¿Quién manda en el Alto San Juan?
El lunes 17 de octubre de 2016, Uriel Bateza se dirigía a su casa en la comunidad embera katío de Canchidó, tres horas adentro por una trocha que desde la carretera Panamericana sigue la margen derecha del río Guarato. Uriel, que ejerce como gobernador de Canchidó, iba acompañado de su hija y de una profesora. Llevaba materiales para el programa ‘De cero a siempre’, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Afirma que en un punto del recorrido su hija notó un hombre y una mujer de aspecto indígena, escondidos y pertrechados con armas largas.
– Entonces no quise seguir subiendo. Me devolví para Guarato y llamé por celular a la guardia indígena.
Todo empezó meses antes, cuando los indígenas de Canchidó tomaron la decisión de desvincular ocho de sus jóvenes que fueron reclutados por las milicias del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Debatieron si debían castigarlos según la ley propia o resolver el problema con las autoridades occidentales. Dicen que varios ya tenían órdenes de captura y eran buscados por la fiscalía y por ello el cabildo les animó a que se entregaran a la justicia. «Nadie de nuestro territorio puede andar armado», les dijeron. Pasaron sólo 4 meses privados de libertad y volvieron a sus tambos como cualquier otro embera. Días más tarde, en el corregimiento de Santa Cecilia, a dónde suelen bajar al mercado los nativos de varios resguardos de Risaralda y Chocó, indios katíos de otra región preguntaron quién conocía a los muchachos desmovilizados de Canchidó. “Me están mandando unos trabajos de los elenos”, dijo uno, insinuando que tomarían represalias contra los desmovilizados.
Guardia indígena de Canchidó
Fue esa semana cuando vieron las personas armadas en el camino, algunos certificaron que era gente de Uripa y Mázura, dos caseríos cercanos situados en el Alto Andágueda, del otro lado de la montaña, a donde se puede entrar con facilidad por la misma ruta de Canchidó. Luego apareció el comentario de que los indígenas de Canchidó estaban entregándole los guerrilleros a la ley. Eso los convertía a todos en delatores. Nadie quiso esperar las consecuencias: la tercera semana de octubre de 2016 la comunidad completa de Canchidó, con sus 44 familias y 239 habitantes (la mitad niños) huyó atemorizada hacia Guarato, un caserío de afroclombianos sobre el río San Juan, que marca el límite entre Chocó y Risaralda.
Elenos y paramilitares
La cuenca alta del San Juan vive en disputa desde que un centenar de combatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL) penetraran por el cañón del Chamí terminando la década de 1980. Tras el proceso de reinserción del EPL en 1991, distintos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocuparon la zona. Posteriormente llegó otro grupo más pequeño del Ejército Revolucionario Guevarista, una disidencia del ELN que terminó desmovilizándose en 2008. Con la toma guerrillera de Santa Cecilia por parte de las FARC, en marzo del 2000, el Estado perdió el control sobre la carretera al Chocó y también su última vanguardia. Desde el municipio de Pueblo Rico (Risaralda) hacia abajo, los subversivos representaban la ley y el orden: instalaron retenes fijos sobre la vía, ejecutaron a los que consideraban colaboradores del Ejército, citaron funcionarios, alcaldes o concejales a sus reuniones. Así ejercían la autoridad en veredas y corregimientos.
El 9 de octubre de 2002 una avanzada paramilitar trató de incursionar en Santa Cecilia desde el Chocó por la carretera, pero los guerrilleros repelieron el ataque. Antes, los paramilitares mataron personas y quemaron casas en los poblados de Mumbú, El Tabor y Jingarabá. A las 6 de la tarde alcanzaron Guarato, sin embargo, el pueblo ya estaba desocupado pues un tropel despavorido corrió carretera arriba hacia Santa Cecilia. “Cuando los paras se metieron a desalojar toda esta gente de acá, fue la guerrilla que ingresó a defenderlos”, asegura alguien en voz baja “porque si no, los matan a todos. Corrían sin zapatos, los niños desnudos. Las casas las quemaban, acababan con las gallinas, a los cerdos les daban bala…”.
Los desplazados de Guarato retornaron dos años después, en 2004, pero muchos no quisieron volver. En Santa Cecilia sucedió lo mismo, pero a la inversa: la mitad de la población se fue con la ocupación guerrillera por el temor a que sus hijos acabaran reclutados. Nunca hubo un retorno efectivo y aún gran parte de la comunidad negra de Santa Cecilia vive disgregada en barrios de invasión o reubicación de Pereira, Dosquebradas y La Virginia.
