Trujillo busca sus muertos

Porfidio Antonio ya conocía este pueblo y estas calles. Había andado por acá tres décadas atrás camino del “remanso de Beltrán”, iba tras la pista de su hermano José Norbey. Porfidio recorrió durante quince días, a pie y sin dinero, las orillas del río Cauca desde La Virginia, en Risaralda, hasta Bolombolo, en Antioquia, preguntando a los pescadores y a los vecinos de los caseríos si no habían visto flotar el cadáver un muchacho blanco, delgado, con ojos oscuros. Al fin, un día Porfidio llegó a Marsella y bajó a Beltrán, aquel remolino famoso donde los cadáveres que han sido arrojados al río se quedan atascados entre enramadas de troncos y basuras que flotan por el Cauca. Recuerda que allí un viejo le ofreció sancocho de pescado pero él se llenó de asco pues había un muerto en la orilla, un muerto que no era el suyo. Recuerda que le contaron de jornadas donde alcanzaban a rescatar hasta 18 cuerpos de la corriente.

Su hermano, José Norbey Galeano, era capellán de la iglesia de Trujillo. Trabajaba activamente con el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, quien había impulsado la organización comunitaria y campesina en el pueblo. Al párroco aquello le costó ser acusado de guerrillero y terminó amenazado de muerte. José Norbey fue secuestrado por un grupo paramilitar el 17 de abril de 1990 en la carretera que comunica a Trujillo con Tuluá cuando regresaba del sepelio de Abundio Espinoza. Con él se llevaron al arquitecto Óscar Pulido Rozo, al padre Tiberio Fernández y a la muchacha Alba Isabel Giraldo, sobrina del sacerdote. Según indicó un testigo que pertenecía al grupo de paramilitares, todos ellos fueron torturados y asesinados en la finca Villa Paola, los asesinos arrojaron después sus cuerpos al río Cauca. Un pescador recuperó el cuerpo del sacerdote una semana más tarde, de los demás nunca se supo nada.

“De ahí, de Beltrán, me sacaron a mí derrotado”, recuerda Porfidio. “Me dijeron que si no me iba tenían que mandar razón de que vinieran a buscarme a mí también. Desesperado estaba. Pues vea, es tanto el desespero que todavía estamos en estas”.

28 años después, Porfidio sigue buscando a su hermano, por eso volvió a Marsella el lunes 21 de mayo con una delegación de familiares y víctimas de Trujillo, quienes asistieron a la primera diligencia de exhumación realizada por la Fiscalía en el cementerio del municipio, donde hay sepultados más de 300 cadáveres no identificados que fueron rescatados del río Cauca. Se presume que muchos de ellos son los desaparecidos de Trujillo.

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Hace 16 años Maritzé Trigos cometió la locura de llevarse a un grupo de mujeres a desenterrar fosas comunes. “En el 2002, cuando se iba a inaugurar el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo yo reté a las familias, les dije que el Parque no podía ser algo sólo simbólico sabiendo ya dónde estaban enterrados los muertos. Vamos y los traemos, les dije”, recuerda Maritzé. “La gente tenía mucho miedo, al fin fui logrando ir con pequeños grupos, en general eran mujeres, los hombres temían volver a ser señalados, fueron las mujeres, viudas y mamás, las que corrieron ese riesgo. Teníamos que buscar quién nos ayudara a remover la tierra, fuimos a cinco corregimientos: Venecia, Naranjal, Trujillo, Tuluá y Salónica”. Así desenterraron 66 muertos caídos en los tiempos de la masacre, cuyos restos fueron llevados en dos peregrinaciones hasta el Parque Monumento que las víctimas levantaron a las afueras del pueblo.

Maritzé Trigos es una monja dominica que ha acompañado y liderado el proceso organizativo de la Asociación de Familiares y Víctimas de Trujillo. Maritzé explica que aún hay 88 desaparecidos, aunque se sabe que no todos acabaron en el río, también hay cuerpos enterrados en la finca Villa Paola, hacienda de propiedad del narcotraficante Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, quien fuera uno de los cerebros y determinadores de la masacre junto al coronel del Ejército Alirio Urueña. “Y arriba, en La Cristalina, hay todo un sitio que fue sede del grupo de Autodefensas”, prosigue Martizé Trigos, “la Fiscalía piensa ir porque hay testimonio de que ahí quedó gente enterrada. Otro sitio donde también dejaron muchos cuerpos es en las pineras, en la cordillera, cerca de los corregimientos de La Sonora y Venecia”.

