Hace unos días, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de Colombia rechazó la expresión ‘salud y derechos sexuales y reproductivos’ y se adhirió al Consenso de Ginebra de prohibición del aborto (declaración copatrocinada por los gobiernos de Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y los Estados Unidos, firmada por 34 países en 2020). Los argumentos esgrimidos plantean, por un lado, que los derechos sexuales y reproductivos no están incorporados en nuestra Constitución, desconociendo que distintos instrumentos, principios, jurisprudencia y normas los reconocen como derechos fundamentales y que por tanto hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad.
Por el otro, que este no es un “lenguaje universalmente acordado”, cuando diversos instrumentos internacionales reconocen estos derechos paulatinamente desde la década de 1970 y señalan como su garantía contribuye a la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres. Para Alejandra Coll, abogada feminista, esta decisión significa un gran retroceso en cuanto a la postura garantista que defendía Colombia en los escenarios internacionales, en los que el país era líder en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
Como plantea Somos Defensores, desde 2009 Colombia ha respaldado diversas resoluciones que contienen términos como “salud sexual y reproductiva”, “derechos reproductivos”, “derechos a la salud sexual y reproductiva” y la promoción de discusiones como la prevención de la mortalidad materna. El Estado colombiano al deslindarse de los derechos sexuales y reproductivos y sumarse al Consenso de Ginebra hace un movimiento que en principio parece retórico, pues esa postura no borra los derechos conquistados por las mujeres en Colombia y la obligación del Estado de garantizarlos.
Este posicionamiento busca satanizar estos derechos al reducirlos al aborto (por eso se suman al Consenso de Ginebra), atenta contra la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y contribuye a desinformar a la ciudadanía. Los derechos sexuales y reproductivos garantizan una sexualidad plena y saludable y la creación de sociedades libres de violencias de género, sexuales y reproductivas como por ejemplo la violación y la esterilización forzada. Estos derechos obligan a los Estados a atender cuestiones como la mortalidad materna, los métodos de planificación, la infertilidad, el embarazo adolescente, la maternidad y la paternidad responsables, entre otros asuntos, incluido, pero no solamente, la interrupción voluntaria del embarazo, reconocida en Colombia por la Corte Constitucional como derecho en 2006.
A esta retórica en contra de los derechos sexuales y reproductivos se suman otras declaraciones del gobierno actual. En el ámbito internacional ha buscado relativizar el significado y la importancia de conceptos como género, violencia sexual y de género, interseccionalidad y racismo estructural, contraviniendo los avances que el país ha hecho en estos asuntos y que nos permiten comprender las raíces de los problemas que viven las mujeres en el país y por tanto avanzar en soluciones más contundentes y estructurales a dichas problemáticas. Sin necesidad de nombrar la ‘ideología de género’, una categoría empleada ya por más de una década en América Latina para deslegitimar los estudios de género, feministas y queer, el gobierno actual está avanzando en una nueva oleada de ataque contra el pensamiento crítico y los movimientos sociales que lo producen y sostienen.
En el ámbito nacional se han realizado pronunciamientos que alertan sobre serios retrocesos en la garantía de nuestros derechos. La directora del Instituto de Bienestar Familiar planteó, por ejemplo, que no se debe usar la palabra niña y que solo hay un modelo de familia: la tradicional. Para Yusmidia Solano, integrante de la Colectiva Feministas Emancipatorias y profesora de la Universidad Nacional, son muy preocupantes estas declaraciones pues buscan retroceder los derechos adquiridos por las mujeres y avanzar en una “guerra cultural” de la que hace parte “desaparecer el nombramiento de las niñas”. Esto significa “un borramiento de la diferencia” y un desconocimiento de su agencia.
El problema de la retórica es que se sustenta en el discurso y el lenguaje. El lenguaje nombra lo que consideramos digno de existencia y el discurso crea realidades simbólicas y materiales concretas en este caso para las mujeres. Alejandra Coll alerta que el actual gobierno proyecta quitarle una significativa proporción del presupuesto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, con lo que impactaría, uno, programas de prevención de la mortalidad materna y territorios como el Chocó, Guainía y Guaviare, donde las tasas de mortalidad materna son muy altas. Y dos, la puesta en marcha de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (2026-2035).
Adicionalmente, como vislumbran Coll y Solano, todos estos movimientos desde el oficialismo tiene un objetivo muy claro: avanzar en una reforma constitucional para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo como ya lo ha planteado la bancada que apoya al Ejecutivo. Esto se proyecta incluso hacerlo vía Plan Nacional de Desarrollo como observamos en un video de Planeación Nacional que se filtró. Una pregunta legitima es por qué toda esta movida del gobierno actual y qué realidades quieren construir para las mujeres.
