Esto es lo que se conoce de lo avanzado en La Habana

Se cumple una semana de la reanudación de las conversaciones entre Gobierno y FARC-EP en la Habana, tras un mes de lo que se ha llamado el diálogo nacional por la unión y reconciliación y que ha consistido en reuniones entre el Ejecutivo y los partidarios del NO, iglesias, partidarios del Sí y organizaciones civiles, la información sigue saliendo a cuentagotas.

Pocos acuerdos concretos han salido a la luz de esas largas jornadas, de las que solo han hecho públicas algunas cuestiones vagas sobre reforma rural, drogas ilícitas y participación ciudadanos. Lo que se sabe sobre Justicia Transicional es que está siendo difícil, «muy difícil», el debate y en cuestiones de género, que no es ideología, y que «las discusiones sobre el matrimonio no hacen ni harán parte del acuerdo». La mujer si es eje pero no se sabe nada aún de los LGBTI que parecen haber desaparecido de todas las declaraciones del Gobierno y los equipos negociadores sobre el enfoque de género. Solo se habla de las mujeres.

1.- Jurisdicción Especial de Paz

La propuesta que el Gobierno ha retornado a La Habana recoge los comentarios de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Entre esas propuestas se incluye el tiempo máximo de duración de esta jurisdicción: 10 años; que sus magistrados sean colombianos y que se sometan a los controles disciplinarios, fiscales y penales que tienen hoy los funcionarios de la Jurisdicción Ordinaria. Proponen que el Tribunal Especial no pueda revisar los procesos en los que exista cosa juzgada.

Este punto es el que más tensiones está provocando. Tanto que ha habido deliberaciones por separado de los dos equipos y palabras del presidente Juan Manuel Santos y del propio jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, reconociendo momentos de tensión y de dificultad que encuadran dentro de la «normalidad» de un debate. «Estamos proponiendo una mayor participación de las víctimas en la mesa para satisfacer sus propuestas de ajuste al Acuerdo».

Recordar que los partidarios del No planteaban eliminar la denominada Jurisdicción Especial para la Paz y ser reemplazada por un sistema de justicia transicional dentro de la justicia ordinaria. Este sistema de justicia transicional tendría unas salas especializadas que se denominarían Cortes para la Paz, así como Fiscalías para la Paz sin jueces extranjeros. Admiten que los guerrilleros rasos que no estuvieron involucrados en delitos de lesa humanidad sean cobijados por una amnistía. Y para el resto pedían entre 5 y 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en granjas agrícolas si hay reconocimiento de la responsabilidad y entre 15 y 20 años en prisión convencional si no la hay.

Esta misma semana, militares y policías en retiro expresaron su apoyo a la justicia transicional de los acuerdos con las FARC. Tras una reunión con el Gobierno 31 oficiales, que representaron las 17 organizaciones, expresaron su apoyo.

El viernes 11 durante la ceremonia de conmemoración de los 125 años de la Policía Nacional Santos aseguró que hay acuerdo sobre aplicación de la justicia transicional para los miembros de la Fuerza Pública, tanto en servicio activo como retirados. Si bien no se trata de un tema incluido en las negociaciones si ha sido paralelo y según el presidente «está listo» para incluirse en la ley de amnistía de la que también se beneficiarán las FARC. «En cualquier circunstancia, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, soldados y policías, no quedarán en condiciones inferiores en materia de la aplicación de la justicia transicional, comparado con lo que se les va a dar a los miembros de la guerrilla», apostilló.

2.- Reforma rural, tierras y desarrollo agrario

Santos ha insistido en reiterar el “respeto a la propiedad privada” y ha reforzado la idea asegurando que “se fortalece el derecho a la propiedad para evitar conflictos futuros por la tierra”. Quiere acallar así las voces del NO que alertaban sobre los programas de restitución de tierras.

En el programa de desarrollo agrario se va a dar prioridad “absoluta a las víctimas”, para que “sus derechos estén en el centro del acuerdo”, si bien no ha trascendido cómo. Las inversiones necesarias para la implementación de este punto se harán dando prioridad a las zonas más afectadas por el conflicto, de manera progresiva y respetando la regla fiscal, ha dicho Santos.

