Un primer paso contra la impunidad por los crímenes de la Comuna 13
Lo ocurrido en la Comuna 13 de Medellín entre los años 2002 y 2004 constituye crímenes de lesa humanidad y el Estado colombiano tiene que asumir su responsabilidad, decir la verdad y reparar a las víctimas, como lo ordena la legislación internacional. Por ello es tan importante la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ya que supone un paso en el camino del esclarecimiento de los hechos y la posible sanción de los responsables, es decir, los militares y políticos que estuvieron al frente de los hechos.
Si bien la CoIDH no se pronunció específicamente sobre la ilegalidad de la Operación Orión, si reconoce que la violación a los derechos humanos de las mujeres lideresas de la Comuna 13 se produjo por hechos arbitrarios e ilegales de agentes estatales en el marco de las operaciones militares, tal como lo señaló el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, organización no gubernamental que estuvo al frente del caso.
Y es que no podemos olvidar que la Operación Orión fue el inicio de la llamada Seguridad Democrática impulsada por el expresidente —y hoy senador— Álvaro Uribe Vélez, política de seguridad basada en el desconocimiento absoluto de los estándares internacionales en materia de protección y garantías ciudadanas. A la luz de dicha estrategia se cometieron miles de crímenes que comprometen la responsabilidad del expresidente, los cuales, al día de hoy continúan en la impunidad. Esta podría ser una de las razones por las cuales el señor Uribe se opone a la Jurisdicción Especial para la Paz, que podría juzgar a generales de la república como Mario Montoya Uribe, actualmente investigado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de la Operación Orión de la Comuna 13.
Los casos de las cinco mujeres defensoras de derechos humanos objeto de la sentencia de la Corte Interamericana, son apenas una muestra de los miles de víctimas que se generaron con el desarrollo de las operaciones militares. La Corporación Jurídica Libertad en la base de datos del Proyecto Colombia Nunca Más ha documentado más se 600 crímenes cometidos directamente por la Fuerza Pública o en acciones conjuntas con el bloque paramilitar Cacique Nutibara —el cual se posicionó plenamente en la comuna después de la Operación Orión—. Dentro de los hechos más representativos están: 80 civiles heridos en desarrollo de las operaciones militares —solo en la Operación Mariscal fueron 36 y en la Operación Orión, 38— 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las acciones militares; 370 personas privadas arbitrariamente de la libertad, de las cuales solo 12 fueron condenadas tres años después; cerca de 250 personas víctimas de desaparición forzada —cinco de las cuales fueron desaparecidas el segundo día de la Operación Orión—. Todo esto sin contar las miles de víctimas de desplazamiento forzado, las torturas, la violencia sexual y el control social del paramilitarismo que se mantiene hasta el día de hoy.
De las 650 víctimas de diferentes modalidades de agresión cometidas entre 2002 – 2003: 537 (83%) son hombres y 113 mujeres (17%), dentro de las cuales están los tristes casos de Miriam, Luz Dary, Socorro, Mery y Teresa Yarce (esta última asesinada el 6 de octubre de 2004). Es muy importante que se reconozcan los derechos de estas mujeres y sus núcleos familiares, pero quedan los casos de otras mujeres por esclarecerse, entre ellos la situación de 16 mujeres víctimas de desaparición forzada, 22 con lesiones personales permanente por heridas en acción bélica, 18 de ellas asesinadas y otras 48 que también sufrieron privación arbitraria de la libertad.
El número de víctimas civiles durante las operaciones militares, así como los hechos posteriores, también reflejan una clara estigmatización hacía la población civil que fue acusada de colaborar o pertenecer a los grupos milicianos o de insurgencia. Muchas de las mujeres narran como en los operativos militares el Ejército y la Policía llegaron disparando indiscriminadamente contra la población civil: “Ellos le tiraban a todo lo que se movía, llegaban a nuestras casas, esculcaban todo y nos decían que dónde teníamos escondido a los guerrilleros”, dice uno de los testimonios. Lo anterior puede explicar el alto número de personas heridas y muertas en las acciones bélicas, muchos de ellos niños, niñas y mujeres. Igualmente se puede resaltar la persecución a la población juvenil que era la más señalada de pertenecer a la insurgencia.
La Sentencia de la Corte Interamericana sobre uno de los casos de la Comuna 13 nos recuerda que las violaciones a los derechos humanos no son cosa del pasado, hay una deuda histórica con esta población que sigue sufriendo las consecuencias de la militarización y paramilitarización del territorio —la ‘donbernabilidad’ como bautizó al fenómeno la periodista María Jimena Duzán—. Ahora, cuando se abre es escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, el desafío es que las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en este territorio puedan esclarecerse y los responsables puedan ser investigados, juzgados y sancionados. No solo los militares, también los políticos comprometidos con los hechos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, que “curiosamente” han sido de los más opositores del proceso de paz. Bienvenida esta Sentencia para enfrentar la impunidad que ha rodeado este hecho.
*Defensora de Derechos Humanos. Directora Corporación Jurídica Libertad.
