El Gobierno se aferra al extractivismo
El Gobierno colombiano sigue aferrado a los hidrocarburos y la minería como motor económico del país. Es la principal conclusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que el Ministerio de Minas celebró en Cali. Cuatro horas en las que, junto a las autoalabanzas por las mejoras de seguridad jurídica, agilidad y transparencia, el mensaje -o la advertencia-, lanzada fue que sin minería o hidrocarburos se ponen en riesgo la mayoría de las inversiones sociales. La idea que se repitió varias veces es que la actividad minero-energética aportó de 10 billones de pesos en regalías que “benefician a la inversión en educación, vivienda, agricultura, salud y cultura de miles de familia”. Sin esas regalías de dónde saldrían los recursos, se pregunta el Gobierno. “La dicotomía petróleo o no, no es posible (…) o aprovechamos esos recursos o nos quedamos sin posibilidad de desarrollo social”, apuntó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia.
La posición del Gobierno se enfrenta radicalmente a las alertas de movimientos ambientalistas, de derechos humanos y juristas que señalan que el modelo extractivista sólo supone una reprimarización de la economía y genera destrucción, miseria y explotación, afecta a la seguridad alimentaria de los pueblos, y provoca daños irreversibles en el ambiente. Informes de la propia Contraloría señalan que los municipios con más minería son los que tienen más necesidades insatisfechas. La campaña de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo ‘La gran minería envenena’ alertaba además de que la normativa Colombiana está hecha para favorecer a las transnacionales y que las regalías son escasas y “cada vez se paga menos”. Esta campaña puso en marcha la petición de una moratoria minera. Un estudio de 2013 dirigido por el economista Luis Jorge Garay para la Contraloría General de la Nación, titulado ‘Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista’, señalaba que Colombia es uno de los países de América Latina con más bajos ingresos fiscales derivados del impuesto a la renta y de las regalías del sector de la minería e hidrocarburos.
Esta semana, en una audiencia pública sin apenas voces críticas –solo tres de los asistentes a los que se dio la palabra cuestionaron la acción del Gobierno-, el Ministerio de Minas dejó claras sus apuestas. Por un lado la minería y por otro los hidrocarburos. Las energías ‘limpias’ se potencian en las zonas sin interconexión: eólicas y solares. Pero en este paquete se incluyen también las hidroeléctricas, es decir las grandes presas como la Hidroituango, con un gran rechazo de la población afectada.
El 4% del territorio nacional está titulado para minería, el 2% en explotación, según los datos facilitados en la Audiencia Pública. En Colombia, la minería de carbón se centra en el oriente, la de oro en la zona occidental y la minería a cielo abierto, en el norte.
Como proyecto destacado, en la audiencia pública se citó el licenciamiento ambiental de cuatro iniciativas de gran minería de oro en Antioquia que, con 20 toneladas/año, duplicarán la producción anual. Se trata de Gramalote, de AngloGold Ashanti; Cisneros, de Antioquia Gold; Santa Rosa de Osos, de Red Eagle Mining; y Buriticá, de Continental Gold. Todos ellos operados por multinacionales de Canadá, Sudáfrica y Perú.
Eso sí, en la audiencia pública, se repitió hasta la saciedad que la apuesta es por la “minería bien hecha” y por la protección de la minería tradicional o de subsistencia.
Ello conlleva promesas de enfrentar la minería ilegal y acabar en tres años y medio (2020) con los vertidos de mercurio a los ríos colombianos –hasta 140 toneladas llegan en la actualidad a las cuencas- y legislar para diferenciar al minero tradicional y el barequero de las mafias de minería ilegal. Esa defensa de los mineros tradicionales pasa por un proyecto de ley que identificará a todos los implicados en el proceso de minería ilegal y diferenciará y castigará al “capo y al dueño”. “Esas fotos de las redes sociales [en referencia a las campañas contra la minería] no es minería bien hecha, no es lo que nosotros queremos. Es importante dar instrumentos a quienes lo quieran hacer bien”, insistía el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata.
