Chocó, el departamento sin salud

“La calidad del servicio de salud en el departamento del Chocó es muy mala, pues no se tiene los medios y no se hace mantenimiento oportunamente; no hay agua potable y los médicos que prestan sus servicios están en el año rural y no tienen la suficiente experiencia para atender los casos que se presentan. Se han visto casos en que los médicos han fallado y mueren los pacientes”. El diagnóstico del coordinador de la Cruz Roja en Istmina, Jorge Luis Mosquera Mosquera, es tan contundente como la realidad que vive la ciudadanía del Chocó.

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Las palabras de hace apenas tres meses del responsable de Cruz Roja son tan vigentes que el informe hecho público esta semana por la Controlaría de la Nación no solo subraya esta situación, sino que apunta otras como los crecimientos considerables que presentan en el departamento del Chocó los casos de morbilidad de salud pública. Es el caso de la malaria cuyos casos han pasado 19.520 el año pasado a 28.853 en 2016. O la enfermedad diarreica aguda, los casos pasaron de 12.801 a 20.513. Son indicadores de una mala gestión de salud pública en la región. Junto a ello, este organismo señala la existencia de, al menos, 70 irregularidades en el manejo de recursos de la salud en Chocó que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de más de 2.693 millones de pesos, tan solo el año pasado.

Y uno de ejemplos más plausibles es el del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Intervenido desde el año 2007 y en situación de liquidación. El comunicado de la Contraloría dice que “la intervención no fue efectiva, eficiente, ni eficaz para subsanar las deficiencias administrativas, financieras y de infraestructura que padece, lo cual afecta negativamente la prestación de los servicios de salud del Departamento de Chocó”. Pese a que los interventores no aplicaron ninguna de las recomendaciones de la Superintendencia, no hubo ningún tipo de sanción en su contra.

Ateniéndose a la propia Contraloría, la descripciones hablan de pintura levantada, crecimiento de hongos, humedad en urgencias y en las salas de cirugía debido a la mala ventilación y daños en el aire acondicionado, “un ambiente propicio para la generación de gérmenes y bacterias”.

Además del informe de la Contraloría, esta semana magistrados de la Corte Constitucional y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, estuvieron en Quibdó para verificar el estado del hospital.  El ministro anunció una inyección por 3.000 millones de pesos para infraestructura y dotación, además de una inversión de 32.000 millones de pesos en el saneamiento de pasivos. El hospital está en funcionamiento y seguirá abierto a pesar de las paredes dañadas, los techos caídos, las ventanas rodas o la falta de insumos.

La realidad del derecho a la salud en el Chocó es crítica a pesar de las claras recomendaciones del Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) al Estado colombiano emitidos en mayo de 2012. Hace ya cuatro años que este comité reclamaba al Estado que intensificará su política de salud pública “para garantizar a todos, en particular a los pueblos indígenas y afrocolombianos y a las personas que viven en zonas rurales, el acceso universal a los servicios de atención de la salud”.

El departamento del Chocó está habitado por unas 500.076 personas (proyección DANE para 2015) y la inmensa mayoría es población étnica. Los indígenas representan un 9,2% de la población que está distribuida en 120 resguardos pertenecientes a los pueblos Emberá, Wounaan, y Tule. La gran mayoría de los habitantes del departamento, el 88%, es afrodescendiente. Son cerca de 369.558 personas que están ubicadas en las partes bajas de los ríos, principalmente en los afluentes del Atrato, San Juan y Baudó. La población criolla se limita al 3%.

La crisis de la salud en el Chocó rebasa los problemas conocidos sobre este tema en el resto Colombia. La problemática es estructural, y en ella tienen una gran responsabilidad los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal. Como estableció la Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2004, existe una prolongada omisión de las autoridades de salud en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y particularmente de los niños, niñas y adolescentes.

Desde enero de 2015, las comunidades indígenas del Medio San Juan y del Alto Baudó han reportado cerca de 617 enfermos, de los cuales 355 son niños, por brotes de paludismo. Al menos 23 personas fallecieron, entre ellos niños, jóvenes y adultos wounaan y embera. Pese a los oficios y reclamaciones ante las alcaldías y EPS respectivas, las peticiones han sido desoídas e ignoradas. La única solución para los pacientes es llegar a las cabeceras municipales por sus propios medios y comprar las medicinas o recurrir únicamente a sus médicos, los jaibaná.

Jaime Zapata, sacerdote vicario de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Istmina-Tadó, pone un ejemplo del drama sanitario en las comunidades indígenas: “En el municipio del Alto Baudó, específicamente en comunidades del río Catrú y Dubasa, se ha detectado que las poblaciones indígenas -que suman unos 1.200 habitantes- además de las enfermedades endémicas presentan desde el año 2010 enfermedades de tipo social y cultural que han llevado a muchos jóvenes y adultos a tomar el camino del suicidio. En estas situaciones tampoco se ha visto atención en salud mental, lo que ha ocasionado que esta situación se prolongue sin solución a la vista”.

Sin ambulancias medicalizadas ni hospital del tercer nivel

El departamento del Chocó no tiene ambulancias medicalizadas, no hay hospital de tercer nivel y solo se cuenta con el Hospital San Francisco de Asís en fase de liquidación. Un hospital de segundo nivel que se encuentra en precarias condiciones para una población de más de 500 mil habitantes.

