Y si en el plebiscito gana el “Sí”, ¿Cuál es la perspectiva de las comunidades étnicas frente al desarme de las FARC-EP? Luego de más de 50 años de confrontación con el Estado, miles de hombres y mujeres tienen la esperanza de descargar el fusil de la espalda y que los intereses políticos no se vuelvan a expresar por medio de la fuerza violenta. En los territorios, lejos física y conceptualmente de las elites urbanas, muchas comunidades y líderes afros e indígenas esperan del nuevo escenario del post-acuerdo no solo el silencio de las armas, sino que los nuevos actores políticos reivindiquen soluciones para las desigualdades e inequidades; el cese de la estigmatización de quienes demandan mejoras sociales o ambientales; la efectividad de los principios que recogen los acuerdos de La Habana sobre derechos colectivos de representatividad o de gobernabilidad, y el respeto a un país con nacionalidades diversas.
Existen temores, incertidumbres y confusión en algunas comunidades, pero estos sentimientos se mezclan con la esperanza de no volver a sufrir noches de pánico y desvelo por las balas cruzadas entre el Ejército y las FARC-EP, aunque la amenaza del paramilitarismo, las bandas criminales y la existencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigan latentes.
Algunas comunidades están alistándose para hacer realidad las estrategias de convivencia pacífica y reconciliación: “Es nuestro sueño construir un país donde el perdón, la convivencia en paz, el reconocimiento y la aceptación de todos y todas, nos dé un país de oportunidades e incluyente”, expresa Arie Aragón, líder afrocolombiano del Norte del Cauca.
Y no es para menos ya que la sociedad colombiana ha presenciado la devastación generada por la guerra. Según el informe ‘¡Basta Ya!’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, “los daños, las pérdidas y los sufrimientos que han experimentado las víctimas se vuelven más intensos en contextos de impunidad, de falta de reconocimiento social y político, de precarias acciones de verdad, justicia y garantías de no repetición. Esto se agrava con la limitada y a veces contraproducente atención institucional, el rechazo y la indolencia social”.
Pero, la oportunidad de tener entornos menos violentos no sólo será responsabilidad del Estado, sino de las FARC-EP, que pasarán a tener otro tipo de convivencia con las comunidades. Así lo ve Aiden Salgado, un líder palenquero miembro de la Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrodecendientes (Conafro), cuando dice que de las FARC espera “que cumplan lo firmado en el acuerdo final y que esa firma de ese acuerdo final sirva para mejorar las condiciones de vida de las comunidades”.
Capacidad de gestión de las FARC
Incluso hay cierta expectativa respecto a la apertura de las FARC-EP como nuevo movimiento político y la capacidad de gestión que lleguen a tener ante el Estado, como lo expresa desde el municipio de Iscuandé (costa pacífica caucana) Diana Huila, del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico (Moepp). “Las comunidades esperamos de las FARC-EP sin armas mayor apoyo en gestión y ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida como manera de dar cumplimiento y solución a las problemáticas sociales que ha generado el abandono estatal, porque las FARC han caminado nuestros territorios y han mirado la miseria y la desigualdad social en que vivimos. Esperamos que muchos líderes y lideresas que salgan a ayudarnos a materializar los acuerdos lo más pronto”.
Aunque en su X Conferencia Nacional Guerrillera, diferentes comandantes del Secretariado de las FARC-EP han insistido en que, a partir de ahora, “los sujetos políticos son las comunidades”. “Son ellas las que deben exigir sus derechos y salir de la estrategia asistencialista que ha desarrollado el Gobierno para convertirlas en inactivas”, defiende Pastor Alape, uno de los protagonistas de las FARC en las negociaciones de La Habana.
Hamington Valencia, un hombre afrocolombiano que nació en el Río Naya y que integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN), espera de las FARC que una vez que accedan a los espacios políticos “sean actores activos en el desescalamiento y desmonte de las inequidades sociales y las jerarquías raciales y de género que han originado y alimentado la guerra en Colombia”.
Un nuevo país sin estigmas
En contraste con lo anterior, hay también en el ambiente cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que la actividad política sin armas que ejercerán los y las excombatientes esté recubierta de un estigma social negativo por haber estado armados durante varias décadas. Frente a ello, José Rubertino Díaz, de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uoafroc), confía en que “la recomposición de este nuevo escenario permita que los estereotipos dejen de ser un factor dominante en la toma de decisiones, que las oportunidades que se brinden sean para servir no para generar odios, ni nuevos levantamientos de resentimientos, que las brechas que hoy existen dejen de ser un temor, por el contrario deben de ser alicientes para crecer y fortalecer nuestra sociedad.”
