hasta ahora de su actividad en el Congreso?

Hasta el momento es positivo, porque se ha logrado sacar adelante la agenda de implementación legislativa. Pero se vienen retos más difíciles. Uno va a ser la reincorporación (de la guerrilla), que logísticamente tiene ya unas dificultades, como las casas que tienen que ser construidas para los guerrilleros o que la comida no llegue podrida. El imaginario que se construyó después del plebiscito es muy negativo para que la gente le tienda la mano a la insurgencia, para decir: “Vengan acá, desármense y vengan a la sociedad civil”. Nosotros tenemos también la labor de ayudar en ese proceso. No es fácil y tampoco está ya en el centro de la agenda.

– ¿En qué fase se encuentra la amnistía?

La amnistía ya está en vigencia, lo que pasa es que tiene dos partes. Una cubre a los que están vinculados a delitos políticos como la rebelión, que pueden salir ya. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no está funcionando aún, pero ya están las solicitudes hechas y la gente con delitos políticos, podría salir en mes y medio o dos meses. Ya está dándose el tránsito de los que están en las cárceles a las Zonas Transitorias Veredales de Normalización (ZTVN), siempre que sean guerrilleros. Hay otros que están vinculados a rebelión sin ser guerrilleros, que serán amnistiados, pero no irían a las ZTVN.

El resto tienen que esperar a que la JEP establezca cuál es su situación jurídica. El tribunal de paz decidirán quién sale, cómo sale y si sigue siendo investigado o no. La mayoría de personas van a salir, pero van a seguir siendo investigados y tendrán que ir al tribunal especial de paz.

– ¿Qué piensa de las críticas de Human Rights Watch sobre una impunidad demasiado laxa, también para los militares?

Yo la comparto, porque es verdad. La JEP que salió de los acuerdos no contiene esos elementos. Los acuerdos decían que todos los actores van en igualdad de condiciones a decir la verdad y a pagar sanción en función de la verdad que compartan. La verdad tiene que ser total, no parcial. Tú empeñas tu verdad y, si esa verdad no es completa o si esa verdad sencillamente no corresponde con la investigación, tú vas a la justicia ordinaria y pierdes el beneficio. Lo que está pasando ahora es que, después de la negociación con las FARC, el Gobierno negoció con las Fuerzas Militares otros criterios para la JEP y esos otros criterios adicionales están en la vía para la crítica que hace [el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia] Todd Howland. La idea es que tú como Estado no te puedes perdonar a ti mismo por lo que hiciste. Tienes que responder porque las únicas víctimas no son las de la guerrilla, también hay víctimas del Estado.

“Tú como Estado no te puedes perdonar a ti mismo por lo que hiciste. Tienes que responder porque las únicas víctimas no son las de la guerrilla”

Entonces hay cosas que son efectivamente problemáticas y que van a entrar a ser estudiadas y controladas por la Corte Penal Internacional en cuanto al perdón a los militares. Nadie está en desacuerdo con que haya un tratamiento penal especial para los militares, está bien, pero en las mismas condiciones: Aporte la verdad, reconstruyamos el relato de lo que pasó en el conflicto y cuéntenos quienes fueron los máximos responsables.
Si eso no sucede, no se satisface el requisito de memoria y queda una suerte de verdad a medias que repercute en los derechos de las víctimas. Sin embargo, todavía no sabemos cómo va a quedar el proyecto final de la JEP, ojalá no quede eso porque daña la concepción inicial.

– ¿Cómo puede modificarse la JEP?

La pueden modificar los ponentes y se puede modificar a través de proposiciones de los congresistas que el Gobierno acepte. Pero como finalmente quien vota es el Congreso, si los congresistas le hacen mayoría a una u otra proposición… Es complicado, pero es posible.

– ¿En qué se diferencia este proceso con el que se hizo con la desmovilización de los paramilitares?

La diferencia es total en todos los aspectos. El aspecto jurídico, en el aspecto político y en el aspecto de nuestra cultura política. En el aspecto jurídico el modelo de los paramilitares no modificó la justicia ordinaria y se basó en audiencias públicas en las que el paramilitar no estaba obligado a decir la verdad. Cuando los beneficios judiciales iniciales se comenzaron a pedir por parte de los mandos paramilitares, lo que se hizo fue extraditarlos y sacarlos del proceso y los que quedaron acá entendieron el mensaje y no contaron nada. Nosotros nunca supimos acá de boca de ellos, lo sabemos por estudios y por lo que cuentan las comunidades, de dónde venía el fenómeno paramilitar, quién lo financio, quién estaba detrás de él, para qué eran, etcétera. Se creó un patrón de impunidad muy fuerte que se propicia desde el mismo diseño institucional del proceso de paz con los paramilitares.

Políticamente, porque el proyecto no siguió ese proceso. Fue un proceso casi a puerta cerrada, que además tuvo un pacto político, el de Ralito, que llamaba a refundar la patria alrededor del anticomunismo. Eso significó un proceso de paz entre amigos y no entre enemigos y un ocultamiento de la verdad sobre el fenómeno paramilitar.

Y tercero, se generó un ambiente donde se le dijo a los colombianos que el paramilitarismo había sido un mal necesario. Que habían sido necesarias las masacres, las torturas… porque había una guerrilla muy arrogante que se quería tomar el poder y que la única forma de derrotarla era con el fenómeno paramilitar. Cuando en realidad casi no hubo combates entre los paramilitares y las FARC. Es decir, a la guerrilla la combatía el Ejército, y los paramilitares se encargaban de darle a la gente.

“Este proceso de paz tiene diferencias enormes (con el de los paramilitares). Lejos de ser una paz entre amigos, es entre enemigos”

Este proceso de paz tiene diferencias enormes. Se ofrece una justicia de paz restaurativa, no punitiva, se basa en el esclarecimiento de la verdad para construir la conciliación y, lejos de ser entre amigos, es entre enemigos. Gente que se dio durísimo está buscando caminos de entendimiento, lo cual significa una transformación, por lo menos de esos actores institucionales, de su cultura política, de sus prácticas políticas, que en Colombia no habíamos visto en mucho tiempo. Eso no quiere decir que sea exitoso, pero por lo menos su diseño es distinto.

– Dice que la red que instauró al paramilitarismo sigue en activo ¿Es esta red responsable de los asesinatos de líderes políticos que se estamos viendo?

Eso es lo más preocupante de todo, porque es el síntoma de la persistencia de la violencia política y aún no sabemos hasta qué punto es sistemática. Sabemos que son grupos paramilitares, eso es claro, sabemos que muchos de ellos están vinculados con sectores del Ejército que lejos de querer la paz están enquistados en una lógica de la guerra de los territorios de la cual no solo se sustentan económicamente, sino con la cual apoyan poderes locales políticos que subsisten… pero la dimensión del asunto todavía no está clara y eso es muy preocupante. Porque si la dimensión de lo que está sucediendo es similar a lo que paso con la UP, el proceso de paz no solamente va a fracasar, sino que va a fracasar una oportunidad de oro para la sociedad colombiana.

– ¿Qué se puede hacer, dada la aparente falta de respuesta por parte del Estado?

Por ahora lo que hay que hacer es sacar adelante este acuerdo, que tiene herramientas frente a eso, y darle toda la legitimidad posible para que las herramientas que hay ahí no se queden en la institucionalidad ausente e inoperante, sino que la gente empiece a exigir que no se mate más a los líderes campesinos y sociales en los territorios. Pero es un estado al cual todavía no hemos llegado y que está por hacer.