Junto a ello se sigue con la política de formalización de títulos (legalización) para esos mineros tradicionales –ya sea de oro, de arenas o de otros materiales- pero dos de los presentes en la audiencia, uno del Chocó y otro de Buriticá (Antioquia), cuestionaron este mecanismo porque dicen que al final esa formalización se hace a través de grandes empresas como Continental Gol “y muchos nos sentimos por fuera de estos procesos”. “Están vendidos a las trasnacionales”. El Ministerio defiende que desde mayo de 2015 a septiembre de 2016, 550 mineros pasaron de la ilegalidad a la legalidad y defiende que la minería genera 1,7 millones de empleos indirectos en el país. La campaña ‘La Gran minería envenena’ advertía de los daños en la subsistencia de las familias y violaciones del derecho a consulta previa y a la participación ciudadana.
En Cali, el Ministerio explicó que a los 10 billones de pesos en regalías hay que sumar 180.000 millones de incentivo a la producción para los municipios que con su labor minera y de hidrocarburos se encargan de hacer una minería responsable y que también han sido invertidos en proyectos de restauración social, económica o ambiental de las zonas productoras de crudo, gas, carbón y níquel.
Sin embargo, un informe del CINEP de 2012 alertaba de que la incursión de grandes empresas mineras estaba cambiando estructuralmente la economía y el rol del Estado y se estaban produciendo “grandes impactos ambientales, sociales y políticos”. “La ampliación de la gran minería legal hace que la minería ancestral -práctica histórica, cultural y de supervivencia de distintos grupos sociales- se convierta, en términos económicos, en una actividad cada vez menos rentable para quienes la ejercen y que además, en el marco de la actual política minera, corre el riesgo de convertirse en ilegal. Además, el impacto de esta gran minería en los territorios ancestrales hace que el tejido social, cultural y las condiciones se agreguen al deterioro económico”.
En 2013 las Naciones Unidas ya alertaron de que la minería a gran escala había aumentado la pobreza en Colombia y se centraba en la explotación carbonífera en el departamento del Cesar donde aludía a problemas de crisis alimentaria, contaminación y fenómenos sociales. La ONU señalaba que había afectado «principalmente el acceso al agua, la salud, el desarrollo de la actividad agropecuaria y el cambio en su entorno al ver crecer a diario montañas de material estéril o desperdicios de la explotación».
El pasado mes de julio, en el marco de la Jornada Mundial contra la Gran Minería, diversas organizaciones sociales denunciaron los efectos nocivos de la minería a gran escala, como la que defiende el Ministerio, y advertían de que los terrenos entregados en concesión suman cerca de 5 millones de hectáreas, mientras que las extensiones de tierra dedicadas a la agricultura no superan las 4 millones de hectáreas. Las solicitudes de concesión abarcan cerca de 25 millones de hectáreas, según Alejandro Pulido, uno de los integrantes de la campaña «La gran minería envenena».
En mayo, Greenpeace denunció que Colombia no está cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibía actividades mineras en los páramos del país. Desde el 2013, Greenpeace viene denunciando la grave situación de los páramos de Colombia y que se otorgan licencias ambientales a compañías mineras de manera irregular, que los proyectos ambientales están generando contaminación en las fuentes de agua, que las autoridades no asumen sus responsabilidades y que los pobladores locales están generando procesos de resistencia justificados que el Gobierno Nacional no parece reconocer. Varias multinacionales demandaron al Estado colombiano tras la sentencia de la corte.
Las esperanzas en los hidrocarburos
La segunda gran apuesta para el Gobierno son los hidrocarburos, que son la principal fuente de financiamiento nacional, según el ministro. “Cuando se bloquea el acceso de un taladro (de prospección o extracción) se bloquea el acceso a los recurso sociales”.
