Revueltas de mujeres y retos feministas para la paz
Paradójicamente, posterior a la confusión creada por sectores políticos de ultraderecha y religiosos con la mal llamada ‘Ideología de Género’, las organizaciones de mujeres y feministas lograron articular al enfoque de género del Acuerdo de Paz, después de la renegociación que sufrió el Acuerdo Final post-plebiscito, una estrategia que asegure el cumplimiento de planes, programas y políticas de equidad de género y restitución de derechos de las mujeres.
En el literal D del punto 6.1 Mecanismos de implementación y verificación del Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón en Bogotá, dice que en el marco de la Comisión CSIVI se creará una Instancia Especial “con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final”.
Dicha Instancia Especial, tenemos que decirlo claramente, ha sido producto de las revueltas de mujeres y feministas que por años ha acompañado los anhelos de paz de nuestro país, la lucha de las mujeres de negro contra las guerras imperialistas a nivel mundial es una prueba de ello. Luchas de mujeres diversas han estado en contra de la guerra en Vietnam. Pasando por Irak, Siria y los pueblos de Nuestra América, las mujeres y feministas le han apostado a la resolución de conflictos de forma pacífica, dialogada y con alto contenido político que además incluya a quienes han vivido de manera más cruel la violencia: mujeres campesinas con múltiples desplazamientos, mujeres negras e indígenas que protegen sus territorios del extractivismo multinacional, las trabajadoras y habitantes urbanas conteniendo la precarización de los cinturones de miseria en las ciudades. El aporte del movimiento de mujeres y feministas a la construcción de la paz en Colombia, se encuentra además atravesado por la heterogeneidad que caracteriza a dicho movimiento. Esto ha sido ampliamente estudiado por Maruja Barrig, Gabriela Castellanos y Ochy Curiel las cuales afirman que la historia, las acciones colectivas, los discursos y prácticas políticas de las feministas son distintas y luchan de diferentes formas contra el entronque patriarcal-capitalista-colonial.
Por otro lado, apelando a la justeza histórica entre mujeres y feministas, no podemos desconocer el trabajo realizado por la Subcomisión de género surgida en La Habana, atreviéndose a formular e introducir un nuevo paradigma nunca antes visto en otras negociaciones de paz; no podemos desterrar al olvido el compromiso de las mujeres farianas que hicieron parte de la delegación de paz, puesto que decidieron contar su experiencia de vida enfrentando mitos monstruosos y estigmas violentos acerca de su papel en la insurgencia; y por supuesto, el trabajo desarrollado por Victoria Sandino desde la CSIVI.
El pasado 24 de abril, representantes del gobierno nacional y de las FARC iniciaron el proceso informativo a las interesadas del nivel nacional sobre los aspectos técnicos más cruciales para la escogencia de las organizaciones de mujeres que harán parte de la Instancia Especial. Algunas de las preguntas más representativas de la jornada se dirigieron a que la CSIVI indicará la posibilidad de ampliar o no la cantidad de mujeres representantes y su tiempo de duración en el espacio, sobre las “camisetas organizativas” con las que se pueden presentar las organizaciones de nivel nacional y/o territorial para que no se generen contradicciones; se precisan además los criterios puntuables y habilitantes; se define el carácter autónomo de la Instancia y la necesidad de que las decisiones sean tomadas por consenso. Por otro lado, se hicieron preguntas acerca de la participación de las organizaciones exclusivas de mujeres y las mixtas (aquellas integradas por hombres y mujeres como las campesinas y de diversidades sexuales como las mujeres trans).
A partir del pasado 26 de abril, y hasta el 16 de mayo, se realizarán 32 asambleas, una por cada departamento, para preseleccionar a más de 100 mujeres de los territorios, las cuales harán parte de un proceso de selección a cargo de la CSIVI, del cual se espera salgan las 3 duplas para representar el nivel territorial y una mujer como representante de las víctimas en la Instancia. Del nivel nacional, se presentarán hasta 6 duplas con las figuras más representativas de las grandes organizaciones y ONG´s del movimiento de mujeres capitalino. La CSIVI seleccionará 2 duplas para este nivel. Las organizaciones LGTBI tienen un cupo el cual se escoge desde el nivel nacional.
Estas delegadas y sus organizaciones tendrán la gran responsabilidad de promover la más amplia participación de las mujeres al momento de dar insumos; sugerir lineamientos y hacer recomendaciones a la CSIVI para apoyar la implementación del enfoque de género; interseccional y de derechos de las mujeres tanto en el marco jurídico del Acuerdo y del Plan Marco; hacer el seguimiento a la implementación del enfoque de género; realizar los informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo que serán entregados a la CSIVI y mantener diálogo constante además de la CSIVI, con el Consejo Nacional de Reincorporación CNR, el componente de verificación y acompañamiento internacional, el Instituto Kroc, entre otras instancias que sean necesarias. Por último, y no menos importante, la Instancia Especial de mujeres deberá mantener espacios y canales permanentes de diálogo, comunicación e interlocución con la totalidad de las diversas expresiones que tiene el movimiento de mujeres y feministas a nivel nacional, regional y local.
Esta última cuestión genera especial interés puesto que representa unos de los retos más importantes a enfrentar por parte del movimiento de mujeres y feministas, un reto que no solo es coyuntural debido a las nuevas tareas asignadas a la Instancia Especial, sino porque esto implica empezar a saldar una deuda histórica entre las diferentes corrientes de pensamiento y acción feminista, así como de las amplias y diversas expresiones organizativas que contiene el movimiento de mujeres. Esto quiere decir que quienes sean delegadas a la Instancia deberán evitar, a toda costa, posibles hegemonismos propios de las ONG´s que se han especializado en atender ciertas poblaciones exclusivas de mujeres y que, por su importante y destacada trayectoria, son muchos más visibles que aquellas que han trabajado como hormiguitas desde las periferias territoriales y sin grandes montos provenientes de la cooperación internacional. Por otro lado, estas mismas delegadas deben promover una cobertura realmente nacional y territorial que no excluya las zonas más afectadas por el conflicto, en donde la mayoría de las mujeres han sido las principales víctimas de la guerra y las que requieren un reconocimiento prioritario de su vulnerabilidad y de las formas con las cuales han defendido su territorio. De este modo, mujeres y feministas que representen al amplio movimiento en la Instancia Especial deberán reconocer también las mujeres campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes que han compartido experiencias organizativas mixtas con hombres debido a que comparten opresiones provenientes de las violencias del modelo político y económico neoliberal y racista impuesto en los mismos territorios.
En síntesis, la Alta Instancia es una gran oportunidad para que el Estado y la sociedad colombiana en su conjunto reparen la deuda histórica de exclusión, aislamiento y marginalidad en la que han mantenido al conjunto de la población periférica, y, específicamente, a las mujeres que en tiempos de crisis sostienen la vida cotidiana, la vida política y la vida económica en los territorios. Son sus cuerpos, sus pieles, sus ríos, sus barrios y veredas los que deben ser claramente reconocidos y ser parte integrante y fundamental de las transformaciones que se empezarán a presentar con la implementación del Acuerdo de Paz y especialmente con las garantías que se han ganado para las mujeres.
*Investigadora independiente y activista feminista.
Historiadora y Socióloga.