La masacre de Trujillo, por la cual fue condenado el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una muestra representativa de cómo funcionó la llamada “guerra sucia” que intentó erradicar cualquier brote de organización y resistencia popular en Colombia. No se trata de una matanza concreta sino de una cadena de hechos conectados entre sí que dejaron 342 víctimas fatales en los municipios de Trujillo, Riofrío, Tuluá y Bolívar, en el Valle del Cauca. Los narcotraficantes Diego Montoya “don Diego” y Henry Loaiza “El Alacrán” ejecutaron un exterminio bestial de las organizaciones comunitarias, a las que acusaban de estar vinculadas con la insurgencia. Entre 1986 y 1994 en la región campearon las torturas con sopletes de gasolina, debutaron por primera vez en el país los descuartizamientos con motosierras, se practicó la desaparición sistemática de decenas de personas, los asesinatos selectivos, las amenazas, las matanzas colectivas, corrieron volquetas que arrojaban cadáveres al río Cauca, ocurrieron desplazamientos y despojos de tierras, todo ello con la complicidad y el apoyo logístico del Ejército y la Policía.

Dos veces se ha visto obligado el Estado a pedir perdón por su acción y omisión en estos hechos: la primera vez, en cabeza del presidente Ernesto Samper en 1995; la segunda, a través del entonces ministro de justicia Yesid Reyes, en 2016. Aunque ha habido acciones de reparación para las víctimas, todas han llegado tarde o a medias: la reparación pública se obtuvo apenas en 2018 con el lanzamiento del video “Voces de Trujillo”; la primera sentencia contra los asesinos se logró en 2009; 42 familias aún no han sido indemnizadas y la reparación material de las víctimas tardó 14 años, hasta que consiguieron la construcción del barrio La Paz en 2013.

Han tenido que pasar 32 años del comienzo de la masacre para que el Estado se apersone de la exhumación y búsqueda de los 88 desaparecidos de Trujillo. Al frente está Germán Yesid Jaimes, de la Fiscalía 220 de Justicia Transicional de Medellín, quien además ha trabajado buscando a los desaparecidos de la Comuna 13 enterrados en La Escombrera. Jaimes explica que los restos exhumados en Marsella se cotejarán con las pruebas de ADN que han aportado 60 familiares de las víctimas y además con un sistema llamado CODIS, donde hay muestras de 46.000 parientes de desaparecidos en todo el país.

“Faltan garantías de no repetición”, insiste la hermana Maritzé Trigos. “La variante fuerte que determinó esta masacre fue el narcotráfico, y ahí sigue, lo que en la época llamaban Autodefensas hoy son paramilitares, Trujillo y la región está llena de Rastrojos y ahora último llegaron Los Pelusos. Esas garantías no se cumplen, nosotros hemos sido amenazados muchas veces, el Parque Monumento a las Víctimas fue incendiado dos veces, la tumba de padre Tiberio la profanaron… ¿Dónde está la seguridad y esas garantías de no repetición?”.

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Aquí están sin lágrimas, porque ya las gastaron todas.

Aquí está Essaú Betancur, que busca a su hermano desde 1994 cuando unos hombres lo bajaron de la chiva entre Naranjal y Tuluá. “Dos tipos del F2 del ejército habían ido a preguntar por él a la finca donde estaba trabajando con mi papá, entonces papá lo despachó para San José del Palmar, pero nunca llegó a su destino”.

Aquí está María Ludivia Vanegas y mientras señala los retratos que coloca sobre las losas del cementerio va contando alguna cosa de cada uno. “Este era Arnoldo Cardona, de los que sacaron de primeros en La Sonora, era el de la tienda”, dice; “ella era doña Esther Cayapu, la partera. Este era Luis, el inspector de Puente Blanco y los dos hijos de Consuelo, Edison Rodríguez y Arley Acevedo”. Ludivia no tiene ningún pariente entre las fotos: su hijo de 18 años, Franklin Echeverry, fue secuestrado pero su cuerpo apareció el 20 de agosto de 1992 en una vía rural de Tuluá, cerca del cañón de Barragán.

Aquí está Miguel Alfonso Briceño Matallana, sobrino de Miguel Vicente Rodríguez Matallana, a quien se llevaron el 5 de noviembre de 1989, un día después de denunciar ante la policía la desaparición de su amigo Joaquín Ángel Ramírez, desaparición de la que había sido testigo.

Y está también María Ramírez, la hija de Joaquín Ángel, el inspector del corregimiento La Sonora que acompañó una marcha campesina en abril del 89. El 4 de noviembre de ese mismo año Joaquín Ángel Ramírez fue obligado a subir en la célebre Toyota blanca que transportaba a los matones del Alacrán a sus anchas por el pueblo. “Mi mamá nos decía: ‘si algún día van a buscarlo, él llevaba unas medias de mallita y una camisa de rayas negras’. Yo me acuerdo de la camisa, y del pantalón de dril azul oscuro que tenía puesto. Al tío de Rodríguez Matallana le advirtieron que si nos decía algo a nosotros a él también lo desaparecían, y así fue”.

Aquí está la hermana Teresita Cano, otra monja que acompaña a la Asociación de Víctimas. Sus palabras guardan el sufrimiento, la dignidad, la resistencia: “Ha sido una lucha. No hemos querido dejar en silencio las cosas que han sucedido, hemos seguido buscando los desaparecidos. Nunca en la vida la gente quedará satisfecha hasta no darle un lugar y una cristiana sepultura, hasta no encontrar a sus seres queridos”.