Los paramilitares asesinan, desplazan y desaparecen en Bahía Solano

El desplazamiento masivo de casi 350 personas en Bahía Solano tras el asesinato y la desaparición de dos líderes se suma a las amenazas en diferentes territorios del país.

Bahía Solano (Chocó) es uno de esos sitios cuya potencialidad está en la boca de operadores turísticos y autoridades desde hace tiempo. El mensaje ha sido algo así como “llegará la paz y esa potencialidad se convertirá en hechos”. Pero la paz no ha llegado aún y los que siguen con una presencia abrumadora en el municipio son los paramilitares que bajo las siglas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (también conocidos como Clan Úsuga o Clan del Golfo) están sembrando el terror.

El 4 de diciembre, en el corregimiento de Nabugá, los paramilitares desaparecieron al indígena Daniel Cabrera Lana y dos días después mataron a Deiber Potes Girón. Una semana después, el 12 de diciembre, unos 30 hombres de las AGC incursionaron en Huaca “con armas largas pero sin uniforme”. Allí mataron y desmembramiento al joven Roberto Jiménez Bocanegra, y amenazaron al resto de pobladores. “Lo del muchacho de Huaca fue horrible… ya muerto le pegaron como 50 tiros… la Policía ha tenido que sacar al papá por temor a que también lo maten”, explica un líder comunitario de la zona que denuncia que “cuando sacaron al mucho de su casa en la tarde había soldados de la Armada en Huaca y parece que ni los tiros oyeron”.

Por eso, por la desconfianza en las Fuerzas Militares, insisten los líderes, la gente no quiere retornar a sus veredas y siguen llegando cada día más desplazados al coliseo de Bahía Solano. De Nabugá ya han llegado 106 indígenas y 188 afros y de Huaca son 44 los miembros de la comunidad negra que se han desplazado. De momento, 338 personas. “Algunos de los afro duermen en casa de sus familiares en Bahía Solano, pero en el día hacen presencia en el coliseo para protestar”. El problema ahora es la desconfianza que tienen los desplazados de la Brigada XXIII y de la Armada. El pasado 14 de diciembre, cuando sólo eran 35 las familias desplazadas, el coronel Héctor Jaime Restrepo Buitrago, comandante de la Brigada de Infantería de Marina N. 2 de la Armada Nacional, aseguró a las gentes de Nabugá que los soldados garantizarían su retorno. “Nadie les cree”, explica a Colombia Plural otro líder. “La realidad es que parece que hubiera una complicidad entre esos señores [los paramilitares] y los militares. Imagine el irrespeto que el vicealmirante le dijo en estos días a la gente que retornaran porque ellos [la Armada] no está para cuidar unos cuantos palos de yuca”.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, ha denunciado hoy la situación que se vive en Bahía Solano y, a través de un comunicado público, instó “a los Ministerios de Defensa y del Interior, para que se fortalezca la capacidad de respuesta actual en materia de seguridad, prevención y protección en Juradó, Bahía Solano y Nuquí”. Ya desde junio de 2014 la Defensoría había advertido sobre la movilización de medio centenar de miembros de las AGC desde el Bajo Atrato hacia esos tres municipios y el pasado 7 de junio la defensoría emitió un informe en el que incluía a Huaca y Nabugá como comunidades en riesgo por la presencia paramilitar.

Amenazas generalizadas

Las AGC han multiplicado su actividad amenazante en los últimos días, coincidiendo con el repliegue de la guerrilla de las FARC de los territorios donde hacía presencia, incluidas algunas veredas de Bahía Solano.

Este 18 de diciembre miembros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, de la guardia indígena Zenú San Jorge y líderes del corregimiento de San José de Uré recibieron amenazas de las AGC, justo después de hacer una misión de verificación acompañados de la Cruz Roja Internacional en la Zona Veredal de Normalización de las FARC en Jagua, Puerto Libertador (Córdoba).

En el mismo departamento, en Montelíbano, corregimiento de Tierradentro, han sido amenazados varios líderes y, en concreto, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba alertaba el 15 de diciembre del caso de Petrona Polo Caro. “La activista campesina, integrante de nuestra Asociación Campesina, viene resistiendo ante los flagelos que acontecen a diario en Tierradentro: el dominio territorial, económica, militar y hasta de sometimiento sexual a las menores, así como el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes”. La denuncia especifica que Petrona, que ha tenido que abandonar su parcela, es pariente del también dirigente campesino y defensor de derechos humanos Arnobis Zapata Martínez, vocal de la Asociación Nacional de Zonas Reserva Campesina y vocero ante la Cumbre Agraria, “víctima de un atentado en su casa en Montería, hace cuatro meses, después de culminar una charla sobre la pedagogía de la paz”.

El 18 de diciembre se conocieron las amenazas contra el arzobispo de Cali, Dario de Jesús Monsalve y el 5 de diciembre dos miembros del consejo comunitario de Yurumanguí también recibieron amenazas. En medio, las AGC amenazaron directamente a uno de los líderes del Espacio Humanitario de Punta Icaco, en Buenaventura, declarado como tal el pasado 6 de octubre en línea con la declaración como espacio neutral de Puente Nayero, en la misma comuna 4 de la ciudad portuaria.

También fueron las AGC las que difundieron en Cali un panfleto en el que ofrecían un millón de pesos a cualquiera que asesinara a 17 líderes sociales y sindicales. Unos días antes, con la firma de Águilas Negras, eran amenazados líderes y consejos comunitarios afro del norte del Cauca.

Las Autodefensas Gaitanistas también han aparecido con fuerza en las inmediaciones de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia), tal y como ha denunciado esta organización, y la propia Defensoría del Pueblo ha lanzado varias alertas por presencia de grupos paramilitares en zonas ‘abandonadas’ por las FARC, como en el también antioqueño municipio de El Bagre.