La ofensiva ultra de Alejandro Ordóñez ante la OEA
El destituido Procurador, perdedor de las primarias del bloque de derechas en las anteriores elecciones y recompensado con la embajada de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ha digerido mal las protestas que comenzaron el 28 de abril en el país. Agresivo y estigmatizador en su cuenta en Twitter, ahora ha llevado sus argumentos ante los embajadores de los países que forman parte de la OEA.
«Quieren que todo sea cenizas en el fuego de sus cobardes barricadas»
En una sesión virtual y presencial ante el cuerpo de embajadores y embajadoras, Ordóñez “contextualizó”, según su lenguaje, lo que está ocurriendo en Colombia. Si lo resumiéramos, podríamos hablar de un asedio al Estado por parte de grupos criminales organizados que cuentan con la ‘ingenuidad’ de la comunidad internacional. Pero, vamos a desgranarlo. En sus palabras como embajador de Colombia, el que fuera Procurador destituido en 2016 por el Consejo de Estado, aseguró que “hay intereses externos que intentan construir narrativas de un Estado colombiano violador de derechos humanos para que su discurso permee eventuales decisiones de organismos internacionales. Desconocen que la institucionalidad colombiana ha salido airosa en otros intentos de desprestigio, desconocen que nuestro pueblo respeta y agradece la acción de su policía y de su fuerzas militares”.
En su alocución, en la que no se refirió en ningún momento a las causas de las protestas ni a la violencia policial denunciada y constatada por organismos nacionales e internacionales, el embajador colombiano consideró que “de esta violencia nihilista”, como calificó las protestas, “hacen parte el ELN, las disidencias de FARC, intereses externos y antiguos criminales que hoy son patriarcas de la anarquía”. Aunque Ordóñez sí asegura que el Estado ha protegido las manifestaciones “pacíficas”, el centro de su discurso fue otro: “Los criminales de siempre, los que buscan poder a través del chantaje, permearon las causas legítimas. Protesta pacífica en el día, pero violencia y zozobra en la noche. Quieren que todo sea cenizas en el fuego de sus cobardes barricadas”.
La ‘narrativa’ construida por el embajador va en línea con las denuncias del ministro de Defensa, Diego Molano, que atribuyó la quema de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán a disidencias de las FARC –aunque no nombró ni un instante la afectación a la sede de Medicina Legal- y con el apoyo que le da el diario El Tiempo al discurso oficial al presentar bajo la firma de su Unidad de Investigación los mismos argumentos de Molano u Ordóñez.
Ordóñez, embajador ante la OEA desde septiembre de 2018, como premio de consolación ante su fracaso como candidato presidencial, fue especialmente conocido como Procurador por sus posiciones ultraderechistas respecto a leyes de convivencia ciudadana (ante la diversidad étnica o sexual, por ejemplo) y fue un férreo enemigo del proceso de paz consolidado por el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. De hecho, calificó en 2016 su destitución como parte de una “rebelión contra la institucionalidad” instigada por Santos.
En los últimos días ha combinado sus labores diplomáticas para camuflar la sistemática violación de los estándares interamericanos de DDHH por parte del Estado en reuniones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro [expulsado de su propio partido político], con furibundos ataques a los manifestantes o, incluso, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la misma OEA, y con una defensa encendida de la Policía Nacional.
Si, tras el derribo de una estatua en Bogotá trinó: “No se limita a monumentos, lo que buscan es derribar nuestra historia, creencias y sociedad. Celebran a gritos que caiga la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada y en voz baja que intenten quemar policías y a quienes no piensen como ellos. ‘Socialismo o muerte’ es su consigna”; después le mandó varios mensajes directo a la CIDH acusándola de denunciar basándose en información falsa al tiempo que loaba a los policías sin ningún tipo de matices: “Mientras protegen al país de los violentos, nuestros policías reciben ataques en calles, redes sociales y escenarios internacionales. Son ellos quienes han defendido los DDHH de TODOS ante el crimen. Muchos perdieron la vida en ello. ¡Hoy, como sociedad, debemos ser su escudo!”. Mensaje en consonancia con la hipótesis del embajador de Colombia ante Estados Unidos, Francisco Santos, quien defendió hace unos días que: “Lo que vive Colombia es una violencia organizada, distinta a la protesta, que busca desestabilizar al país, que tiene todo tipo de ilegalidades para que el Estado sea débil, una Colombia más débil y en últimas una democracia débil también”.
El embajador había marcado ya el estilo de su discurso el mismo día 28 de abril. Acompañando las imágenes de la entrada violenta en unas oficinas de varias personas, Ordóñez trinó: “Esta es la consecuencia de incitar al caos y a la violencia. Ayer se alzaron en armas y quemaron el Palacio de Justicia [en una nada sutil referencia a la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985 por parte del M-19, la guerrilla de la que formó parte Gustavo Petro]. Hoy, desde la comodidad de la impunidad, promueven que se destruya todo. Como sociedad, respaldando a nuestras FFMM y de Policía, debemos derrotarlos”.
La representación colombiana en el exterior es peculiar. Al controversial ex procurador Ordóñez se le suman Alicia Arango, la que fuera secretaria privada de Álvaro Uribe y que ahora es representante del país ante la ONU en Ginebra (Suiza), Francisco Santos, una de las manos derechas de Uribe y miembro de una de las familias más relacionadas con el poder en el país, o Guillermo Fernández de Soto, embajador ante la ONU en Nueva York y el que fuera el canciller estrella del gobierno del conservador Andrés Pastrana. Todos ellos siguen en sus cargos tras la renuncia de la canciller, Claudia Blum, el pasado 14 de mayo, después de que la ministra, muy cercana a Uribe y al ala más ultraderechista de su partido político, realizara una agresiva acción comunicativa en el exterior para estigmatizar a los manifestantes y difundiera un video en el que acusaba a Petro de estar detrás de lo que denominó como «terrorismo urbano».
La baraja se mueve, pero las cartas no cambian.