El centro atraviesa una grave situación, con unos 400 funcionarios siempre pendientes del pago y sin equipos médicos de calidad o implementos para prestar un buen servicio. Sólo un ejemplo: para el suministro de agua potable cuenta con un sistema convencional el cual se encuentra en pésimas condiciones higiénico sanitarias y a su vez el sistema operativo de la planta no se encuentra óptimo para el tratamiento del agua de la fuente receptora (Río Atrato); los análisis físico, químico y bacteriológico que se realizaron el 21 de febrero de 2014 mostraron que esta no es apta para el consumo humano lo que pone en riesgo la salud de las personas que utilizan el agua para el consumo.

La infraestructura del Hospital San Francisco de Asís se encuentra muy deteriorada y en una auditoría realizada por la Contraloría General Departamental del Chocó, en abril de 2015, se verificó el mal manejo de los residuos peligrosos al encontrarse acumuladas de manera inadecuada 12 toneladas de residuos peligrosos. En el informe presentado la pasada semana vuelve a alertar sobre el agua: “Se evidencia que la planta no está entregando un líquido totalmente claro a los tanques para su consumo y no se cuenta con un laboratorio para el análisis del estado del agua”. La planta, advierte el organismo, no cuenta con la tecnología para eliminar el mercurio del agua y el hospital no está conectado al acueducto de Quibdó.  A los problemas de agua y de humedad se suma, según la Contraloría  la “presencia prolífica de gatos y palomas en las instalaciones generales del hospital” con la consiguiente suciedad que generan.

La Corte Constitucional ha pedido en varias ocasiones al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para rescatar este hospital pero hasta ahora la respuesta no es satisfactoria.

En la visita de la semana pasada, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que la inyección de capital permitirá la creación “de una nueva empresa social del Estado, un nuevo hospital público de segundo nivel de orden departamental”. El centro fue entregado por Caprecom al ser intervenido en 2007 con un déficit de 5.000 millones de pesos y, tras 18 interventores, el déficit actual llega a 37.000 millones.

El magistrado de la Corte, Jorge Iván Palacio, resaltó algunas mejoras: “Va a tener dos nuevos quirófanos, tiene agua 24 horas (no apta para el consumo), tiene un laboratorio que funciona; se ve un cambio sustancial, sin decir que todo está bien”.

Por su parte, la Contraloría encontró que el Hospital San Francisco de Asís estaba funcionando en el 2014 y el 2015 con un manual de procesos y procedimientos que fue producto de un contrato del 2013 por el que se pagaron más de 18,5 millones de pesos, pero que realmente es “una copia alterada” de los manuales del Hospital San Antonio y el Hospital del Sur, ambos de Bogotá. Y personas que fueron contratadas en el 2015 para prestar servicios de salud “no se encuentran inscritas en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud”. “Personas que posiblemente no están debidamente reconocidas para practicar la medicina”.

En los otros municipios, más carencias

Istmina es la segunda ciudad del departamento del Chocó y por su ubicación hay mucha afluencia de pacientes que se movilizan por agua o por tierra, provenientes de ocho municipios del San Juan (Condoto, Río Iró, Nóvita, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Medio San Juan y Sipí ). Jorge Luis Mosquera pide para el Chocó “hospitales de segundo y tercer nivel, para que los pacientes no se mueran en las carreteras y en los ríos. En Istmina hay mucha afluencia de pacientes, pues llegan de otros municipios y no se les brinda la atención requerida, por esta razón, son remitidos a otras ciudades como Quibdó o Medellín”.

Federico Valdés Lozano, Coordinador logístico de la clínica privada Los Ángeles, reconoce que “la crisis de la salud en el Chocó es álgida. Son muchos los muertos por falta de asistencia médica oportuna, porque las distancias que existen en el Chocó no permiten que un paciente en estado calamitoso llegue hasta Medellín, Bogotá, Cali o cualquiera de las ciudades en donde pueden prestarle la asistencia necesaria”.

Por lo anterior, los recursos que deberían invertirse en programas de salud no se traducen en servicios eficientes y reales; los pacientes que requieren diagnóstico y tratamiento especializado deben ser remitidos a lugares fuera del Chocó (Medellín, Bogotá, Montería…) por la carencia de hospitales de tercer nivel, con lo que se gastan recursos que deberían ejecutarse en el departamento. Ello contribuye aún más al debilitamiento de los servicios de salud propios. Y para acceder a los servicios de salud de calidad muchos pacientes deben recurrir a las tutelas.

Jesusita Mosquera Asprilla, habitante del municipio de Condoto, rechaza las políticas de los centros hospitalarios cuando explica que “es lamentable que en ocasiones llega la gente a los hospitales o a las clínicas y por no tener un carnet ahí mueren y no me parece justo que, si un médico está para salvar vidas, por falta de carnet no atiendan a la gente”. En el municipio de Condoto sucedió un caso hace unas semanas: una mujer, de unos 29 años, falleció debido a que la atención fue tardía porque no tenía el carnet, internet estaba caído y no se podía acceder a la base de datos. “Cuando llegó la atención, ya fue tarde. Los familiares tuvieron que pelear para que la atendieran, la remitieron a Quibdó, pero esto no fue suficiente para procurarle la vida”.