Durante la Audiencia Públicas celebrada en Cali se resaltaron las esperanzas puestas en las primeras tres zonas francas en el Caribe para la exploración costa afuera y aumentar en diez veces las actuales reservas de hidrocarburos del país. Para permitir todo esto se apuesta por una normativa flexible porque, como dijo el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, “si el país no tiene capacidad de ajustarse a las condiciones [que exigen las multinacionales], los compradores se van”. Y como insistió el ministro de Minas, Germán Arce Zapata, “si a la industria de los hidrocarburos le va bien, si a Ecopetrol le va bien, entonces le va bien a Colombia”.
El Ministerio presumió de que el BID había alabado la forma en la que Colombia habría afrontado la crisis de los precios del petróleo (gracias a esa flexibilización) con una producción cercana a las 900.000 barriles/día, mientras que el año pasado se lograron 1.006.000 barriles/día. Para Velandia las reservas de crudo de Colombia darían para 7 años “y las medidas que tomemos ahora serán fundamentales”. En esta audiencia pública no se habló de la fracturación hidráulica (fracking) como sistema de extracción para incrementar esas reservas, pero lo cierto es que a pesar de las voces que cuestionan este método por sus riesgos y falta de regulación, el Gobierno ya tiene clasificados 43 bloques clasificados como no convencionales, de los que hay licitados en exploración siete.
Pese a los hallazgos en el mar Caribe y los nuevos descubrimientos en Sucre de Canacol Energy, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ha llamado la atención sobre la situación para el suministro energético, ya que la caída en la producción, la ausencia de nuevos desarrollos, la disminución de taladros y de exploración sísmica, más la reducción de inversión, permiten prever que las incorporaciones de reservas van a seguir limitadas, según publicaba El Tiempo esta misma semana. En esa misma información, y pese a las positivas perspectivas mostradas en la Audiencia Pública de Cali, el Banco de la República muestra que se ha profundizado la caída en la inversión extranjera en el sector petrolero, pues mientras en el 2015 hubo una contracción del 46%, durante el primer semestre del 2016 el desplome ha sido mayor y va en el 67,6%.
Los riesgos de la explotación petrolera tienen que ver con impacto ambiental en sus diferentes etapas (exploración sísmica, perforación exploratoria, producción, transporte y refinación). Los explosivos usados durante la exploración sísmica, por ejemplo, envían los recursos hídricos a mayor profundidad o desvían su cauce. Además, durante estas etapas se generan desechos, se presenta contaminación por gases y sobre los suelos, deforestación y se construyen trochas de penetración a lugares de reserva natural o de importancia para la conservación ecosistémica. A ello se suman los daños causados por los vertidos, que en el caso de Colombia se han visto multiplicados por el conflicto armado y los ataques a instalaciones petroleras. Como ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos alertaba sobre los daños ambientales y sociales que causó Pacific Rubiales en Meta, departamento de donde proviene más de la mitad del crudo del país: Vertidos contaminantes en Caño Rubiales, sismos en el municipio de Puerto Gaitán, represión de los líderes sindicales y un impacto negativo sobre el pueblo indígena Sikuani. Otra paradoja, la Unión Matoso, el pueblo más pobre de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo.
Para el ministro, sin embargo, la compatibilidad entre el extractivismo como motor económico y la defensa del territorio no tiene debate y las críticas a los daños medioambientales son parte de “los mitos creados en las redes sociales. Ahorita las redes han creado una serie de conocimiento sin conocimiento, sin soporte técnico, porque lo que estamos desarrollando es una actividad con control ambiental, mediciones y compensaciones”.
Sin embargo, estudios como el de Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional, constatan que “los excedentes de la minería y el petróleo no provocan mejoras significativas en las condiciones de vida de la población: la red de mercados es débil, la producción interna no es suficiente para abastecer los territorios donde se ubican las explotaciones minero energéticas, las vías internas son deficientes y las troncales que la atraviesan no dan origen a procesos endógenos de desarrollo”.