Ya sabemos que en elecciones prometer volver a un orden viejo y anquilosado no solo mueve emociones, sino que también apela a los intereses de sectores conservadores de la sociedad y por tanto suma votos, aunque no se cumpla lo prometido. La distancia entre prometer y hacer no parece cumplirse en el caso de las mujeres. El jueves pasado en entrevista en 6 AM W de Caracol Radio, Jonathan Silva, excandidato a la Cámara de Bogotá por Salvación Nacional, justificó la postura del gobierno en la ONU y planteó que la ‘patria milagro’ está proponiendo un cambio de concepción frente a los derechos sexuales y reproductivos por el “invierno demográfico”. Silva propuso una política para que sigan naciendo niños y niñas porque la tasa de reemplazo para pensiones debe ser de 2,2 hijos por mujer y ahora es solo de un hijo. Esto supone, dijo, políticas públicas que incentiven la protección de la maternidad con el concurso de concejales, senadores y diputados.
Conquistar nuestros derechos no ha sido fácil. Ha tomado décadas y siglos. Si hoy votamos, ejercemos cargos públicos, trabajamos fuera de casa de forma remunerada, y vamos a la universidad, es por una lucha constante y por la claridad adquirida sobre cómo funciona el patriarcado: controlando los cuerpos de las mujeres, su sexualidad, su capacidad reproductiva y su autonomía.
Derechos clave para desarmar el patriarcado
No en vano en Colombia y otras partes del mundo los derechos más tardíamente conquistados son los sexuales y los reproductivos, pues son el núcleo del patriarcado y uno de los ejes en los que se sostienen otras estructuras de poder y la organización de la sociedad. La historiadora Gerda Lerner (1990) analizó como el surgimiento del neolítico supuso el intercambio de mujeres entre tribus y una mayor reproducción de niños y niñas para contar con mayor población y mano de obra para desarrollar la agricultura.
Silvia Federici (2004) estudió la transición del feudalismo al capitalismo, marcada por la crisis demográfica de 1620-1630, y encontró que esta implicó la creación de nuevos métodos disciplinarios para regular la procreación de las mujeres y garantizar mano de obra barata. En dicha transición se planteaba que la virtud de la mujer era poseer una matriz y poder dar a luz. Algunas pensamos que hoy la humanidad se enfrenta a una transición histórica como la ocurrida en otras épocas entre el paleolítico y el neolítico o entre el feudalismo y el capitalismo. En una y otra ha sido fundamental el uso del cuerpo de las mujeres.
Con siglos de historia, ni la humanidad ni Colombia se pueden permitir hoy que los cimientos de la transición, cuyas señales de declive del viejo orden vamos avizorando y estamos disputando las de una nueva era, se construyan sin la voz de las mujeres y poniendo sobre ellas todo el peso de las soluciones. Si hoy hay un problema de crecimiento demográfico lo primero que debe hacer el Estado es identificar por qué está pasando esto, por qué mujeres y hombres quieren tener pocos o cero hijos e hijas; en vez de volver a imaginarios bíblicos, de la Grecia y la Roma antigua o de finales de la Edad Media que concibieron a las mujeres como simples recipientes de espermas.
Además de emplear una racionalidad meramente instrumental sobre los derechos sexuales y reproductivos y los cuerpos de las mujeres; la retórica, los discursos, el lenguaje y las acciones del actual gobierno en lo que tienen que ver con nosotras es útil para la construcción de un proyecto de sociedad fascista. Los proyectos totalitarios han empleado los cuerpos de las mujeres como laboratorios de la opresión. Como dice Julieta Paredes (2008), la humanidad aprendió a dominar en los cuerpos femeninos y en el territorio tierra. Controlar los cuerpos, en principio de las mujeres, pero no solo estos y retroceder y negar derechos es parte de una agenda fascista.
En este contexto cobra sentido la novela distópica de Margaret Atwood (1985), El cuento de la criada, que recrea un país fascista: la República de Gilead, guiada por una ortodoxia religiosa misógina que esclaviza sexualmente a las mujeres fértiles. Detener esa posibilidad para nuestro presente requiere de la fuerza organizada de las mujeres, de aquellas que hacen parte de los movimientos sociales y de quienes aspiran a tener una vida digna para ellas, sus hijas, nietas, congéneres y para los hombres; porque lo que pasa con nosotras afecta a la sociedad entera e informa la totalidad del mundo en el que vivimos.
Que mejor contexto que el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, para decirle a este gobierno y al mundo entero que las mujeres no somos instrumentos de su proyecto, sino que más bien somos agentes de un cambio y una sociedad en la que todas, todos y todes podamos vivir aquí y ahora dignamente.
* Magister en Historia y PhD en antropología
Referencias:
Federici, Silvia. 2004. “The accumulation of Labor and the Degradation of Women”. En: Caliban and The Witch. New York: Autonomedia, pp. 61-132.
Lerner, Gerda. 1990. “Símbolos y el origen del patriarcado”. En: La creación del patriarcado. Editorial Crítica. Barcelona, pp. 292-330.
Paredes, Julieta. 2008. Hilando fino desde el feminismo comunitario. La Paz: Cooperativa el Rebozo.
