A la espera de esa Habana incierta

Los equipos negociadores apuntan temas tratados, sin desvelar acuerdos concretos, mientras las manifestaciones masivas exigiendo el acuerdo entran en una fase de acompañamiento. Dicen estar atentos para volver a echarse a la calle.
Pilar Chato // Foto: Nelsón Cárdenas

¿Se ha acostumbrado Colombia a la espera? ¿Se ha diluido la urgencia? O, simplemente… ¿se está a la espera, atentos a lo que debe surgir de La Habana? Las manifestaciones populares en la calle se han retraído y ya no se escuchan los gritos y los símbolos multitudinarios que exigían un rápido acuerdo, pero el silencio no es conformismo. En La Habana sí hay palabras y se despliega un pretendido ejercicio de transparencia -número de horas de reunión, protagonistas, temas abordados-, pero aún no se ha hecho público ningún acuerdo concreto. Alocuciones presidenciales, mensajes en redes sociales y minivideos del jefe del Equipo Negociador del Gobierno repiten que hay progresos, buen clima y buenas intenciones de ambas partes pero los avances, las posibles fechas de acuerdo final y los mecanismos de refrendación se han ido dejando a insinuaciones y rumores. Quienes se echaron a la calle las primeras semanas no sienten que se haya bajado la guardia, es el “ciclo normal” en todo proceso social y se está a la espera de resultados concretos en La Habana para expresar de nuevo de forma masiva el sentir de la gente. Mientras, se mantienen los campamentos de paz en ciudades como Bogotá, Cali o Cartagena rodeados de debates y asambleas.

Si la pasada semana saltaba la polémica por las palabras del presidente Juan Manuel Santos en el Reino Unido reconociendo que el acuerdo podría implementarse a través del Congreso, sin necesidad de un nuevo plebiscito, en las últimas horas el debate es un presunto desencuentro entre las delegaciones del Gobierno y las FARC ‘encerradas’ en La Habana. La razón, los cambios en la Jurisdicción Especial de Paz, los derechos de las víctimas, la elegibilidad de los guerrilleros y la cárcel como mecanismo de justicia en vez de la justicia restaurativa que recogía el acuerdo firmado en septiembre. Las informaciones hechas públicas este martes en algunos medios como Caracol Radio y Blu Radio hablan de tensión y de la suspensión, durante unas horas, de las conversaciones, aunque no hay claridad sobre cuál de las dos partes se levantó de la mesa o si realmente fue una decisión unilateral o un simple receso. En la noche, el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle negó que los equipos se hubieran retirado de la mesa y explicó que lo que hubo fueron deliberaciones por separado. Admitió no obstante que la jornada de este martes fue un “difícil día, durísimo; pero seguimos confiados en sacar adelante este nuevo acuerdo”. Las sanciones restrictivas de las libertades han sido el obstáculo que dejó posiciones muy distanciadas el lunes, pero el debate se reanudó durante todo el martes. De la Calle se dirige a los colombianos para decirles que hay dificultades pero también avances.

Las cuentas oficiales de ambas delegaciones, o las de algunos de sus integrantes, solo hablan de “encuentros paralelos” y repiten mensajes idénticos: “Tras varios encuentros en paralelo esta mañana, delegaciones de Gobierno y FARC seguimos análisis del tema justicia”. La noche del lunes ambas delegaciones emitían también el mismo tuit: “Terminando la jornada, trabajamos con presencia de países garantes. Mañana seguiremos discusión del tema de justicia”.

 

La Jurisdicción Especial de Paz es uno de los asuntos más controvertidos en la revisión del acuerdo. Los partidarios del NO se han opuesto radicalmente a su redacción actual y han planteado fórmulas sobre restricción efectiva de la libertad y la no participación en política de quienes hayan cometido determinados delitos. Los posibles desencuentros de este martes contrastan con las optimistas palabras de Juan Manuel Santos la noche del lunes cuando aseguraba que en este punto “hay avances” en cuestiones como la conformación del tribunal, su tiempo de duración y su articulación con la justicia y los tribunales ordinarios. Según él, “el trabajo ha sido muy intenso. La disposición es buena y el ambiente abierto a la búsqueda de entendimientos y acuerdos”.

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, también aseguraba el lunes que ya se habían tocado algunos aspectos de la jurisdicción especial para la paz y que se habían logrado “algunas aproximaciones importantes”. De hecho estuvieron presente en el país caribeño el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el exministro de Justicia, Yesid Reyes. Juan Manuel Santos en su última alocución aseguró que se han recogido “los comentarios de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado para mejorar y aclarar” este punto.