Este inmenso territorio quebrado y selvático contiene varios parques naturales y amplios territorios indígenas, principalmente el Resguardo Emberá Katío de Gitó–Dokabú -al que pertenece la comunidad de Canchidó- y el Resguardo Emberá Chamí Unificado del río San Juan; en menor medida hay tierras colectivas de las comunidades negras o fincas particulares de colonos paisas. El Ejército retomó el control de los caseríos junto a la vía durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, pero las cañadas que desembocan al San Juan siguieron dominadas por las FARC y el ELN, o bien era corredores de paso frecuente de los insurgentes. Justamente en 2014 hubo combates del Ejército contra unidades de las FARC en Canchidó, que derivaron en el cerco militar donde fue capturado el 6 de marzo Jhon Jairo Moreno, conocido como ‘El Paisa’, ‘Robinson’ o ‘Pipón‘, tercero al mando del frente Aurelio Rodríguez, quien falleció bajo pésimas condiciones en la cárcel de Pereira por inasistencia médica. En su momento, la muerte de “Robinson” provocó malestares en la Mesa de Diálogos de La Habana.
– Ya las FARC estaban negociando con el gobierno –dice Uriel Bateza–, ahora los problemas con ellos los pasaban al ELN.
La negación oficial
Las 44 familias desplazadas en octubre desde Canchidó ocuparon un lote descampado en Guarato, levantaron cambuches y se sentaron a esperar que el gobierno central enfrentara la situación de inseguridad para regresar a sus parcelas. Pero nadie quería asumir la responsabilidad de alimentarlos: la alcaldía de Pueblo Rico argumentó, con decreto en mano, que por haber llegado a Guarato –jurisdicción del municipio de Tadó– las autoridades del Chocó tenían la obligación de atender la emergencia. En cambio, la alcaldía de Tadó respondió que tratándose de indígenas cuyas tierras están ubicadas en Risaralda no les competía el asunto.
El secretario de gobierno de Pueblo Rico, Mauricio González, explicó a Colombia Plural que de todos modos la alcaldía se hizo presente llevando alimentos, colchonetas y asistencia de salud (6 toneladas de ayuda, según la Unidad de Atención Integral a las Víctimas). González sostiene que no eran claras las verdaderas causas del desplazamiento. “No se tiene certeza de que esos grupos estén en Canchidó. No vimos las piedras pintadas con letreros del ELN, ni encontramos a nadie armado”. “Ellos no están seguros que está sucediendo: primero dijeron que eran grupos al margen de la ley, luego que eran indígenas encapuchados por problemas entre ellos, después que era por unos desmovilizados”. Sembrar dudas sobre la versión de las víctimas… Esto vino a reforzar los prejuicios de algunos vecinos, quienes opinan que los indígenas se desplazan sin motivo, únicamente para recibir comida y auxilios del gobierno.
– Tengo 32 años de edad –declara Uriel–, y yo no he visto familias de mi comunidad pidiendo limosna en ciudades. Eso no hemos pasado, nosotros no lo permitimos. Llevamos más de 20 años asentados en Canchidó, hasta que tuvimos este problema el año pasado nunca nos habíamos desplazado.
Aunque este territorio sufre todavía los rigores evidentes del conflicto armado, la respuesta oficial es la negación, como ha sido costumbre hace años cada que alguien habla de grupos armados en Risaralda. En Mistrató, donde nace el río San Juan, vieron el año pasado patrullar guerrilleros a diez minutos del pueblo. En Pueblo Rico una alerta de la Defensoría advirtió riesgos para las comunidades en las áreas rurales. Pero el anterior gobernador del departamento, Carlos Botero, negaba sistemáticamente la presencia de insurgentes en la zona cada vez que el ELN paralizaba la vía quemando vehículos. Igual estrategia de negación sostiene el gobernador actual Sigifredo Salazar, quien además es oriundo de la región. Tapar el sol con un dedo no evitó que el ELN bloqueara la carretera durante los paros armados de febrero, abril y septiembre de 2016. En uno de aquellos retenes, los guerrilleros retuvieron en Playa de Oro a varios choferes de Flota Occidental que cubrían la ruta al Chocó, presumiblemente los movieron por trochas de Dokabú hacia el Resguardo Indígena del Alto Andágueda y un mes más tarde los liberaron sobre la vía Quibdó-Medellín. Este episodio estancó los acercamientos entre esa guerrilla y el gobierno, pues sucedió apenas a una semana del anuncio formal de los diálogos a fines de marzo de 2016.
Las versiones en el terreno
Los encargados de prensa del Batallón San Mateo, adscrito a la Octava Brigada, han manifestado en reiteradas ocasiones que se trata de comisiones pequeñas de milicianos que pasan de forma ocasional, sin poseer un control efectivo sobre el terreno. Lo mismo comentan ahora durante una charla sin micrófonos varios soldados de una compañía del Plan Meteoro que custodian la carretera con tanques blindados a lo largo del trayecto.
