El racismo, las discriminaciones sociales y los procesos de paz
Colombia al igual que todas las sociedades de las Américas, se construyó sobre la base de las ambiciones personales, la violación de los derechos humanos de los pueblos ancestrales y la violencia. Pues los denominados conquistadores europeos realmente fueron invasores que vinieron en la búsqueda de oro y de materias primas básicas para darle continuidad a sus procesos de desarrollo industrial. Procesos que habían dejado andando árabes, moros y judíos al ser expulsados de los territorios europeos.
También buscaron alimentos para resolver las hambrunas generadas con la violenta expulsión del campesinado pobre y los medianos productores de las tierras agrícolas, por la migración hacia las ciudades o áreas urbanas, en el violento proceso de desmonte del feudalismo e instauración del capitalismo. Esas mismas prácticas violentas las aplicaron los invasores europeos para despojar a las comunidades indígenas y africanas de sus más valiosos patrimonios materiales construidos durante milenios, y de sus mejores tierras, e interrumpir sus procesos de desarrollo autóctono. Para imponerles dinámicas socioeconómicas y políticas favorables a las metrópolis colonialistas.
Para lo cual, los invasores, se inventaron las teorías de las razas humanas para poder ubicarse ellos, la “raza blanca”, como la superior y representante de Dios en la tierra, y, por ende, con derecho a dominar, explotar y oprimir a las otras. Llegaron al punto de someterlas a la esclavitud para poder disponer de su fuerza de trabajo gratuitamente. Esta concepción racista se ha mantenido a pesar de que hace mucho rato que la ciencia antropológica demostró que no existen ni han existido razas humanas, sino una diversidad étnica y cultural que enriquece a la humanidad y a cada sociedad en particular.
Pero una de las causas fundamentales para que estas concepciones cavernarias se mantengan es la persistencia de los modelos educativos eurocéntricos, individualistas y de corte capitalista que inferiorizan a los no europeos; así como de las dinámicas de funcionamiento de nuestras sociedades, que privilegian a los más cercanos descendientes de europeos mientras se marginaliza a los más cercanos a África e Indoamérica.
Junto a ellos, se continúa discriminando y violentando a las mujeres con base en teorías y prácticas machistas de origen esclavista-feudal, que inferiorizan a la mujer en las diferentes esferas y roles de la sociedad, llevando a muchos hombres a considerarse dueños y con derecho a maltratar a la mujer con quien establecen una relación de pareja.
La opresión de la mujer negra es más de tres veces superior a la de la blanca, por su condición de mujer, de ser negra o afrodescendiente, y de ser pobre. Igualmente, se discrimina y maltrata a las personas que tienen inclinaciones sexuales diferentes. Esto genera conflictos, en ocasiones, violentos, porque ninguna persona que se respete, admite en forma pasiva que se le violen sus derechos y se le maltrate.
Las sociedades republicanas de las Américas, que resultaron de las guerras independentistas, no solo heredaron las características violentas, represivas, esclavistas, racistas, machistas, discriminatorias y expoliadoras de las sociedades coloniales, sino que también pusieron en práctica unos regímenes neocolonialistas, criollos y republicanos. En el caso de Colombia, los africanos y sus descendientes tuvieron que dar continuidad a sus luchas por la libertad y la justicia social por más de 300 años. Y posteriormente han tenido que luchar contra el despojo y el saqueo de sus territorios ancestrales.
Las comunidades indígenas han tenido que luchar contra el despojo de sus territorios, que habían quedado amparados por la Corona Española bajo la figura del resguardo. Igualmente, el campesinado pobre tuvo que luchar contra el despojo de sus pequeñas propiedades. Esas han sido las prácticas violentas y neocoloniales puestas a andar por los más cercanos descendientes de la clase colonialista/esclavista ibérica, que se quedaron con el control del poder al lograrse la independencia e instaurarse la República, a partir del siglo XIX.
