Las víctimas denuncian la inoperancia de la Ley de Víctimas
70.000 víctimas piden a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre el incumplimiento de la Ley 1448 que reconoce sus derechos y lo hace en un escrito respaldado por las mesas departamentales de todo el país en el que reclaman, además, una Audiencia Pública en la que estén presentes las instituciones que deben velar por ello y las que, según denuncian, no lo están haciendo. Las mesas departamentales de víctimas, con el aval de esas 70.000 firmas, han hablado a través de un documento registrado este viernes en Bogotá y lo han hecho saltándose a la Mesa Nacional, “rebelándose” contra este órgano al que acusan de inacción y de no velar por los intereses de la gente de a pié y de los territorios.
Este viernes llegaron a la capital 40 representantes de las mesas de varios departamentos del país y no llegaron más porque el esfuerzo económico no estaba al alcance de todos. En sus reclamos se repite una misma idea: el abandono, el incumplimiento, la retórica vacía de que las víctimas son el centro del acuerdo de paz de La Habana. A las puertas de la Corte, donde se registró el escrito, se escucharon quejas sobre la falta del control sobre el dinero público y de la cooperación internacional y el hecho de que los recursos no llegan a las víctimas: “Exigimos que llegue a las víctimas. Llega al Estado y lo que hacen es poner a sus amigos… que no hagan talleres y talleres, que toda la plata de las víctimas se queda en talleres. Estamos cansados de burocracia”, denunciaban las voces concentradas ante la corte. “Si preguntan qué nos han dado de las donaciones de otros países…..nada. Se quedan con todo lo de nosotros. Nos dan almuerzo de 8.000 pesos y lo pasan por 45.000”, gritaba una mujer.
«El Gobierno ha sido mentiroso, porque las víctimas mueren en el territorio esperando una indemnización»
Víctor Hugo Hernández Vallejo, coordinador de la Mesa Departamental de las Víctimas de Antioquia, denuncia que lo único que ha hecho la Mesa Nacional es estar en “hoteles de cinco estrellas” y no se hace incidencia real ante los ministerios y funcionarios que manejan los procesos de las víctimas. Explica el trabajo de incidencia ya realizado por ellos y los pliegos de peticiones enviados desde Antioquia para que se cumplan las resoluciones de la Corte (por ejemplo, la T025 sobre atención a desplazados), y denuncia que “la nación y el territorio no se están articulando, las instituciones que tienen que hacer presencia en los diferentes territorios y las de reparación a las víctimas no están cumpliendo con su objetivo”. Por ello piden a la Corte que haga un seguimiento y un pronunciamiento a fondo. Resalta que “es la primera vez que la convocatoria [como la de este viernes en Bogotá] nace de los mismos líderes y lideresas”. “Quienes llegaron hoy traen las voces de todas esas personas que necesitan que sus voces sean escuchadas en las comisiones de acompañamiento, en la Unidad de Reparación de Víctimas, en la Corte, la Defensoría del Pueblo, de todos los que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley 1448”.
José Alirio Barrera, coordinador de la mesa departamental Casanare, plantea la situación de los municipios muy alejados, advierte que sus oportunidades no son las mismas que en las ciudades y se queja de que las alcaldías no dan una verdadera participación a las víctimas en los proyectos que les afectan.
“Creemos que, de una manera u otra, el Gobierno ha sido mentiroso, porque las víctimas mueren en el territorio esperando una indemnización. En los puntos de atención se ven largas filas para que solo les digan ‘estamos tratando su caso’”. Barrera cree que la Corte se debe pronunciar como máxima instancia y hace un llamado al Gobierno para que se pronuncie sobre los asesinatos a líderes y lideresas y sobre muchos de los que están siendo amenazados y no disponen si quiera de un chaleco antibalas. “Se está vendiendo el show de los grupos al margen de la ley y no de las víctimas que entregaron sus familias, sus tierras, sus casas y deben empezar de cero. La Corte se debe pronunciar como máxima instancia”.
Todas las víctimas, todos los victimarios
Este representante del Casanare denuncia que aún hay desplazamientos forzados por la presencia del Ejército Nacional de Liberación (ELN) y que los paramilitares ni se desmovilizaron de verdad ni entregaron las armas, por lo que las víctimas no pueden retornar a sus casa porque siguen siendo amenazadas. Se queja, en este sentido, de que el Gobierno no haya respondido aún a la carta en la que grupos de paramilitares pedían entrar en el marco jurídico de la paz, porque en departamentos como Casanare o Meta, donde el principal victimario fueron los paramilitares, las víctimas se ven fuera de ese marco jurídico de la paz. “Sí, queremos la paz, pero queremos una paz negociada y concertada, donde todos los actores, policía, ejército, iglesias, guerrillas, banda criminales, gobiernos amigos, cooperación… se sienten, negocien y nos digan la verdad”.
La Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras tiene unos plazos hasta el año 2021, pero justo esta semana la Fundación Forjando Futuros denunciaba la parálisis en materia de restitución de tierras. Francisco Hurtado, representante del Valle del Cauca, se lamenta de que se está quedando “en papeles” y que se acaba el plazo para que se repare a las víctimas.
El Movice pide más pluralidad
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en una carta dirigida al Congreso de la República y hecha pública este sábado, ha dejado clara su posición: la Mesa Nacional de Víctimas no puede ser la única representación de las mismas en las discusiones sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contemplado en los acuerdos de paz entre Gobierno y FARC. Entre otras cosas porque «son múltiples las quejas, denuncias e inconformidades de numerosas organizaciones que consideran que este espacio institucional ha generado cooptación de liderazgos y no ha brindado las suficientes garantías para visibilizar las problemáticas y exigencias que tienen todas las víctimas: las de las guerrillas, el Estado y los paramilitares. Así quedó demostrado en el proceso de participación durante las negociaciones de paz en La Habana, donde fue necesario establecer nuevos mecanismos, más representativos y amplios».
El Movice explica que la ya aprobada en primera instancia proposición presentada por el senador Juan Manuel Galán al proyecto de Ley 02 de 2016 y que deja sólo a la Mesa Nacional como representación de las víctimas, «cierra la puerta para que el conjunto de víctimas realice aportes a los mecanismos de implementación, que garantizan su protección y participación dentro de los procedimientos del Sistema Integral y demás puntos acordados».
Y, al igual que el representante de las víctimas de Cansanare, el Movice pide que se amplíe el rango de los victimarios para que todas las víctimas tengan posibilidad de verdad, justicia y reparación. «El SIVJRNR no compete solo a las víctimas de la guerrilla, pues si ese fuera el caso, los agentes del Estado, entre ellos los miembros de la Fuerza Pública, no podrían ser beneficiados por la Jurisdicción Especial para la Paz y en general del SIVJRNR», matiza el Movice en su carta abierta.
