¿Quiere el Gobierno entregar la memoria a los victimarios estatales?

Las organizaciones de derechos humanos están constatando sus peores pesadillas con algunos movimientos del Gobierno de Juan Manuel Santos que pueden comprometer la efectividad del denominado como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) acordado en La Habana. “Los militares les han apostado a una paz particular, una paz donde se desarma la guerrilla y ellos se mantienen en el mismo lugar sin transformaciones profundas”. Habla Diana Marcela Gómez Correal, que forma parte de Hijos e hijas por la Memoria y contra la Impunidad, y lo hace en un día de fiesta. Cuando el resto descansa, el país consciente conoce, a través de ¡Pacifista!, la jugada del Estado para meter al Ministerio de Defensa –y con él a las Fuerzas Militares (FFMM)- en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

No está menos preocupado con esta noticia el abogado de derechos humanos Jorge Molano, quien está convencido de que “lo que se pretende es construir una verdad oficial, del establecimiento, del Estado, controlada por los que diseñaron las políticas criminales que tanto daño han hecho a la sociedad colombiana, que tantos desaparecidos han causado, que tantos desplazados han dejado…”.

La anhelada “verdad” sobre lo ocurrido en los últimos 60 años en la guerra que ha desangrado y agotado al país no parece que vaya a llegar a los militares. Justo al contrario… Una fuente del Comando General de las FFMM le dijo a ¡Pacifista! que “les preocupa quedar en los anales de la historia como victimarios de esta guerra”. Otra fuente del CNMH le contaba hace unas semanas a Colombia Plural cómo las Fuerzas Militares, hasta el momento, se han negado a facilitar información oficial para las investigaciones del Centro de Memoria. “Incluso, en un acto público, altos oficiales le recriminaron al director [Gonzalo Sánchez] y le dijeron que cómo pensaba reparara a los militares por el daño causado por el informe ¡Basta Ya!”, contaba otro trabajador del CNMH que confiesa el temor de que este organismo, siempre en una posición difícil, sea “neutralizado” en esta fase de la implementación de los acuerdos de paz.

Gómez Correal explica que las víctimas de crímenes de Estado siempre supieron que en el denominado como postconflicto sería “un proceso de tensión” donde el Estado seguiría “priorizando las víctimas de crímenes de la guerrilla y la responsabilidad de las guerrillas en lo ocurrido, en detrimento de las víctimas de crímenes de Estado y la responsabilidad del estado y, en particular, de los militares, en lo ocurrido”.

Eso es lo que desde Hijos e hijas por la Memoria y contra la Impunidad temen que signifique el decreto “firmado [el 27 de marzo] por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y por el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Nemesio Roys, [por el que] el gobierno decidió que la cartera de Defensa hará parte del órgano de dirección del Centro, integrado por la Unidad de Víctimas; los ministerios de Educación, Cultura y Justicia; el DPS y dos representantes de la Mesa Nacional de Víctimas”. Por un lado, se desconoce a todas las víctimas que no estén en la más que cuestionada Mesa Nacional de Víctimas; por otro, se mete a uno de los actores investigados por el CNMH en el corazón del organismo autónomo.

«Es inadmisible que Santos, quien se presenta como Nobel de la Paz, lleve a la sociedad colombiana a una paz controlada por los victimarios”

“El Gobierno está ratificando una postura de negacionismo de la violencia estatal. Incluir al ministerio [de Defensa en el CNMH] es proteger a los militares frente al juicio de la historia. Es buscar proteger su versión de lo ocurrido en el conflicto y su alta dosis de responsabilidad frente a una violencia que no es coyuntural, sino más bien sistemática. Durante todo el proceso de paz el estado ha protegido a los militares y ha seguido sus propuestas de como situarlos frente a la justicia transicional y en particular a la verdad y la justicia”, explica Diana Marcela Gómez, quien está preocupada por el futuro de la Comisión de la Verdad, cuyo decreto de creación fue firmado por Juan Manuel Santos 10 días después de este polémico decreto. ¡Pacifista! también ha recogido fuentes anónimas en el interior de un centro Nacional de Memoria Histórica que están estupefactas porque “la apuesta del CNMH no es por la memoria institucional, la del gobierno, sino por una memoria que dignifique a las víctimas, que hable del sufrimiento de la gente”. Por tanto, si el argumento del Ministerio de Defensa es que en la directiva del Centro deben estar aquellas instituciones que participaron en el conflicto entonces las guerrillas podrían pedir asiento en ese consejo.

Transición sin transición

Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad [institución que forma parte de la red del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado], recuerda cómo durante la firma del decreto que creaba la Comisión de la Verdad, las víctimas señalaron la preocupación “porque se esté estructurando una verdad incompleta que ignore lo que ha sido una política de criminalidad estatal”. Y la entrada del Ministerio de Defensa al CNMH le parece del todo “inconveniente”. “Los agentes estatales en este país están comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos por tanto no puede ser que el Ministerio de Defensa incida directamente en la reconstrucción de la verdad…”. En realidad, Arboleda señala que Defensa no puede formar parte de ninguno de los mecanismos previstos en el SIVJRNR.

Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, organización que trabaja con víctimas de desaparición forzada, cree que la decisión del Gobierno «pone a prueba» el SIVJRNR. «La naturaleza de las medidas que se adopten [en el SIVJRNR] –si contrarias o no a los derechos de las víctimas- determinarán el grado de legitimidad del proceso de paz», explica Bautista. La defensora de derechos humanos es clara, además, al denunciar que «ética y jurídicamente es reprobable que la fuerza pública, la policía u organismos de seguridad del Estado, sean directivos de la principal institución de memoria Histórica oficial, porque fueron activos en las violaciones de derechos humanos, así lo han probado múltiples casos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dictámenes del comité de Derechos Humanos de la ONU».

Lo que Jorge Molano cree es que este decreto, junto a los cambios introducidos en la Jurisdicción Especial de Paz a favor de los agentes del Estado o las limitaciones en las nuevas instituciones –como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas- confirman que “Colombia va a tener una transición sin transición; que la sociedad y la política colombianas seguirán hipotecadas al querer de los militares. Nos están abocando a una paz militarizada donde los diferentes escenarios de la vida social, política y de la verdad van a estar controlados por los victimarios”.

El futuro que apunta Molano, Diana Marcela Gómez lo traduce en lo inmediato en “una Comisión de la Verdad llena de tensiones y parcializada, que además puede correr el riesgo de privilegiar las voces oficiales y de los victimarios, en vez de priorizar las de las víctimas”. Ese desconocimiento de “la violencia estatal, de la verdad plena de lo ocurrido” puede suponer una limitación definitiva a las denominadas como garantías de no repetición, “como las referidas a los cambios institucionales, de doctrina militar o del presupuesto militar, por ejemplo”

Molano, quien ha sido abogado de las víctimas de casos emblemáticos que involucran a agentes del Estado (como el Palacio de Justicia o la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó), cree que es “inadmisible” que Juan Manuel Santos, “quien se presenta como Nobel de la Paz”, “lleve a la sociedad colombiana a una paz controlada por los victimarios”.