Lo que oculta la paz
“Mientras hay una apuesta por la paz en las ciudades, se militarizan los territorios y cada vez es más difícil encontrar espacios para visibilizar los conflictos a los que nos enfrentamos”. Isabel Zuleta es una lideresa hostigada y amenazada. Su delito es luchar, junto a miles de campesinos antioqueños, contra el proyecto Hidroituango de la multinacional Empresas Públicas de Medellín (EPM). Zuleta cree que por parte de muchos movimientos sociales urbanos “se ha asumido que las luchas socioambientales entorpecen el proceso de paz con las insurgencias”. De hecho, sólo hay que echar un vistazo a los acuerdos firmados con las FARC-EP para detectar un déficit de lo ambiental y sólo hay que escuchar los debates en torno al estancamiento político que vive el país para no encontrar los términos megaproyecto, megaobras o acaparamiento de tierras..
‘La Paz’, con mayúsculas, se juega en un eje que conecta Bogotá con La Habana. Y a esos dos puntos es a donde miran medios de comunicación y voceros oficiales y oficiosos. El Cañón del Cauca, donde se libra una desigual lucha contra EPM no aparece en esa cartografía de la paz. Las “víctimas”, a las que las partes ponen en el centro del discurso, aparecen desposeídas de sus conflictos y peleas en defensa del territorio.
El violento desalojo militar del que fueron víctimas los indígenas Nasa de Caloto en la finca La Emperatriz el viernes 14 de octubre no fue noticia -escondida- hasta que se supo que había muerto un agente de los antimotines del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Poco se sabe de los comuneros heridos de bala ni del conflicto de fondo que enfrenta a los Nasa con el Gobierno por los compromisos incumplidos tras la masacre del Nilo, en 1991. Tampoco es noticia el conflicto que mantienen numerosas comunidades de Caquetá contra los proyectos de explotación de hidrocarburos, que están generando choques permanentes entre campesinos y fuerzas policiales en municipios como El Paujil por las actividades de Ecopetrol.
Poco se sabe de la grave crisis que afecta a los 441.000 habitantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta que está a punto de perder su calificación como humedal Ramsar ante la grave crisis ambiental provocada por las megaobras del Gobierno colombiano y las intervenciones en los ríos que descienden desde la Sierra Nevada y que aportaban a la Ciénaga el agua dulce imprescindible para su equilibrio. Hace dos meses se constató la muerte de 10 toneladas de peces por la falta de oxígeno. La mayor laguna litoral del país agoniza.
Menos aún, de los ambientalistas que luchan contra el espejismo del «progreso» en el Eje Cafetero. Camilo Alzate, cronista que ha caminado y reflejado las resistencias a la minería y a las empresas madereras y papeleras en el Eje Cafetero cree que hay un discurso “maniqueo” que plantea que toda protesta en este momento refuerza las posiciones más radicales en el país en contra del proceso de paz. “Nos chantajean con el coco de que [Álvaro] Uribe se va a fortalecer, de que el proceso se rompe, de que hay que respaldar al presidente porque es progresista, etcétera, etcétera, y así nos van a llevar quién sabe cuántos años. Es como si nos devolviéramos a la época de [Alfonso] López Pumarejo, pero sin reformas”. De hecho, Alzate constata que “en Armenia, Ibagué, Salento, y otros municipios [del Eje] ha habido movilizaciones inmensas contra la minería, donde han participado incluso alcaldes, gobernadores, comerciantes…”, sin embargo también constata que “los movimientos de izquierda no han confrontado a este gobierno. Por lo menos… no lo han hecho desde el paro estudiantil de 2011”.
Para los miembros de la Corporación Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, en San Martín (Cesar), también es casi imposible lograr que el país sepa de su lucha contra ConocoPhillips. En un municipio de 18.000 habitantes (incluida la zona rural), el pasado 25 de septiembre, un día antes de que en Cartagena se diera la espectacular firma de la paz que no está siendo, se manifestaron 9.000 personas ante la intención de la multinacional de recomenzar operaciones, hasta ahora más o menos estancadas por las protestas de los afectados, que pertenecen a los municipios de San Martín y Aguachica (Cesar) y Rionegro (Santander). Hoy mismo, la respuesta del Estado a las gentes de San Martín ha sido una violenta intervención del ESMAD en la zona de acceso al Pozo que quiere comenzar a explotar ConocoPhillips.
“Los temas ambientales se sienten como un estorbo y la verdad es que mientras en las ciudades hay marchas y muchas acciones por la paz, en el territorio lo que estamos sintiendo es una militarización y un incremento del hostigamiento”, insiste Isabel Zuleta, que tiene cuatro procesos abiertos en su contra y ha sufrido un intento de secuestro, además de innumerables amenazas. Carlos Andrés Santiago, del movimiento ciudadano de San Martín también está siendo amenazado, como denunciaba la Corporación Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas en su último comunicado, y sabe como «las empresas avanzan a pasos agigantados en sus proyectos y en la violación de derechos humanos». «Han llegado 200 unidades del ESMAD y presencia del ejército para entrar con los vehículos y reiniciar la explotación. Están dispuestos a todo y nadie defiende ni nuestros derechos ni nuestras vidas», explicaba este martes Carlos Andrés Santiago a Radio Guatapurí. «Con los armados negociamos -lo que no sólo es legítimo sino necesario- y a las comunidades nos tiran al ESMAD«, resume Santiago la situación en los territorios.
Sólo basta revisar los informes trimestrales de Somos Defensores sobre agresiones a líderes y lideresas para ver una relación directa entre las amenazas y muertes y la lucha por el territorio: megaproyectos, restitución de tierras a víctimas del conflicto, resistencia al acaparamiento… Si antes de que concluyeran las negociaciones de La Habana los conflictos estaban invisibilizados por la guerra; ahora es tiempo de que todo quede silenciado por la paz.