A la vez, entre los diferentes sectores de la clase dominante republicana se inició una serie de enfrentamientos mortales por el control absoluto del poder, en los cuales involucraron a los sectores de capas medias y pobres, previa su contaminación con el fanatismo politiquero, alrededor de los dos partidos copiados de Europa: el Liberal y el Conservador. Con lo que se dio una serie de guerras partidistas intestinas signadas por la crueldad. La última de las cuales es la que se está tratando de resolver con las actuales negociaciones de paz.
En este orden, es de suma importancia que en estas negociaciones de paz se estén teniendo en cuenta las reivindicaciones y puntos de vista de los discriminados, marginalizados y excluidos de siempre. Han existido formas injustas que generan violencia, formas de relacionamiento y de negación de los derechos naturales, constitucionales y legales de amplios sectores de la población, y es evidente que no puede haber paz duradera sin respeto de los derechos y sin justicia social.
Como dijera en un artículo de prensa, en 1910, el intelectual y líder de las luchas reivindicatorias de los afrocubanos, Julián V. Sierra: “Es preciso que lo sepa el mundo, ni Martí era el único cubano capaz de vivir junto con sus hermanos negros, ni Maceo era el único jefe cubano de color que tenía valor, honradez y capacidad suficiente para exigir la igualdad de Cuba (…) y nosotros sus discípulos, fieles al cumplimiento del deber, decimos; mientras haya una sola injusticia en nuestra patria que reparar, la revolución redentora no ha terminado”.
Y como dijera en 1889, África C. de Céspedes, la dirigente de las luchas de las mujeres afrocubanas por su dignidad, la igualdad real y la justicia social: “La mujer negra sañudamente tratada por sus viles explotadores, viene hoy a ser blanco más saliente a donde dirigen sus saetas envenenadas, aquellos mismos que más traficaran con su noble sangre en los luctuosos días de esclavitud. Por eso, enervado nuestro espíritu por el duro tratamiento de ayer y el torpe juicio de hoy, nos preparamos a la defensa en el constante batallar por que estamos pasando; y tal haremos hasta que se nos considere tal como somos…¡Nos invitáis a luchar? Pues luchemos. Reflexionemos, pues, sin hacer separación alguna de razas, sobre el juicio que de la mujer tienen formado la mayoría de los hombres y hasta de algunas maritornes de baja esfera, al mismo tiempo que a nosotras, las de la raza negra, se nos considera en las últimas capas de ese infame juicio…”.
El movimiento social afrocolombiano organizado ha logrado que en los acuerdos de paz del Gobierno Nacional con las FARC-EP se incluyan reivindicaciones históricas importantes para el pueblo afrocolombiano. Y se encuentra procurando que en los próximos acuerdos de paz duradera con el ELN se incluya además:
1. La reglamentación de los capítulos faltantes de la Ley 70 de 1993, donde se incluya un fondo rotatorio y un sistema especial de créditos blandos para las comunidades afrocolombianas y pequeños productores de las mismas, en el que la garantía sea la misma inversión que se vaya a hacer en el respectivo proyecto, así como un estatuto especial de contratación de las organizaciones sociales y económicas de las comunidades afrocolombianas con las diferentes instancias estatales, a objeto de que no se continúe con las nuevas formas de discriminación que se vienen poniendo en práctica. Una de esas formas se produce cuando las propuestas de estas organizaciones y los recursos significativos destinados a sus comunidades, con base en la Ley 80 de 1993 o actual Estatuto de Contratación Estatal, se entregan a la ejecución de terceros o a los denominados “operadores”. Dejándolas sin derecho siquiera a manejar sus propios asuntos, como lo ordena la Ley 70/93 en sus artículos 52, 55, 57 y 58.