El presidente ha asegurado que los debates en La Habana de esta semana han implicado “aclaraciones importantes” sobre el catastro, las zonas de reserva campesina y el modelo de desarrollo rural para que haya garantías para todos. Los programas campesinos incluirán actividades como la agroindustria o el turismo para generar empleo y oportunidades en el pos conflicto.

El papel de las autoridades locales se fortalece y se mantiene una política de recuperación de la familia campesina, que “impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna”.

Justo este jueves vencía el plazo para que la Corte Constitucional definiera si la ley para implementar las Zonas de Interés de Desarrollo, Rural, Económico y Social (Zidres) es constitucional o no. Después de un intenso debate jurídico en el que se estudió la ponencia que proponía tumbar varios artículos, la votación quedó empatada. Germán Quintero será el conjuez que tendrá que definir el futuro de la apuesta del Gobierno para el desarrollo agropecuario, la productividad y la seguridad jurídica del país. Quienes defienden su inconstitucionalidad atacan el artículo que permite podían modificar las reglas de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y el que pone más trabas a los campesinos que a los empresarios para participar en proyectos Zidres.

#NCNahora | Después de una semana de discusiones en la mesa de conversaciones la mayoría de temas han sido evacuados pic.twitter.com/c6IuVDmZ5h

— Nueva Col. Noticias (@NCprensa) 10 de noviembre de 2016

3.-Drogas ilícitas

El acuerdo introduce cambios sobre el texto original con las propuestas recibidas durante este último mes. No se han hecho públicos cuáles pero sí que la cooperación con las FARC para romper todo vínculo con este fenómeno sera “más clara y eficaz”. El objetivo es “combatir con toda firmeza el tráfico de drogas y ofrecer alternativas reales de desarrollo legal a las comunidades campesinas involucradas”.

El Estado no renuncia a la erradicación forzosa cuando sea necesaria. Se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores.

El uribismo pide que se precise que el narcotráfico sea un delito autónomo y que, por lo tanto, no pueda ser amnistiable

 4.- Apertura democrática y participación ciudadana

Se ha propuesto que la Misión Electoral debe incluir a todos los partidos. “Su participación es clave para fortalecer la democracia y la transparencia electoral». En materia de participación política los partidarios del NO aceptaban las cinco curules en el Senado y las cinco en la Cámara de Representantes, ya contempladas en el acuerdo, pero no por personas que hubieran sido condenadas por delitos de lesa humanidad.

5.- Enfoque de género

Ríos de tinta han corrido sobre este capítulo manipulado por los partidarios del No atribuyendo al epígrafe un concepto de “ideológica de género” que no tiene. El Gobierno recibió a iglesias y conservadores, a asociaciones de mujeres y colectivos LGBTI y también lo hicieron las FARC. Sobre este punto Santos ha asegurado que “el enfoque de género no es ideología de género”. Que lo que se busca es “reconocer el mayor impacto del conflicto sobre la mujer, sus derechos como víctima y su papel para la reconciliación”. En su última intervención pública afirmó que eso “quedó expresamente incluido”. De los LGBT no dijo nada.

El presidente subraya que “la familia es el núcleo de la sociedad” y que “las discusiones sobre el matrimonio no hacen ni harán parte del Acuerdo”. Ambiguas fueron las posturas de las FARC que durante las reuniones previas con organizaciones de uno y otro lado suscribió comunicados conjuntos que parecían contradecirse en función de con quien se firmaran. Humberto de la Calle también ha insistido en el twitter del Equipo de Paz del Gobierno que “no hay ideología de género” y que la revisión del acuerdo simplemente deja eso más claro. “Es un tema de la mujer, de reivindicación de la mujer que ha sido víctima”.

Tan fuera está ahora del discurso los LGBTI que un centenar de asociaciones han dirigido una carta al presidente en la que critican que se haya reunido con promotores del Si y del No pero no con ellos. “Su actitud ha sido la de evitar cualquier referencia directa a nosotros y nosotras, cualquier reunión directa con nuestra organizaciones y liderazgos”, se lamentan en la misiva en la que lamentan que el Gobierno haya bajado su intensidad en defender que ese enfoque también incluye a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.  Sienten que hay una amenaza de ser excluidos de lo pactado, como algunos promotores del No lo han solicitado.