Existen grandes desafíos de cara a la tarea de ejercer política sin armas por parte de las FARC-EP, de su participación en el Congreso de la República y de la llegada al campo de la contienda electoral en 2018. La ruralidad marcada del campo de acción de las guerrillas en el país contrasta con el centralismo urbano de las contiendas electorales, tal como lo expone el periodista y columnista de Colombia Plural Abelardo Gómez Molina: para las FARC “hacer política urbana, evadiendo los estigmas del Movimiento Bolivariano en Latinoamérica, será una oportunidad inigualable para demostrar la capacidad de pasar de la retórica belicista a otra más seductora que atraiga segmentos de la población inconforme”.
Los grupos étnicos y el territorio
Otro factor importante sería el relacionamiento con los grupos étnicos en sus territorios. Aunque el acuerdo final contiene un capítulo étnico en donde quedó explicito que “en ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos”, su éxito depende de la valoración y del respeto que tengan tanto las FARC-EP como el Gobierno respecto de los derechos colectivos de representatividad, administración y gobernabilidad propia que tienen los grupos étnicos. John Guerrero, combatiente afro del Frente Arturo Ruiz, en el río San Juan (Chocó), asegura que ellos entienden bien a los pueblos étnicos porque son parte de ellos. “Dentro de las FARC no hay discriminaciones por el color de la piel y eso, el respeto a la cultura y a la identidad, tendrá que ser un elemento clave de nuestro movimiento político”.
El valor de la palabra
Diocelina Rivera, mujer indígena Uitoto, opina con entusiasmo y reservas: “Considero que lo básico para iniciar una conversación es lo que se concertó en un inicio en el diálogo de la paz acordado en La Habana, donde los grupos étnicos no tuvimos la representación, ni la participación suficiente”. La participación en la mesa de negociación en La Habana fue muy limitada para los grupos étnicos, y fue la presión ejercida durante tres años por organizaciones étnicas, indígenas y afrocolombianas, la que logró su participación al final del proceso de negociación.
Mientras, Hamington expone sus expectativas frente a las acciones de una guerrilla convertida en movimiento político legal y frente al capítulo étnico. En su opinión esto no sólo se refiere a la participación y consulta de las comunidades étnicas negras/afrocolombianas en la implementación de programas como los de formalización y distribución de tierras, de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, o de desarrollo económico rural, entre otros. También se trata, insiste, “del compromiso de las FARC de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que implica el ejercicio del gobierno propio en materia de uso, manejo y control de los territorios colectivos, ancestrales y tradicionales”.
Al respeto, el comandante Pastor Alape, negociador en La Habana, asegura que esto “no se trata de una competencia (entre las organizaciones étnicas o territoriales y las FARC) por ver quien tiene más incidencia. Lo que nos estamos planteando en que todos le apostemos a un programa que le apueste a que salgamos de la marginalidad y eso no lo va liderar siempre las FARC. Nosotros aportamos nuestra energía y nuestro compromiso. Lo que le vamos a decir a las organizaciones es ‘¿Qué hay que hacer?”.
La palabra de las FARC deberá ser cumplida si se quiere construir confianza, especialmente para estas comunidades que, aunque más orales, dimensionan la fuerza de lo escrito en los acuerdos, como bien lo expresa Dioselina: “¿Cuáles serían nuestros alcances partiendo desde nuestra cultura?, ¿con este gesto de paz se acabaría el racismo y la segregación? Lo que esperaría de las FARC es que cumplan la palabra ya que este concepto para nosotros, como indígenas, es bastante amplio el significado que tiene el valor de la palabra. Que se respete y cumplan lo acordado, aunque eso no signifique que todo está solucionado”.
El lugar del respeto a la diversidad es fundamental para el escenario político que se espera del país. Y como expresa Hamington: “Espero, además, que ayuden a forjar una nación política con nacionalidades diversas y proyectos de futuro múltiples, capaces de co-existir en una sociedad en paz con su consciencia, una sociedad que mire en el pasado la posibilidad de construir en el presente puntos de intersección entre las aspiraciones diversas, que acerquen los proyectos de futuro en pugna”.
Pasarán 180 días después de la firma del Presidente de la República, Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, comandante en jefe de las FARC-EP; para experimentar los cambios que traerá la convivencia con un movimiento armado que decidió silenciar los fusiles definitivamente, para hacer política de manera pacífica. Mientras eso sucede, la opinión de las comunidades y sus expectativas sobre el desarme de los grupos guerrilleros hacen parte de los vientos de esperanza que se están levantando, en medio de los anhelos por la consecución de un país en paz, luego de más de cinco décadas sufriendo los impactos de una guerra deshumanizante.