¿Paz o corrupción?
Desde hace meses, algunos líderes políticos pretenden posicionar la idea que ‘la paz ya no vende’, que hablar de paz es desgastarse en la próxima contienda electoral, que no es un tema de interés de los electores, que ya se tiene un acuerdo con las FARC-EP y, al decir de una de sus representantes, “ya les hemos acabado”.
Para tomar distancia se ha visto que es más ‘taquillero’ posicionar como tema el gravísimo problema de la corrupción administrativa. Punto alrededor del cual han llegado incluso los que también dicen que si llegan al gobierno “harán trizas el acuerdo de paz”.
Este supuesto dilema electoral de hablar de paz o de corrupción ha hecho que dos grandes retos se tornen en simples frases de campaña para captar votos.
El proceso de paz, entendido como la negociación que se hizo con las FARC-EP y la mesa que se estableció públicamente con la guerrilla del ELN hace tan solo cuatro meses, no puede ser asumido como algo ya superado, es en realidad el campo de mayor cambio social que puede tener Colombia en la historia reciente. Se trata de poner fin a un conflicto que heredó la violencia mal solucionada, con el Frente Nacional, de los años cuarenta y cincuenta, pero que sobre todo manifestó el deseo y propósito de hacer transformaciones sociales mediante la toma del poder por la acción armada insurreccional.
Lograr la paz completa estable y duradera es el reclamo que hace la amplia estela de víctimas, que aún no termina, pues el país aún está en medio del conflicto a pesar de la clara disminución de su intensidad al haberse consolidado el cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, pero con una agudización en los sectores donde aún se encuentra la confrontación entre la Fuerza Pública y el ELN, escenario también de la intervención de los grupos sobrevivientes del paramilitarismo.
El registro único de víctimas indica que a mayo de 2017 se encuentran 8.115.153 víctimas del conflicto armado, cifra ésta que no puede ser despachada o puesta entre paréntesis por los intereses de las campañas electorales que quieren pasar la página de la paz para posicionarse con el lema de al anticorrupción, como si ésta no tuviera que ver con la paz.
La construcción de ‘Paz Estable y Duradera’, basada en la justicia social con equidad e inclusión, deberá ser siempre el horizonte que guíe la acción política, pues el Acuerdo Final firmado con las FARC-EP no es una declaratoria para la desmovilización de unos armados, sino que es una carta de navegación para que las víctimas provocadas por todos los actores puedan avanzar hacia el conocimiento de la verdad, se identifiquen responsables se aplique justicia y se obtengan acciones reparadoras que garanticen la no repetición de tales hechos violatorios.
A su vez, este Acuerdo Final apunta a hacer las transformaciones necesarias para abordar dos de las grandes causas de la guerra en Colombia: la inequidad del campo colombiano y la participación política con garantías para todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto no puede ser una página que se pueda pasar para entrar en un debate sobre la corrupción como imán electoral.
La corrupción sí es un cáncer, pero este flagelo debe abordarse sin desconocer que necesitamos que el fin del conflicto armado se consolide, para que no haya más excusas de no hacer inversión social en el área rural por temor a los grupos armados, lo cual permitió muchas expresiones de corrupción.
La paz es necesaria para que haya una participación electoral efectiva, con equidad y sin presión armada de ningún tipo, como, y sobre todo, sin ninguna expresión clientelista que niega y anula la ciudadanía y la reduce a un vendedor de votos.
El próximo Gobierno y sus sucesores deberán tener el horizonte de la consolidación de los Acuerdos de Paz ya firmados con las FARC-EP y los que se logren con el ELN como espacio de hacer un auténtico pacto social que reconozca las diferencias para que permite su expresión efectiva en un marco de equidad económica, social y política.
*Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico
