La protesta social aumenta, la doctrina del ‘enemigo interno’ perdura

El sociólogo y antropólogo Francisco Gutiérrez Sanín suele referirse a la “anomalía Colombia” que, resumida, viene a ser el hecho de tener un sistema político formalmente democrático, con una competencia electoral casi ininterrumpida pero que, al tiempo, mantiene niveles de represión “superiores en muchos casos a los registrados en regímenes autoritarios como las dictaduras del Cono Sur”.

¿Represión contra quién? Fundamentalmente contra aquellas personas que se movilizan en un país que cada día se moviliza más, tal y como señala el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) (Descargar informe FIP), ante situaciones “que se vuelven crónicas”: quejas desatendidas, falta de articulación de las instituciones, regulaciones débiles… El informe ¿Dónde, quiénes y por qué se movilizan los colombianos? pretende visibilizar una realidad que se suele atender por parte de la opinión pública como un suceso y que, en realidad, forma parte de un proceso. “[las movilizaciones] de 2016 superan en un 91% los de 2013 y en un 132% los de 2014. Mientras en 2016 hubo en promedio 1.5 eventos por día y en su primer semestre 1.4, este año [2017] llevamos 1.9 movilizaciones por día”.

Ante este incremento de la protesta social, el Estado sigue reaccionando bajo la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) o del enemigo interno. Esta misma semana, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha tenido que recordar al Gobierno que no es acorde a la legalidad internacional responder con tropas del Ejército a la movilización de la Minga indígena que ha sacado a la calle a unas 100.000 personas en el país invisible. La Minga está realizando marchas y cortes de vías, eligiendo dos de las cuatro formas de movilización más utilizadas. “Entre 2013 y 2016, las marchas representaron el 34% de los eventos registrados, los bloqueos de vía el 21%, las concentraciones el 13% y los plantones el 10%”.

Las autoridades indígenas están denunciando altos grados de represión a la Minga y esto coincide con un problema estructural que señala Edwin Cruz en su estudio El derecho a la protesta social en Colombia (Descargar informe). “Las políticas contrainsurgentes inspiradas en la DSN tendrían profundas consecuencias sobre los movimientos sociales y la protesta en Colombia, principalmente porque tras la emergencia de las guerrillas a mediados de los años sesenta la concepción sobre el ‘enemigo interno’, es decir, aquello que se percibía como una amenaza al orden social vigente, se expandió hasta cobijar toda expresión de crítica e inconformidad con el Estado”.

Parece significativo que en los acuerdo firmados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno para llegar al cese al fuego bilateral y temporal que está vigente hasta el 9 de enero de 2018, la guerrilla exigiera al Gobierno la desjudicialización de algunas formas de protesta social. No hay noticias sobre avances en este sentido, pero lo que buscaba el ELN es mitigar los efectos de los últimos cambios legislativos que, en lugar de abrir espacios para la movilización social, ha judicializado casi todo.

En el informe Los Estados latinoamericanos frente a la protesta social (Descargar informe Latinoamericano), del centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, se señala que “pese a la amplia jurisprudencia y normativa que en Colombia consagra la protección del derecho a la protesta social, en varias oportunidades se ha usado la libertad de configuración normativa del Congreso, así como facultades administrativas y reglamentarias de diversos órganos del poder público, para limitar y comprometer severamente su garantía. Esto desde una lógica de ‘normativa de guerra”,’que termina asociando la protesta social a la intención de afectar el orden público o perturbar la convivencia. Por esta vía se ha estigmatizado sistemáticamente a las protestas como acciones conducidas o motivadas por las organizaciones guerrilleras u otros actores ilegales”. El informe se refiere a la Ley 1453 de 2011, llamada “Ley de Seguridad Ciudadana”, o a otras normas existentes para reprimir el derecho a la protesta social, como la Resolución 2686 de 2012 de la Dirección Nacional de la Policía, que autoriza el empleo de armas de “letalidad reducida” o el nuevo Código de Policía, que está recurrido por inconstitucional. El corte de vías o la “perturbación” del transporte público son criminalizados en un país donde, según la FIP, el corte de vías es un recurso habitual de las comunidades y de los movimientos para llamar la atención. Es más, es en aquellas movilizaciones con cortes de vías, en los paros y en las huelgas es donde “se presentó en el 2017 una apertura a negociar” por las partes. Parece que el Gobierno atiende cuando se bloquea la movilidad, más que cuando se hacen marchas o se utilizan recursos simbólicos o artísticos.

