6 de marzo: ¿Por qué?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿qué querían?

El 24 de julio de 2004, las activistas y teatreras Claudia Zamudio Barrios y Yanelle García Espinel estaban en su casa cuando el Grupo Antiterrorista SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá entró por la fuerza. En su misma casa las torturaron tratando de arrancarles una confesión imposible: que eran parte de las FARC-EP y que ellas eran las autoras de una bomba panfletaria que había estallado en el norte de la ciudad. No acabó allí. Fueron trasladadas a la sede de la policía en la Avenida Caracas con Carrera Sexta y allí siguieron vejándolas y torturándolas durante varios días. Después, seis años de cárcel y un eterno proceso penal del que fueron absueltas cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó una sentencia definitiva el 10 de marzo de 2010 que daba por nulas todas las actuaciones policiales.

En marzo de 2018, 14 años después de los hechos, dos sentencias contradictorias siguen revictimizando a Claudia y a Yanelle. Por un lado, la Fiscalía 48 Especializada de Derechos Humanos ha vinculado al proceso penal por la tortura de estas mujeres al entonces capitán Juan Alberto Padilla Peña, quien para el 2004 era el Jefe del Grupo Antiterrorismo SIJIN. Por otro, el Juzgado treinta y dos Administrativo de Bogotá, pese a las pruebas presentadas, no ha reconocido la tortura y privación injusta de la libertad a la que fueron sometidas.

El caso de Claudia Zamudio Barrios y Yanelle García Espinel es sólo un ejemplo del calvario de las víctimas de los crímenes que sigue cometiendo el Estado colombiano y que hoy, 6 de marzo, día de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado, siguen sin ocupar un lugar prioritario en la agenda de paz ni en la agenda mediática del país.

En una carta abierta firmada por 57 organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos remitida hoy a Francisco De Roux, presidente de la recién creada Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se le recuerdan algunas cifras:

– En Colombia, 11.751 personas fueron asesinadas durante las masacres cometidas por grupos paramilitares, con el auspicio y el silencio cómplice de las Fuerzas Militares. De estas, 968 fueron asesinadas en 153 masacres perpetradas directamente por la Fuerza Pública. Sumado a esto, la Fuerza Pública es responsable del asesinato selectivo de 2.423 personas

– 15.903 personas fueron desaparecidas por paramilitares en connivencia con agentes del Estado.

– Al menos, 1.463 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las Fuerzas Militares.

– Desde 1985, 1.362.955 han sido expulsadas de sus territorios originales por parte de los paramilitares, 258.380 por las llamadas Bacrim (desde mayo de 2013), y 51.676 directamente por la fuerza pública.

Descargar Carta abierta a la CEV

La amarga carta abierta de las organizaciones se hace preguntas clave y comprometen a la Comisión con la tarea de pendiente de encontrar respuestas: “Ya sabemos las cifras y estamos convencidos/as que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿qué querían? Es por eso que hoy, con motivo del día internacional de la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado, nos dirigimos a ustedes, para manifestarles nuestro apoyo y compromiso con la verdad, pero también para decirles que esperamos que, en tres años, el país entero conozca esa verdad que se ha querido ocultar y disfrazar, pero que está ahí, y no se puede seguir negando”.

La negación por parte del Estado es permanente aunque su propia institucionalidad, como lo es el Centro Nacional de Memoria Histórica reconoce, al menos, que, en más de medio siglo de conflicto, los crímenes ejecutados por el Estado mediante la fuerza pública dejaron 2.399 asesinatos selectivos, 870 muertos en 158 masacres, 57 casos de tortura y sevicia, 2.368 desapariciones forzadas.

Con diferentes eventos y acciones de homenaje y recuerdo a las víctimas de crímenes de Estado se cumple hoy una década desde que los familiares de esas víctimas establecieron el 6 de marzo como fecha simbólica para exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En 2008, hubo movilizaciones en 20 ciudades de Colombia y en 62 de otras partes del mundo.