Es sabido que estas organizaciones están integradas por gentes de comunidades históricamente descapitalizadas, que solo han producido capitales para otros. Por tanto, exigirles disponer de grandes patrimonios o recursos de capital para poder contratar con el Estado, se convierte en una nueva forma de discriminación. Lo importante es, que cuenten con asociados y funcionarios idóneos, debidamente capacitados y con trayectoria respetable en la materia objeto de la contratación.
2. La garantía de protección de la soberanía de las comunidades afrocolombianas sobre sus territorios, de parte del Gobierno Nacional.
3. La vigencia de la Consulta Previa y debidamente informada, con base en un estatuto y/o protocolo previamente concertado con las comunidades.
4. Que el Gobierno Nacional se comprometa a ejecutar el Plan de Desarrollo Integral para las Comunidades Afrocolombianas, que se ha venido formulando y reformulando con la asesoría y acompañamiento del DNP, incluyendo los recursos correspondientes en el Plan de Desarrollo Nacional, en el Presupuesto Nacional y en los planes de desarrollo regionales y locales; recurriendo al endeudamiento externo si es necesario, como ordena la Ley 70 de 1993. Plan de Desarrollo que no se ha ejecutado por las mentalidades racistas, discriminatorias y excluyentes que hacen presencia, tanto en el ejecutivo como en las mayorías parlamentarias. La ejecución de este plan, inicialmente debe pactarse para un periodo mínimo de 20 años.
5. El Estado y los gobiernos de turno deben dar apoyo prioritario y especial a los pequeños mineros de las comunidades afrocolombianas, con créditos blandos para adquirir tecnologías sostenibles y capital de trabajo, asesorías y asistencia técnica sostenidas. Esta es una de las actividades productivas básicas e históricas de la mayoría de nuestras comunidades, a través de la cual han contribuido solo al enriquecimiento de otros.
6. El Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales, deben dar prioridad a la implementación efectiva de la Etnoeducación y/o la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, como estrategias pedagógicas fundamentales para el etnodesarrollo y para formar colombianos con mentalidad de convivencia pacífica, no racistas ni excluyentes y respetuosos de la diversidad; tal como ordenan la Ley 70 de 1993, la Ley 115 de 1994 ó Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios 804/95 y 1122 de 1998, entre otros, o los convenios y pactos internacionales acogidos por Colombia, y lineamientos curriculares pactados por la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Afrocolombianas con el Ministerio de Educación Nacional; garantizando los recursos necesarios e impartiendo las correspondientes medidas y órdenes perentorias a los entes territoriales, a objeto que este loable propósito se haga realidad.
7. El Ejecutivo y el Legislativo deben producir una ley que establezca dos curules en el Senado de la República para comunidades afrocolombianas, que se sumarán a las dos del Congreso, que deben ser inmediatamente reglamentadas. De manera que, en estas curules solo puedan ser elegidos representantes auténticos de las comunidades, a objeto de superar las posibilidades de fraude y burla a las comunidades que se han venido presentando con las dos curules creadas en la Cámara.
8. Para continuar avanzando con paso firme hacia su reivindicación histórica, el pueblo afrocolombiano requiere fortalecimiento organizativo, desde el conocimiento de su propia humanidad, la conciencia de clase para sí, su lugar en la sociedad global y en la colombiana. Como también en aspectos técnicos, de dominio de nuevas tecnologías y de los avances de las ciencias. Lo cual debe ser una prioridad de la Dirección de Asuntos de Comunidades Afrocolombianas del Ministerio del Interior y de las oficinas similares que se han creado en diferentes regiones y localidades.
Hay que registrar con beneplácito que hoy por primera vez se incluyen las reivindicaciones históricas del pueblo afrocolombiano en unos acuerdos de paz, gracias a las actuaciones de su movimiento social organizado. Lo cual constituye un síntoma muy positivo para el logro de la paz duradera.
*Educador y luchador social, en particular por los derechos de las comunidades Afrocolombianas. Director del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Afrocolombianas-CEISAFROCOL,