 

En cualquier caso, desde España, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana volvían a arremeter contra el acuerdo al que acusan de implicar “una doble amnistía, la de los crímenes de lesa humanidad y la del narcotráfico” por ser “la principal fuente de financiación de la guerrilla colombiana”. Uribe también calentaba los ánimos en las últimas horas al afirmar en el IV Foro Atlántico de Madrid que las FARC son las responsables del genocidio de la UP (Unión Patriótica): “En el asesinato de la UP intervino las mismas FARC. Ellos provocaron reacciones criminales por su combinación de formas de lucha, ellos mismos asesinaron a muchas personas de su organización porque el asesinato es su forma de hacer política”. Una sentencia que ha desatado las críticas de la UP y de algunos integrantes de las FARC.

 

De los temas que se han abordado en La Habana en los últimos cinco días y sobre los que las partes aseguran hay sintonía se encuentra la reforma rural. De la Calle dice que se ha revisado con “una serie de precisiones y de ajustes en la línea de lo que nos ha llegado de la sociedad colombiana”. En este sentido, Santos fue algo más concreto y explicó que los ajustes están dirigidos a “reiterar el respeto a la propiedad privada” y fortalecerlo “para evitar conflictos futuros por la tierra”. Afirmó que para todo el programa de desarrollo agrario se va a dar prioridad absoluta a las víctimas y que las inversiones necesarias para su implementación se harán “dando prioridad a las zonas más afectadas por el conflicto, de manera progresiva y respetando la regla fiscal”. En este punto también se han incluido “aclaraciones importantes sobre el catastro, las zonas de reserva campesina y el modelo de desarrollo rural para que haya garantías para todos”. Nada concreto se sabe de esas inclusiones.

Otro de los asuntos abordados en las últimas horas ha sido el relacionado con la sostenibilidad fiscal en la implementación del acuerdo -Uribe insiste en que supone “riesgo de asfixia” para la economía colombiana, ya que recoge una inversión del 1,2 % del PIB-, drogas ilícitas y “temas generales” de participación política de los guerrilleros. Santos no ha dado muchos detalles pero sí ha asegurado que se han logrado cambios con el objetivo de “combatir con toda firmeza el tráfico de drogas y ofrecer alternativas reales de desarrollo legal a las comunidades campesinas involucradas”. En cualquier caso, el Estado no renuncia a la erradicación forzosa cuando sea necesaria.

“Creo que vamos bien y lograremos sacar un acuerdo muy pronto“, puntualizó De la Calle que habla de un clima de discusión “constructivo, bueno” y que “hay apertura mental y respeto por las ideas”. Tanto Santos como De la Calle insisten en la posibilidad de sacar adelante el acuerdo “muy pronto”, aunque primero hay que revisar más de 500 propuestas del ‘No’ reunidas en 57 ejes temáticos.

Campamentos latentes

Sobre su rapidez real y sobre sus contenidos están puestos los ojos anónimos de muchos ciudadanos que tras el plebiscito se echaron a la calle para exigir el acuerdo. En la Plaza Bolívar de Bogotá 200 personas duermen desde hace un mes y cuatro días en el Campamento por la Paz que espera la firma definitiva del acuerdo y alternan este vigilia permanente con charlas sobre política y manifestaciones culturales que afiancen el concepto y la reivindicación de la paz para Colombia. En Cartagena y en Cali se mantiene los campamentos y en Montería se levantó tras las amenazas a sus integrantes. Las marchas multitudinarias se concentraron las dos primera semanas tras el plebiscito: la de las antorchas el 5 de octubre; #antioquíanoesuribe el 7 de octubre, los pueblos indígenas de Colombia el 11, la marcha de las flores el día 12, la intervención artística de Doris Salcedo en Plaza Bolívar. Que ahora no haya manifestaciones multitudinarias no significa que no se siga al pie del cañón.

Javier Cuadras, del movimiento #Pazalacalle, asegura que “es normal que la movilización social no se exprese todas las semanas, hay movilización y hay procesos de acompañamiento que se mantienen. Llegará de nuevo el momento para ver esas movilizaciones en la calle”. Estos grupos ciudadanos se mantienen a la espera de ver resultados concretos de la renegociación en La Habana muy pendientes, sobre todo, si se llega o no al prometido acuerdo rápido. Hay asambleas, conversatorios y pequeñas actividades para plasmar ese acompañamiento.

Y mientras los ciudadanos se mantienen en alerta, La Habana debate y los partidarios del No siguen diciendo no, este lunes comenzaba de forma oficial, sobre el terreno, la verificación del nuevo cese al fuego con la participación de las Naciones Unidas. El pasado viernes trescientos integrantes de las FARC formados para este mecanismo de monitoreo y verificación se trasladaron a las 26 zonas de preagrupamiento decretadas por el Gobierno. Ese monitoreo tiene como eje la separación de fuerzas, para evitar una confrontación entre Ejército y guerrilla. El resultado desde que se aprobó el primer alto el fuego bilateral es el de cero muertos.