La represión no se da igual en todos los casos. En su estudio, publicado por la Universidad Nacional, Edwin Cruz destaca que “el movimiento estudiantil, cuyos repertorios de acción colectiva acuden a lo simbólico, lo expresivo y lo lúdico mediante los conocidos ‘abrazatones’, ‘besatones’ y carnavales de protesta, sea objeto de una menor represión en comparación con protestas que recurren mayoritariamente a los bloqueos de vías principales, como los paros cafetero y campesino. Del mismo modo, es factible que la represión se produzca a mayor escala y con mayor frecuencia en el campo, donde el aislamiento y las condiciones de la comunicación aportan oportunidades para un manejo represivo de la protesta, que en la ciudad, donde la información fluye con mayor rapidez, y más si se trata de la capital en un país centralista como Colombia”.

El informe de la FIP destaca como las movilizaciones tienden a moverse a las capitales de los departamentos y en especial a las grandes ciudades del país. “El 73% de todas las movilizaciones entre 2013 y 2016 se concentraron en ciudades y aglomeraciones, el 12% en municipios intermedios, el 10% en rurales y el 5% en rurales dispersos”. De todas las movilizaciones, un 45% de los registros entre 2013 y 2016 corresponden a cuatro departamentos: Valle del Cauca (15%), Bogotá D.C. (14%), Antioquia (9%) y Bolívar (7%). “Durante el primer semestre del 2017 se afianzó la relevancia de Bogotá, que pasó de tener una participación del 9% en el primer semestre de 2016, al 15% en el mismo periodo del 2017”.

La FIP también desmonta el mito que relaciona de forma directa movilización social y violencia. “Las movilizaciones en Colombia tienden a ser pacíficas. De los eventos registrados entre 2013 y 2016, el 3.3% involucraron la presencia de alguna víctima, el 2.8% al menos un herido, el 0.9% al menos un muerto, y el 0.4% al menos un herido y un muerto. Durante el primer semestre de 2017 el volumen de casos con al menos un herido o muerto aumentó en 0.5 punto porcentuales, ya que pasó de 2.7% en el mismo período de 2016 a 3.2%”.

Los colombianos y las colombianas se movilizan, normalmente, ante “las acciones u omisiones de quienes están en el gobierno o en posiciones de poder y afectan derechos colectivos de comunidades o grupos sociales específicos”. Y esos grupos han sido, con más frecuencia, las comunidades, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores y los transportadores, quienes participaron en un 73% de los eventos registrados

Las razones por las cuales se dieron estas movilizaciones entre 2013 y 2016, según la base de datos de la FIP, estuvieron relacionadas en su mayoría con garantías laborales (23%), servicios y bienes públicos (15%), inconformismo con el gobierno local o nacional (12%), tierra o vivienda (11%), y garantías de justicia o seguridad (6%). Y esas protestas no son la primera opción de la gente porque, “normalmente, los ciudadanos que se movilizan han agotado previamente las instancias institucionales públicas
y privadas, pero al no obtener respuestas, optan
 por la protesta social”.

Lo que sí detecta el observatorio de la FIP es que en el primer semestre de 2017 se ha incrementado el nivel de confrontación con la fuerza pública que ha llegado al 6% de los casos en esos seis meses, mientras en todo 2016 sólo se registró en un 2%.

El informe sobre la situación comparada en América Latina, destaca que “en Colombia, si bien la Constitución diferencia las funciones policiales y militares, el contexto del conflicto armado fue utilizado para justificar la participación de fuerzas armadas en las protestas, en particular cuando el Poder Ejecutivo las acusaba de estar ‘motivadas’ o ‘infiltradas’ por las guerrillas”. Y cuando no es el Ejército es el polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, que “es señalado como responsable de 448 casos de agresiones que abarcan a 3.950 víctimas entre 2002 y 2014. Entre estos casos, hubo 13 ejecuciones extrajudiciales, 137 lesiones, 91 detenciones arbitrarias, 107 amenazas y 2 episodios de violencia sexual, según la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)”.

Un informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos recordaba que «en 2016, durante las Jornadas de Minga Nacional que tuvieron lugar del 30 de mayo al 13 de junio, perdieron la vida tres miembros de comunidades indígenas41. Muchas de estas muertes han sido ocasionadas por el uso de armas de fuego, no permitidas para intervenir la protesta social».