La negociación con el ELN:
el dilema semántico

El 21 de septiembre de 2016, dos meses antes de que se firmara el acuerdo definitivo de paz con la guerrilla de las FARC, el entonces presidente Juan Manuel Santos subió al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas y dijo sin empacho: “Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas, en el Día Internacional de la Paz, para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado”.

Pero la guerra –las guerras- no han terminado. De hecho, la definición de guerra es clara: “Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación”. Y se ser así, en Colombia hay muchas guerras en marcha.

Cuando se agotaba el tiempo del Gobierno de Juan Manuel Santos se hizo un sprint para tratar de conseguir un segundo cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la mesa de conversaciones que sesionaba en La Habana. Uno de los mediadores confesaba a Colombia Plural que parte del problema –solo parte- es que los militares colombianos “siguen sin reconocer que en el país hay guerra”. La semántica entró de lleno en el conflicto armado con el Plan Colombia y se volvió pieza angular de su gestión durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe. Veamos el caso concreto de ese esfuerzo para conseguir el cese al fuego: si para los militares colombianos no hay guerra no son aplicables las normas internacionales de la guerra (el Derecho Internacional Humanitario, por ejemplo), pero el ELn insistió hasta el último instante que los protocolos del cese al fuego debían estar regidos por el DIH. El encontronazo semántico –que es político- se tradujo en frustración.

Hoy, a unas horas de conocer la decisión de Iván Duque sobre el futuro del proceso con el ELN –atropellado desde el principio- el enredo vuelve a tener tintes semánticos: la guerrilla “retuvo” a militares y contratistas del Ejército y para liberarlos, en el marco de la guerra, pide acompañamiento internacional y protocolos de liberación, pero el Gobierno considera que en Colombia, donde “no hay guerra”, esas “retenciones” son “secuestros” y ceder a las peticiones de la guerrilla «podría parecer a que se está negociando y el gobierno nacional no negocia secuestros. El ELN debe liberar los secuestrados bajo su responsabilidad”, como dijo esta semana Miguel Ceballos, el nuevo Alto Comisionado de Paz.

Ya se han producido tres –la de los militares capturados en Arauca- aunque todavía quedan los que fueron privados de libertad en el Chocó. Las liberaciones se deben producir en zonas de guerra –porque guerra hay-, donde múltiples grupos armados actúan y a eso se aferra el ELN. El comandante Uriel, del Frente de Guerra Occidental, decía estar dispuesto a la liberación unilateral pero retaba, en un mensaje este martes, a que si “es cierto lo que el Gobierno afirma de que hay condiciones, lo instamos a que indique públicamente en que parte del medio y bajo Atrato se han suspendido las operaciones militares para facilitar la liberación”. El comandante Aureliano Carbonell, segundo de la delegación de paz del ELN, confirmaba horas antes la intención de iniciar las liberaciones de forma unilateral pero advertía: “Responsabilizamos a las Fuerzas Armadas estatales por cualquier incidente fatal que se pueda presentar en estas operaciones humanitarias. De nuestra parte haremos todos los esfuerzos para que ello no ocurra”.

La semántica es un arma de guerra y el problema es que por culpa de ella ésta puede ir a más.

Relato de la frustración

Las negociaciones clandestinas con el ELN empezaron en 2012, de manera paralela a las que ya eran públicas con las FARC. El 30 de marzo de 2016, Gobierno y ELN llegaron a un acuerdo sobre la agenda para conversar y anunciaron que en octubre comenzaría la fase pública en Quito. Una vez más, una “retención”-“secuestro” se interpuso en el proceso –esta vez la del ex gobernador del Chocó, Odín Sánchez- y las conversaciones no se instalaron hasta el mes de febrero de 2017. Demasiado tarde para el Gobierno de Santos, demasiado pronto para los guerreristas que niegan la guerra.

Quizá en la ecuación de la frustración se encuentre el pensamiento de fondo de las élites del país. Un experimentado periodista que estuvo cerca del proceso de negociación con las FARC, explica cuál era la lógica del entonces Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. “Él estaba seguro de que el ELN debía suscribir el acuerdo que se firmara con las FARC con leves ajustes. Se la jugaban todo a esa hipótesis y eso demuestra que conocían poco al ELN… o que lo despreciaban como interlocutor porque pensaban que la única guerrilla era las FARC o porque se comieron el cuento del uribismo de que todos los problemas de Colombia se acababan con el fin de las FARC”.

