Las primeras exhumaciones dan la razón a las víctimas de Bojayá
Bojayá (Chocó) sigue siendo un municipio clave en el proceso de paz. Allí se cometió la mayor masacre (numéricamente hablando) del país, allá es donde las FARC pidió por primera vez perdón (el 6 de diciembre de 2015) y allá se están poniendo a pruebas las capacidades de muchos sectores de la sociedad para entender y relacionarse con las víctimas.
De hecho, esta semana pasada se generó un agrio debate a partir de un artículo de la periodista Patricia Nieto en el que acusaba al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá de haber censurado su trabajo y el de la fotógrafa Natalia Botero que trataban de documentar la exhumación de los cuerpos de la masacre ocurrida en Bellavista el 2 de mayo de 2002. Ahora, 15 años después, Medicina Legal procede a recuperar unos cuerpos que jamás fueron bien estudiados ni enterrados, revictimizando a una comunidad para la cual, en su cosmovisión, no ha podido realizar el duelo adecuado. Esta semana se ha vuelto a hablar de Bojayá y es esta comunidad la que fuerza varios debates: ¿Cómo ha sido el papel del Estado?, ¿cómo respetar a las víctimas en un contexto de posconflicto como este?, ¿cuáles son los límites a los medios de comunicación?
Este domingo 21 de mayo, parte del Comité de Víctimas, arropado por Medicina Legal, la Consejería de Presidencia para los Derechos Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, ha informado en Bogotá sobre los avances en la primera semana de exhumaciones, justo en el día y en el momento en que un helicóptero aterrizaba en Bellavista para transportar a la unidad de Río Negro (Antioquia) de Medicina Legal los primeros 57 cuerpos recuperados –“en muy mal estado”, han insistido los técnicos-. Hay otros 32 cuerpos localizados y sin recuperar y el equipo encargado de las exhumaciones no descarta que haya más. Serían, de momento, 89 en total. En principio, y a falta de las pruebas que determinen si todos son civiles, esto confirmaría lo que siempre ha denunciado la comunidad: que eran más de 79 las víctimas que cayeron en los hechos de guerra ocurridos hace 15 años.
Si bien el encuentro era para dar cuenta de estos trabajos, buena parte de las intervenciones se han referido a la polémica provocada por Nieto. Todd Howland, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ha sido muy contundente al señalar que no se puede tratar el tema de víctimas desde una lógica “de aficionados al fútbol”. “Al principio de la semana el culpable de todo era el Comité y hoy domingo ya la culpa de todo la tiene la ONU”, reclamaba Howland, quien interpelaba a los medios de comunicación a participar en esta fase de la historia del país con una lógica distinta.
Leyner Palacios muestra la imagen de la llegada a Bellavista del helicóptero que debía recoger los cuerpos recuperados. / Foto: Felipe Chica
Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ha advertido de que “van a existir muchos bojayás en el país en esta etapa”, que van a obligar a repensar cómo es la relación con las víctimas y recordaba cómo los familiares de los parlamentarios del Valle del Cauca asesinados por las FARC también optaron por la privacidad total cuando se encontraron con sus victimarios. El director del CNMH cree que Bojayá “es un caso de verdades escondidas y duelos aplazados”, un caso del que aprender.
Es este, según Sánchez, un momento para reflexionar, y parece que es el momento también de los mea culpa. Leyner Palacios, portavoz del Comité, recordaba hoy que en la masacre “hubo omisiones del Estado” y añadía: “El perdón lo hará cada uno, pero ojalá el país acepte su responsabilidad y se acerque a Bojayá y le pida perdón a las víctimas”. La petición de Palacios ha tenido una respuesta inmediata en la sala. Aunque el Estado esta pendiente de asumir oficialmente su responsabilidad en el ocurrido en el municipio de Bojayá –como, además, le exigió la justicia-, Paula Gaviria, Consejera Presidencial de Derechos Humanos, ha aprovechado la conferencia de prensa para pedir perdón a las víctimas de estas comunidades chocoanas. “Nos hemos equivocado mucho con Bojayá. Les pido perdón por un Estado que no sólo no evitó [la masacre], sino que ha hecho más daño a las comunidades con su intervención. Ahora estamos tratando de hacer las cosas bien”.
Quizá por eso, el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, ha explicado a los medios que no habrá información pública sobre este proceso de exhumación y reconocimiento de cuerpos si no es con el acuerdo con el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Quizá por eso, el celo del Comité para evitar que el trabajo de recuperación de convierte «en un show mediático», como han insistido las víctimas en sus encuentros, en los que han reclamado privacidad para un momento tan trascendental para ellas.
En el acto de hoy se ha mostrado el video sobre lo ocurrido en esta primera semana de exhumaciones. Un video autorizado y supervisado por el Comité de Víctimas según lo acordado en una masiva asamblea de víctimas de la comunidad realizada el 29 y 30 de abril. En las imágenes se aprecian las exhumaciones en el cementerio de Vigía del Fuerte, así como declaraciones de antropólogos, técnicos y miembros de la comunidad que explican la importancia de esta recuperación para ellos. Máxima Asprilla, del Comité de Víctimas, planteaba que hay un doble dolor porque las exhumaciones demuestran que no hay personas desaparecidas vivas, pero también suponen un alivio: “Vamos a recuperar a nuestros hermanos y al tenerlos, tocar sus restos, de algún modo, es cuando por fin mueren”.
