Minga indígena: el gobierno apuesta a señalar, dilatar y dividir

Hace ya cuatro noches que el helicóptero no sobrevuela el campamento de Monterilla en la madrugada. El martes fue la última vez y hasta entonces no había faltado el zumbido después de la una o dos de la madrugada: un helicóptero militar negro volando muy bajo, posándose encima de las carpas de los indígenas, con un gran parlante que repetía cada noche: “El taponamiento de vías es un delito… desmovilízate”.

“El Gobierno quiere alistar la opinión pública para darle un tratamiento militar a la minga”, explica Erika Giraldo, consejera de comunicaciones del Consejo Regional Indígena de Caldas.

Desde el comienzo de la protesta varios sectores del establecimiento acusaron a los indígenas de estar “infiltrados” por grupos criminales y disidentes de la guerrilla. Meses antes del inicio de las protestas, Guillermo Botero, ministro de Defensa, había declarado a la prensa que eran los narcotraficantes y mineros ilegales quienes financiaban los bloqueos de la vía Panamericana. Los empresarios de Cauca y Nariño han pedido públicamente al presidente, Iván Duque, que no se reúna con los indígenas porque eso sería una “alcahuetería”, en cambio han solicitado que se despeje la carretera a la fuerza con Policía y Ejército. Igual postura asumieron los congresistas del Centro Democrático, encabezados por Álvaro Uribe. María Fernanda Cabal, siempre un punto más arriba que sus compañeros, tildó a los mingueros de “vagos” y “chirrincheros”.

El 25 de marzo, muy cerca del sitio de los primeros bloqueos, en La Agustina, explotó un petardo al costado de la carretera que reventó el pavimento dejando un cráter de varios metros. Este hecho ocurrió a un kilómetro de Mandivá, el paraje donde se estaban reuniendo los delegados del Gobierno con los voceros de la minga. La explosión fue atribuida a grupos de disidentes de las FARC que conmemoraban el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda, quienes también atacaron y hostigaron al ejército en Toribío, Caloto, Corinto, Morales y Miranda, pero los congresistas del Centro Democrático no vacilaron en señalar nuevamente a la protesta “infiltrada” por terroristas y delincuentes.

Para los mingueros la presencia de Iván Duque en el Cauca sigue siendo la primera condición antes de considerar el levantamiento de los bloqueos en la Panamericana: “No lo estamos obligando: lo estamos invitando que venga, es que los indígenas también somos colombianos”, asegura Norman Bañol, del Consejo Regional Indígena de Caldas. “¿Por qué para atender artistas, para dar entrevistas a la farándula, por qué para meterse en los asuntos que no corresponden a nuestro Estado, sino que son asuntos y problemas de otros gobiernos y de otros pueblos, por qué ahí sí hay tiempo? Pero para el pueblo movilizado no hay tiempo. ¿Por qué no quieren dar la cara? La invitación estaba hecha hace nueve meses. La gente merece respeto: no sólo que nos atienda a los líderes, a los voceros, es que le hable al pueblo con honestidad y transparencia”.

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Múltiples sectores políticos y sociales del país han pedido a Duque que viaje al Cauca. Los obispos de Pasto, Cali y Popayán se ofrecieron como facilitadores y pidieron al Presidente que entablara un diálogo con las comunidades para resolver la crisis. Congresistas de oposición e incluso oficialistas han hecho lo propio. También Camilo Romero, gobernador de Nariño.

Aunque frente a las cámaras Iván Duque se muestra firme e intransigente, todos los días llegan a los campamentos de la minga razones y emisarios suyos que dan a indicar lo contrario: en los primeros días de la protesta arribó Miguel Ceballos con la oferta de que recibían a los líderes en la Casa de Nariño, luego apareció el procurador, Fernando Carrillo, diciendo que él tenía línea directa con Iván Duque, también el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, vino a ofrecer su mediación, y el 28 de marzo Manuel Ramiro Muñoz, asesor de la Comisión de la Verdad, llegó al campamento de Monterilla como emisario del Presidente.

A la par, el gobierno aprovechó las fricciones dentro del movimiento indígena para instalar otra mesa de negociación en el corregimiento de La Delfina, sobre la vía a Buenaventura, donde hay concentrados cinco mil indígenas del Valle, Chocó y Risaralda agrupados en la Organización Indígena de Colombia (ONIC). El gobierno publicitó el evento al máximo y varios medios de comunicación vendieron la idea de que por fin se resolvía la crisis, lo que no era cierto. La ministra Gutiérrez llegó acompañada de Yineth Viera, alcaldesa de Buenaventura, y Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, haciendo énfasis en que acá sí negociaban porque se trataba de una protesta pacífica que no bloqueaba carreteras ni acudía a las vías de hecho.

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Por la noche, durante los informes habituales en el campamento de Monterilla, se sabe que la ministra está dispuesta a sentarse nuevamente con los mingueros y que no viajará a El Pital, pero sí a Mondomo. “Eso significa que la ministra ya está ablandándose”, dice el comunero mientras da el informe a su gente reunida, “el temor más grande del gobierno es al debate político”.

El 29 de marzo la comisión política de la minga llegó a El Pital después del almuerzo. Allí habían citado a la delegación del Gobierno para recomenzar las negociaciones, estancadas desde que la ministra Nancy Patricia Gutiérrez se levantara de la mesa dos días antes. Los indígenas se instalaron en el gran kiosko a esperar la delegación del Gobierno, que nunca llegó. Había una mesa con mantel rojo y sillas vacías, cada una con el letrero correspondiente: Directora del DNP, Presidente Iván Duque, Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez… Las sillas se quedaron vacías, la Panamericana atascada.