Morir por estar vivo, el derecho a la salud en el Pacífico

La Corte Constitucional y la Controlaría vuelven a poner su mira en el Chocó, su realidad es solo un reflejo de la situación en toda la región. Un especial elaborado con las redes de comunicación popular Guakuko, La Zotea, Palafitos y la Voz de mi Tierra.

No es la guerra, ni la reforma tributaria, ni siquiera la corrupción. La primera preocupación de los colombianos y las colombianas tiene que ver con la salud. Así lo volvió a determinar la Gran Encuesta Nacional Ambiental de 2015, realizada por la Universidad de Los Andes. La Salud apareció como primer ‘dolor de cabeza’ nacional por encima de la seguridad, la educación o la economía. Y eso que la encuesta se realizó entre personas que habitan ciudades. Si alguien se dignara a preguntar en las áreas rurales los parámetros se dispararían.

En el Pacífico colombiano el acceso a la salud está plagado de trampas y barreras. Hospitales sin agua potable, médicos sin formación suficiente, falta de implementos básicos, salarios sin pagar, distancias insalvables, inexistencia de ambulancias medicalizadas para atender a comunidades que viven en zonas alejadas de Chocó, Nariño o Cauca, corrupción, descontrol…

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Esta radiografía tiene estos días un ejemplo concreto: el hospital de Quibdó, el único de segundo nivel en el municipio, la visita de la Corte Constitucional y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria y un nuevo informe de la Contraloría alertando de su situación. El estado del San Francisco de Asís, intervenido desde el año 2007 y cuya liquidación fue decretada hace apenas tres meses, arroja un panorama crítico. Los responsables públicos insisten en los avances y los compromisos presupuestarios con el centro, pero solo las imágenes del edificio hablan de total deterioro.

La pasada semana, la Contraloría hizo público un informe que señala la existencia de al menos 70 irregularidades en el manejo de recursos de la Salud en Chocó que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de más de 2.693 millones de pesos, tan solo el año pasado. Eso en temas financieros y estructurales, en asuntos de salud la Contraloría advierte del preocupante crecimiento de casos de enfermedad diarreica aguda (los casos pasaron de 12.801 a 20.513 entre 2014 y 2015) y de malaria (pasó de 19.520 a 28.853) en el Chocó, y los “crecimientos considerables que presentan en el departamento los casos de morbilidad de salud pública comparando los resultados de 2014 con los de 2015”.

La galería de problemas es interminable. En el Pacífico la muerte llega a los vivos mientras esperan atención médica y eso, que no aparece en ninguna negociación de paz, es un asunto mayor para que la ciudadanía sienta que al presente puede sucederle un futuro. La doctora Marcela Vélez, autora del libro La salud en Colombia considera que el problema es de raíz: “La Ley 100 introdujo el concepto de salud como mercancía, por lo tanto quedó sujeta a ser un bien transable del que los inversionistas privados, tan sólo por servir como intermediarios, obtienen ganancia. El problema de este modelo es que acrecienta la inequidad en salud, incrementa el gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco en el bienestar y la satisfacción de los colombianos”. Se refiere a la ley aprobada el 23 de diciembre de 1993 y que cambió todo el sistema de salud.

Colombia, con esta ley, fue uno de los primeros países de Latinoamérica en apostarle a un esquema “caracterizado por la introducción de un mercado regulado en el que aseguradoras compiten por la afiliación de la población”. Ingrid Vargas-Lorenzo , M. Luisa Vázquez-Navarrete y Amparo S. Mogollón-Pérez estudiaron todos los informes de seguimiento de la implementación de la ley y concluyeron, entre otras cosas, que, “en cuanto a las barreras relacionadas con la prestación de servicios, los estudios apuntan dificultades relacionadas con la accesibilidad geográfica de los servicios y con elementos organizativos como los trámites administrativos, el tiempo de espera y la mala calidad de la atención”.

La salud en Colombia es un mercado y en él las compañías ponen la rentabilidad económica por encima del bien común e individual de los pacientes. Andrés Felipe Rivera Triviño, economista de la Universidad de San Buenaventura (Cali) explica con precisión cómo, “a pesar de que la cobertura del servicio de salud está cerca de su universalidad, otras características, como por ejemplo la calidad del servicio, está condicionada a la situación económica del usuario. Además de lo anterior, existen evidencias de que los recursos públicos con destino a la salud han sufrido uso indebido, sumando esta situación a la poca capacidad que tienen los entes reguladores para llevar a cabo una vigilancia efectiva a la función de los distintos agentes que participan en el sistema de salud en Colombia. El fenómeno financiero de la integración vertical, el uso indebido de recursos públicos, los sospechosos recobros de las EPS al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía del Ministerio de Salud) e innumerables casos en los que se evidencia la muerte de pacientes debido a la pésima calidad del servicio, son apenas la punta del iceberg de un problema social caracterizado por su crisis en variables estructurales”.

De los 48 millones de colombianos, solo 22 millones están afiliados a una EPS (Entidades Promotoras de Salud) y muchas de estas empresas son parte del problema al no pagar a las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios), es decir a las clínicas y hospitales del país. El desvío de lo rentable al sector privado es evidente. Según el estudio sobre el sistema colombiano realizado por Oscar Bernal y Samuel Barbosa para la revista Salud Pública de México, en Colombia hay 4,7 IPS privadas por cada IPS pública (4.565 vs 968). Explican los autores que “las IPS privadas representan 71% de la cartera y 29% las IPS públicas en 2013. En los informes de gestión, las IPS privadas han mostrado tener un superávit de 8% del total de costos y gastos; 24% corresponden a gastos administrativos y 75% a prestación de servicios”. En el caso del Pacífico, como en buena parte del país “existe la necesidad de un modelo diferencial para poblaciones especiales y en zonas dispersas, pero se debe tener en cuenta que estas zonas representan alrededor de 70% del territorio nacional, aunque solamente 25% de su población”.

En las zonas rurales o en departamentos con problemas de transporte como todos los de la costa pacífica, el régimen contributivo es el menos y la mayoría de la población se encuentra en el régimen subsidiado o sin afiliación de tipo alguno. La mayoría de IPS públicas están quebradas y las privadas apuestan por quien puede pagar la atención médica. Por si faltaba algo las ya de por sí malas estadísticas de personal cualificado de Colombia (14.7 médicos y 6.2 enfermeras, 1.4 camas hospitalarias por cada 10 000 habitantes en 2010 -Cuba tiene 67.2 médicos, 90.5 enfermeras y 5.1 camas; Brasil, 17.6 médicos, 64.2 enfermeras y 2.3 camas, o Canadá, 20.7 médicos, 104.3 enfermeras y 3.2 camas por 10 000 habitantes-) se hunden en el Pacífico.

*El trabajo de campo de las redes de comunicación popular se desarrolló entre julio y agosto de 2016.