Uribe y los suyos mintieron
“Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”, “nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”. La entrevista con el exgerente de la campaña por el No de Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, ponía negro sobre blanco la estrategia del uribismo y los opositores al Acuerdo de Paz y respaldaba las denuncias de los partidarios del Sí sobre cómo su discurso estaba plagado de mentiras sobre el acuerdo. Su entrevista terminó en escándalo mediático, regañina pública del líder del uribismo, renuncia al cargo y olvido. Ahora llegan las primeras consecuencias y el Consejo de Estado reconoce y denuncia las “falsedades” utilizadas en la campaña, a la vez que respalda el ‘fast track’ en la implementación.
Cuando a Juan Carlos Vélez le preguntaba el periodista de La República ¿por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña?, no negaba que hubiera habido tergiversación y se limitaba a decir que también lo hacían los del sí. Ahora, la magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, admite a trámite la demanda presentada por dos ciudadanos y fina una serie de medidas cautelares si bien no establece, la anulación provisional del plebiscito como pedían la demanda por entender que el nuevo acuerdo evita la urgencia de esa medida y permite dar traslado a las partes sin medidas anticipativas.
En su providencia indica que es un «hecho notorio» que hubo falsedades y engaños en la campaña por el No, según adelantó Semana. La magistrada es rotunda y afirma que el efecto de la campaña fue crear “un clima de desinformación, manipulación, distorsión de la verdad –necesaria para la adopción de una decisión soberana– relacionada con la definición del destino de los colombianos sobre un asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad”. Y no solo eso, cree que la existencia de ese «engaño generalizado» anuló la libertad del electorado para escoger autónomamente entre las opciones existentes frente al plebiscito, pues, «como se demostró, quedaron al descubierto mentiras expuestas de forma masiva y sistemática, sobre todo en relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela». Son precisamente esos los temas sobre los que pivotó no solo la campaña del No si no el debate y la negociación con el No abiertos tras el plebiscito y que terminó en un nuevo acuerdo con cambios sobre algunos de esos puntos y matizaciones.
Descargar el PDF: Resolución del Consejo de Estado sobre el plebiscito
Como medidas cautelares ordena que el Congreso de la República y el Presidente de la República avancen en la implementación del actual acuerdo final con las FARC, “disponiendo para ello –aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin– de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 (fast track), que para efectos del cumplimiento de esta medida cautelar ha de entenderse vigente”. El Consejo de Estado condiciona su decisión a que el órgano judicial competente se pronuncie de manera “expresa y definitiva” en relación a la vigencia de la norma. Como segunda medida cautelar pide que de manera prioritaria la Corte Constitucional analice y estudie las demandas alrededor del artículo quinto del Acto Legislativo para la paz que establece como condicionamiento para activar el ‘fast track’ una refrendación popular.
Sin embargo el ‘fast track’ ya ha comenzado a aplicarse. La pasada semana la Corte Constitucional dio vía libre y este mismo lunes ha comenzado a tramitarse la Ley de Amnistía, que es la primera dentro del cronograma del acuerdo de paz, con la presencia ya de seis portavoces de ‘Voces de paz’ como acompañantes de las FARC en el proceso. La Ley de Amnistía inicia hoy su tramitación y se espera que esté aprobada a finales de diciembre. Esta norma es un elemento fundamental en el proceso de desarme y de incorporación de las FARC a la vida legal, si bien las medidas que contempla no solo afectan a los guerrilleros sino que amparan a las Fuerzas Militares.
El pronunciamiento del Consejo de Estado es la respuesta a la demanda interpuesta por los ciudadanos David Camilo Narváez y William Efraín Clavachi, que reclamaban la invalidación de los resultados del plebiscito al considerar que se hubo violencia sicológica, por el engaño al que se sometió al electorado por parte de la campaña del No. No fue la única denuncia presentada. La Fiscalía también abrió investigación en octubre tras las denuncias de los abogados Élmer Montaña y Pablo Bustos que acusaban a los promotores de la campaña del No de haber incurrido en el delito de fraude al sufragante, contenido en el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal por considerar que existió una presión indebida, manipulación y desinformación por parte de los promotores del No.
En la entrevista, Juan Carlos Vélez explicaba cómo se dirigieron los mensajes en función del público y cómo asesores extranjeros les propusieron dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. “En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso”, señalaba entonces. Centro Democrático también se aprovechó del poder viral de las redes sociales. Además del mensaje, también desató la polémica en torno a la financiación, ya que el exgerente reveló las grandes empresas de las que provenía el dinero de la campaña.
El Consejo de Estado, en una nota de prensa, asegura que se han estudiado cada uno de los hechos que precedieron dicha jornada electoral y algunos conocidos con posterioridad. Afirma que se ha dado «pleno valor probatori»o a la entrevista dada al diario la República por Juan Carlos Vélez Uribe, en su condición de Gerente de la Campaña del NO del Centro Democrático, en la que dio cuenta de «cómo crearon y divulgaron mensajes alejados de la realidad, con los que ejercieron violencia por engaño contra el electorado, lo que produjo el resultado conocido».
