¿Está bloqueando la Fiscalía la imputación al general Montoya?

Nada explica por qué no se ha realizado la audiencia de imputación contra el general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército con el presidente Álvaro Uribe entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, el periodo en el que se contabilizan más “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares. Por eso, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch exige al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que reactive el proceso penal contra el general Montoya. Además, la organización asegura que tiene nuevas pruebas que implican a Montoya en una práctica sistemática, la de los falsos positivos (unos 4.200 ya documentados por la misma Fiscalía). La fiscalía de la Corte Penal Internacional, el pasado mes de noviembre, también advertía al Estado colombiano que los avances en el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales han sido pocos: “los procesos han fracasado ostensiblemente en enfocarse sobre las personas que habrían tenido la mayor responsabilidad por la comisión de estos crímenes”.

Según asegura ahora HRW, en octubre de 2016, “tuvo acceso a cientos de páginas de transcripciones de testimonios prestados por seis generales del Ejército a la Fiscalía General de la Nación, en audiencias celebradas a puertas cerradas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Estos testimonios sugieren de manera convincente que el General Montoya sabía, o como mínimo contaba con información que demuestra que debería haber sabido, sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando, y no tomó medidas para impedir que siguieran ocurriendo”.

Montoya es uno de los al menos 14 generales que están siendo investigados actualmente por su presunto rol en las muertes de falsos positivos. Otros generales bajo investigación son Luis Roberto Pico Hernández y Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Y por eso HRW insiste en su preocupación, manifestada ya hace unas semanas, con el hecho de que la Jurisdicción Especial de Paz, contemplada en los Acuerdos de La Habana, pueda “aplicar una definición restrictiva del principio de ‘responsabilidad de mando’ que beneficiaría a los altos mandos del Ejército bajo investigación por los crímenes cometidos por sus subalternos”. Se refiere la organización al hecho de que en la segunda versión del acuerdo, la ratificada en el Congreso, se ha limitado la responsabilidad de los oficiales al mando en actos delictivos cometidos por sus subalternos (artículo 44).

En todo caso, el proceso contra el general Montoya está engavetado en la Fiscalía y con un comunicado urgente hecho público hoy, HRW quiere sacarlo a la luz. De hecho, la preocupación de esta organización y de los familiares de las víctimas de falsos positivos tiene que ver con la respuesta que dio el fiscal responsable del expediente, Jaime Camacho, a dos abogados de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En una respuesta a un derecho de petición radicado el 2 de noviembre de 2016, Camacho señala que el despacho tercero delegado ante la Corte Suprema, el mismo que había fijado la audiencia de imputación para finales de mayo, está “analizando los elementos probatorios que hacen parte de las carpetas de la investigación”. Es decir, el proceso está engavetado.

Human Rights Watch recuerda ahora que el general Jorge Arturo Salgado Restrepo, responsable ahora de una de las nueve divisiones del Ejército y también está siendo investigado, “declaró ante la fiscalía que el General Montoya debió haber sabido sobre las ejecuciones de ‘falsos positivos’ y no tomó medidas razonables para prevenir o castigar estos crímenes”. También  cita al general Gustavo Matamoros Camacho, jefe de operaciones de Montoya, cuando recuerda que “le advirtió a Montoya sobre irregularidades en las bajas en combate informadas en 2008, pero Montoya no adoptó medidas al respecto. Estas graves irregularidades debieron sugerirle a Montoya que las supuestas bajas eran en realidad ejecuciones extrajudiciales”. Por último, HRW recuerda que, en 2009, “el inspector general del Ejército informó a la Embajada de Estados Unidos que un factor clave detrás de los falsos positivos era la ‘constante presión de Montoya para [producir] bajas’, y manifestó que era uno de los oficiales que estuvieron ‘involucrados’ en los crímenes, o que los ‘aprobaron tácitamente’, según un cable de la embajada”. José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas no entiende la actitud de la Fiscalía: “Las evidencias contra Montoya no dejan de acumularse, pero sólo juntan polvo en la estantería de una oficina de la Fiscalía General de la Nación. Ya es hora de que la Fiscalía use la importante evidencia con la que cuenta y avancen en este caso”.

Ver informe de HRW sobre el papel de los oficiales en las ejecuciones extrajudiciales