¿Por qué tanta oposición a las Zidres?

La Corte Constitucional respalda en una primera resolución la ley del Gobierno, mientras sus detractores insiste en que atenta contra el campesinado y fomenta la acumulación de baldíos en manos de grandes empresas.

La Corte Constitucional ha dado un espaldarazo a las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social) tras varios días de intensas campañas reactivadas en prensa y redes sociales contra una ley que el Gobierno dice crear para fomentar la producción y los negocios agrícolas en zonas de difícil acceso, pero sobre la que sus detractores denuncian que viola los derechos de los campesinos y fomenta la acumulación de tierras baldías en manos de grandes empresas. Otra de las alertas tiene que ver con su posible afección al Banco de Tierras para la Paz.

Contra la ley se han interpuesto cinco demandas, una fue no admitida y hay al menos otra pendiente de resolución. La que se ha fallado ahora mantiene la ley aunque anula algunos artículos. Uno de los más importantes el que tiene que ver con la autonomía de los territorios. La Corte Constitucional ha establecido que la constitución de las zonas Zidres debe pasar por el visto bueno de los concejos municipales y se debe ajustar a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios. Admite así las tesis de quienes alertaban de que la ley vulneraba la participación de la ciudadanía que vive en los territorios en donde se constituirán. Eso sí, establece que no necesitan consulta previa con las comunidades étnicas porque la propia ley planteó que las Zidres no se ubicarán en resguardos indígenas o zonas de reserva campesina, ni en territorios colectivos titulados o en proceso de titulación de las comunidades negras. Tampoco pueden crearse en territorios que comprendan áreas declaradas y delimitadas como ecosistemas estratégicos, parques naturales, páramos y humedales.

Las Zidres están previstas para territorios de difícil acceso con aptitud agrícola, pecuaria o forestal, lejos de los núcleos de población. Se dará prioridad a la producción de alimentos (agroindustria) y deberán incluir proyectos e infraestructuras y de inclusión social. La fórmula que plantea el Gobierno es, en teoría, para adjudicar terrenos a campesinos sin tierra, pero no serán estos los que realicen los proyectos sino empresas con las que deben asociarse, y serán estas las que desarrollen esos proyectos utilizando las unidades agrícolas que se le titularán a estas personas.

Entre los promotores de una de las demandas se encuentran los senadores Jorge Robledo, Iván Cepeda, Ángela María Robledo, Alirio Uribe y Alberto Castilla. Este mismo jueves 9 de febrero, Iván Zepeda insistía en que esta ley “premia la acumulación ilegal de baldíos y agrede al campesinado”. La demanda del senador Jorge Robledo planteaba, entre otros puntos que las ZIdres reproducen el plan de Desarrollo Sostenible de Juan Manuel Santos que ya fue declarado inconstitucional en 2012.

El Banco de Tierras para la Paz  es otra de las cuestiones sobre las que se encienden las alarmas.  El ex representante a la Cámara Wilson Arias explica en Contagio Radio que la adjudicación de tierras baldías era el principal factor para este Banco y “en estos momentos están deshechas de un plumazo porque las trasnacionales y las grandes corporaciones tienen sus ojos en ellas” y cita al grupo Ardila Lule, el grupo Santodomingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo o Poligrow … “de modo que muy poco futuro le vemos al Banco de Tierras para la Paz”

Este Banco de Tierras para la Paz establece la extinción judicial de dominio de predios ilegales, de las tierras provenientes de la delimitación y actualización de las reservas forestales, las tierras que puedan adquirirse vía expropiación y por último las tierras baldías de la nación, que no implicasen la redistribución de la tierra sino la titulación de la misma. Ahora, advierten, podrán ser adquiridas por empresas y multinacionales bajo la Ley ZIDRES.

Oxfan Internacional ha sido una de las organizaciones que ha denunciado las consecuencias de este sistema de reparto de tierra. Advierten de que se trata de un instrumento que legalizaría la acumulación irregular de predios por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra; y aumentando la “desigualdad”. Junto a ello, afirman, representa una amenaza para el campesinado y el desarrollo rural. Sus conclusiones son parte del estudio de la norma realizado por ocho organizaciones de juristas, campesinos y derechos humanos de Colombia, entre las que se encuentran : CODHES, CINEP, Planeta Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Dignidad Agropecuaria. Entre otros asuntos, denuncian que varias de las disposiciones tocan aspectos relacionados con la tenencia de baldíos tratando de evadir las restricciones legales a su concentración. Temen, en ese sentido, que las tierras de la nación acaben en manos de grandes empresas y multinacionales

Precisamente, el senador Jorge Robledo en su rechazo a esta ley ha insistido en que deja a los pobres sin los derechos que les confiere el fondo de tierras, que hasta la fecha solo entrega sus baldíos a quienes demuestren que no tienen recursos. Unos baldíos, que según la Constitución, solo pueden darse a campesinos y destinarse a la órbita de la economía familiar. Eso sí, el alto tribunal mantiene el artículo que establece que no podrán adelantar proyectos productivos dentro de las Zidres los empresarios que tengan bienes baldíos adjudicados después de la ley 160 de 1994.

La Corte si ha anulado uno de los artículos contra los que había rechazo, el que obligaba a pequeños y medianos productores a asociarse para poder participar de los estímulos económicos y beneficios de las Zidres. A juicio del tribunal, esta premisa impone cargas a los proyectos que en teoría deben favorecer a pequeños campesinos.

El decreto aprobado en agosto de 2016 para fijar las reglas del juego de las Zidres establece la entrega de bienes inmuebles de la Nación a este tipo de proyectos, para lo cual se cederán baldíos adjudicables que no se encuentren reservados para otros propósitos y los bienes inmuebles fiscales.

Otras de las críticas a la ley se refiere a que puede poner en riesgo las aspiraciones de las Zonas de Reserva Campesina, creadas en 2002 para el fomento de la pequeña propiedad rural pero que apenas se han desarrollado; al riesgo ambiental de zonas muy frágiles; a que se beneficia más al empresario que al trabajador agrario que se ve forzado a vender su tierra o cambiar los usos de sus predios.

Datos sobre las Zidres

El proceso de identificación de las Zidres está a cargo de la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria (UPRA) y su delimitación será establecida por el Gobierno Nacional a través de un documento Conpes.

Una vez identificadas las áreas y su delimitación el Consejo de Ministros aprueba su constitución.

Para hacer parte de las Zidres es necesario presentar un proyecto productivo ante el Ministerio de Agricultura que, entre otras cosas, debe garantizar la compra de la producción a precios del mercado; debe ser compatible con las políticas de seguridad alimentaria del país; y debe ajustarse al ordenamiento territorial de la región donde sea implementado.

En principio no es necesario desprenderse de la titularidad de la tierra para hacer parte de una Zidres. Los propietarios que no deseen desprenderse de su derecho de dominio podrían asociarse a los proyectos productivos.