En el año y medio de negociaciones se produjo otra suspensión de varios meses, cuando terminó el cese al fuego bilateral que estuvo vigente de octubre de 2017 a enero de 2018 y el ELN retomó las acciones bélicas de inmediato con un atentado urbano en Barranquilla que dejó 5 policías muertos. Cuando se reanudó, dos circunstancias volvieron a ralentizar lo que ya iba a un ritmo muy lento: Santos decidió cambiar todo su equipo negociador, lo que provocó cierto desconcierto en la mesa, y el nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tiró de agenda política interna y, ante la situación de crisis de seguridad en su frontera con Colombia –que nada tenía que ver con el ELN- anunció que Quito ya no sería más la sede de las negociaciones. Corría finales de mayo de 2018 y el proceso se interrumpió varias semanas hasta que se confirmó que Cuba acogería la mesa, como hizo con la de las FARC.

Lo demás, es historia reciente, una campaña electoral agotadora, un presidente saliente –Santos- más concentrado en su futura agenda como Nobel de Paz que en sacar adelante el proceso y un presidente entrante, Iván Duque, que antes de encontrarse con la disculpa semántica del “secuestro” ya había puesto condiciones imposibles para seguir negociando.

Lo posible

Duque dijo en campaña, y repitió como presidente, que tiene toda la voluntad de “paz” posible. Pero la semántica vuelve a atragantársele a Colombia. ¿De qué paz habla cada equipo que se sienta en la mesa de conversaciones?

Duque habla de la concentración de todos los guerrilleros y guerrilleras del ELN en alguna zona de Colombia donde entregarían las armas bajo supervisión internacional y entonces, sólo entonces, estaría dispuesto a negociar bajo el principio de moda: Desarme, Desmovilización y Reinserción. Quitándole adornos semánticos y frialdad a las siglas, en este caso el DDR significa la rendición del ELN y su reintegración a la vida legal de algún modo. Nada más (y nada menos.

Para el ELN la paz, como han explicado de mil maneras, es otra cosa. “La paz sólo es posible eliminando la violencia de la política y comenzando los cambios estructurales que justifican el alzamiento armado”, explica a Colombia Plural Pablo Beltrán, el jefe del equipo negociador del ELN. “Si no ocurre eso, estas guerrillas, como el ELN, podremos desaparecer, pero surgirán otras”.

Dos posiciones y dos interpretaciones de la palabra paz que están en las antípodas. Aunque algunos medios y expertos han querido instalar la idea de que el proceso con el ELN ha sido un fracaso, la realidad es diferente. La Fundación Paz y Reconciliación recordaba esta misma semana que “desde 2016 a hoy, se ha presentado una reducción de cerca del 65% del accionar bélico del ELN. Esto, sin duda, ha impactado de manera positiva a las comunidades y a los actores que comparten el territorio con esta guerrilla, como las empresas petroleras, quienes han sido un blanco histórico de la insurgencia. Por ejemplo, los ataques a la infraestructura petrolera se han reducido en un 72% con respecto al 2016, situación que beneficia no sólo a las empresas, sino también a la Nación en general, pues sólo en 2016 Ecopetrol tuvo que gastar $40.400 millones de pesos en reparaciones a oleoductos con ocasión de los explosivos detonados por esa guerrilla”.

Señala la fundación dos lunares en este relato positivo: la situación del Catatumbo, donde desde la salida de las FARC el ELN y el EPL mantienen una guerra compleja y de incierto final, y la situación en el Chocó, donde el Frente de Guerra Occidental se ha mostrado como uno de los más reactivos a pactar con el Gobierno, a pesar del acuerdo del ELN en su último congreso de buscar la solución política.

Lo posible tendrá que ver con el realismo político que aplique Duque y su equipo a la situación. Aunque el nuevo Gobierno no apuesta a los procesos de paz, las presiones de la comunidad internacional para salvar lo que queda del proceso con las FARC y de sostener las conversaciones con el ELN son fuertes. Al menos, de la comunidad internacional que no incluye a Estados Unidos. También han sido múltiples las peticiones desde la sociedad organizada para que las negociaciones con el ELN continúen, aunque la realidad es que la opinión pública no parece estar sintonizada con unos procesos que son largos y complejos y que el discurso del gobierno saliente finiquitó el día que escenificó la firma con las FARC en un teatro de Bogotá.

La Delegación de Diálogos del ELN, que permanece en La Habana a la espera de que Duque tome su decisión, ha repetido una y otra vez que su mandato es permanecer en la mesa de diálogos sean cuales sean las dificultades, aunque la realidad es que este proceso no está en su tejado. Una vez solucionado la enésima crisis real, semántica y política –la de los “retenidos”-“secuestrados”- aún quedará ver cuán asumibles pueden ser para la guerrilla las condiciones que ponga el actual gobierno para seguir hablando, especialmente porque a su interior hay sectores que nunca confiaron en el Estadio y que ahora, al constatar los profundos problemas que enfrenta el proceso con las FARC, no creen que un Gobierno colombiano –el que sea- cumpla con su palabra.