La gente, sin embargo, no acaba de creer. Un aserrador habla sobre las vacunas de los paras que deben pagar en Chocó hasta las señoras de las arepas. Un chofer que contrata con las obras de mantenimiento de la vía relata cómo la Policía a veces impide el tránsito “por problemas abajo”, refiriéndose al riesgo de retenes subversivos. Un antiguo minero de Pueblo Rico cuenta que dejó el oficio porque la guerrilla está prohibiendo el barequeo en ciertos caños, pues tienen acuerdos con los dueños de las dragas y retroexcavadoras ilegales que han devastado muchos afluentes del San Juan. A tan solo diez minutos de Santa Cecilia, en la vereda La Punta, sobre el río Ágüita, hasta diciembre trabajaban dos retroexcavadoras con la venia de algunas autoridades indígenas de Dokabú. Desfilando bajo las narices de todos los puestos de control más retroexcavadoras entraron a la región del Alto Andágueda remontando durante muchos días una cañada del caserío Sikuepa. “Pasó el resguardo de nosotros una máquina”, afirma Uriel Bateza, “eso dejó afectación por el humo de gasolina y un poco de contaminación, los animalitos pueden asustarse. La máquina iba directamente para Mázura y se entró por Sikuepa”.
Finalmente, un agente de Policía, en uno de los puntos de registro de la vía, también contradice la versión oficial. Cuando los periodistas de Colombia Plural le hablan del asunto confirma que, en efecto, él supo de cierto comando armado que atravesó de noche el río San Juan, salió a la carretera y se internó por la cañada de Sikuepa en dirección a Canchidó. Fue la misma semana del 20 de octubre, cuando bajaron en masa los indígenas hasta Guarato.
La primera semana de noviembre de 2016 las 44 familias indígenas volvieron a su territorio, tras acordar recorridos con los funcionarios oficiales para verificar la situación de seguridad. El 21 de diciembre la Unidad de Víctimas incluyó en su registro a estos 239 comuneros de Canchidó, según la resolución No. 2016 349052, como víctimas de desplazamiento forzado. Poco antes, el 31 de octubre, cuando todo parecía aclararse y el Gobierno se comprometía a dar ayudas por tres meses, circuló en internet un comunicado del Frente de Guerra Occidental del ELN, firmado por el Capitán Omar Gómez. Según él, indígenas del caserío de Limones asesinaron dos miembros de la comunidad de Canchidó y eso motivó el desplazamiento. “En dicha región hace años no hay presencia del ELN”, sesostenía el comunicado, argumentando que las inculpaciones contra ellos fueron falsas: “El uso de la mentira hace parte de la estrategia militar de las guerras modernas y la usan nuestros adversarios”. Aquello respaldaría otra hipótesis: que podría existir un conflicto con indígenas de Mázura y Uripa, pero Martín Tequia, del Resguardo del Alto Andágueda, asegura no conocer nada de esa posible disputa. El pronunciamiento del ELN no tuvo ninguna difusión en prensa, aun así, terminó de confundir las cosas.
Sin salud, sin educación sin asistencia
Adentro, por esa trocha que desde la carretera Panamericana sigue la margen derecha del río Guarato, la escuela no está en buen estado, ni existe un puesto de salud. Doce muchachos indígenas deben caminar tres horas de ida y tres de vuelta, cada jornada, para asistir al bachillerato. Ha habido casos de niños que fallecen en el camino antes de llegar a Santa Cecilia para que los atiendan por unas enfermedades ‘raras’ que les están cayendo: diarrea, vómito, dolor de barriga. Casi todos los viejos son analfabetos y nunca llegaron apoyos para los jóvenes que podían empezar la Universidad. Nada de esto informaron los periódicos. No dijeron tampoco que en Guarato se supo cómo, tras el último paro armado del ELN, una tropa de paramilitares del Clan Úsuga incursionó en la vereda El Tabor con el propósito de arremeter contra los subversivos. Tres días después de la visita de Colombia Plural a la zona, la medianoche 25 de enero, encapuchados asesinaron en su casa de Ágüita al líder comunitario Hernando Murillo Armijo. Vivía en una vereda que está a menos de diez minutos del casco urbano de Santa Cecilia, sin embargo, la Policía no llegó hasta que salió la luz del sol, argumentando “problemas de orden público”. Mientras, los katíos insisten en que han visto pasar extraños con fusiles al hombro.
¿Quién manda en el Alto San Juan?
