El primer mes del año termina con 14 líderes asesinados

Enero lleva un balance siniestro en el acoso y asesinato de líderes y lideresas sociales, campesinos y defensoras y defensores de derechos humanos. El registro de asesinatos ya suma 14 casos, con la muerte en la madrugada del día 29 de Porfirio Jaramillo Bogallo, en la vereda Guacamayas del municipio de Turbo (Antioquia), y con la de Yoryanis Isabel Bernal Varela, defensora de los derechos de las mujeres indígenas Wiwa. Porfirio había sido amenazado por su reclamación sobre unas tierras usurpadas durante el conflicto pero la Unidada Nacional de Protección todavía no le había concedido un esquema de seguridad. Yoryanis Isabel fue asesinada a tiros en el sur de Valledupar el jueves 26.

Antes, el miércoles, fue asesinado Hernando Murillo (en Risaralda) y el martes 24 de enero fue también ultimado en el barrio San Fernando, al sur de Cali, Jhon Fredy Concha Valbuena, abogado que, entre otros casos, llevaba la defensa de tres de los guerrilleros acusados del secuestro de los diputados del Valle en 2002 y la de un grupo de areneros capturados por extraer material del río Cauca (no hemos incluido el caso de Concha en el listado de víctimas directas). El 12 de enero, en Sonsón, Antioquia, también apareció muerto en extrañas circunstancias Edmiro León Alzate Londoño, del Movimiento por la Vida y Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (MOVETE). Familiares y compañeros de Edmiro han exigido una investigación ya que en teoría habría caído del caballo en el que se movilizaba todos los días, pero los vecinos dicen que su cuerpo presentaba señales de golpiza.

El caso de Murillo se produjo este miércoles 25 de enero, a las 11 de la noche. Tres hombres encapuchados llegaron a su casa y, después de herir a uno de sus hijos, persiguieron a Hernando Murillo Armijo hasta matarlo en el tejado de la casa. Murillo había sido el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agüita de 2012 a 2016, a pocos minutos de Santa Cecilia (Risaralda), zona en disputa por actores armados, como el ELN y grupos paramilitares que pelean por el control del lucrativo negocio de la minería ilegal en esta zona fronteriza entre Chocó y Risaralda.

Según la información de El Diario de Pereira, la falta de control estatal en la zona se hace evidente ya que “debido a problemas de orden público las autoridades tanto de Policía como de Ejército esperaron la luz del día para desplazarse a la zona y empezar la investigación”. Las autoridades, en todo caso, atribuyen el asesinato a un intento de robo.

Amenazas y restitución de tierras

La Fundación Forjando Futuros, que justo esta semana hacía un balance más que negativo del proceso de restitución de tierras en el país, ha alertado hoy de que las amenazas a líderes campesinos de los reclamantes por el despojo territorial siguen siendo amenazados en Urbaá.

Concretamente, reseñan las amenazas que recibió Wilson David, reclamente de tierras de la vereda Guacamayas, municipio de Turbo (Antioquia) este mismo miércoles por parte paramilitares para que él y su familia salgan de la finca ‘La Magdalena’ o serían asesinados.

Según reseña el comunicado, Wilson David explica que “el hombre identificado como el ‘Negro Darío’, administrador de las tierras correspondientes a las veredas el Caimán y Guacamayas, es el encargado de dar los mensajes intimidatorios que, al parecer, provienen del hijo de alias ‘Don Mario’ conocido con el alias de ‘Jhonny’ y quien residiría en San Pedro de Urabá. El ‘Negro Darío’, el 22 de octubre de 2016, tumbó la vivienda de Wilson David y el 15 de diciembre del mismo año le advirtió que no quería ver a su familia en la zona”. David tiene esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, pero sigue siendo amenazado.

De la misma manera, “Robin Domicó, representante de los indígenas reclamantes de tierra en Urabá, también ha sido amenazado en múltiples ocasiones por el mismo hombre, no sólo por reclamar su predio, sino por colaborar con los procesos de tres comunidades. Él también cuenta con esquema de protección luego de comprobarse que su vida corre peligro”.

El informe de Indepaz sobre hostigamiento a líderes sociales conocido esta semana indicaba que en 2016 fueron asesinados 117 y se recibieron, al menos, 350 amenazas individuales o colectivas.

Amenazas y atentados en Cauca

Además, se ha conocido hoy que en la noche del martes 24 de enero, la comunera Nilsa Ul Zape, del resguardo indígena de Huellas (Caloto) sufrió un atentado con arma de fuego en la vereda Morales, en el hecho resultó impactado el vehículo asignado a su protección y el conductor fue herido en su hombro derecho.

Un día después, el miércoles 25, también atentaron contra Aldemar Díaz Zúñiga, del resguardo indígena de Munchique los Tigres (Santander de Quilichao). Varios impactos de bala dieron en el vehículo de protección que tiene asignado cuando se desplazaba por el sector de Lomitas. Los ocupantes salieron ilesos.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) ha emitido un comunicado en el que afirman que «es preocupante la situación, en tanto se mantiene en la zona, la variable AMENAZA – ATENTADO, o ejecución de amenazas, estos hechos describen patrones que configuran sistematicidad en forma y tiempo, sin embargo esta situación sigue siendo negada por entes del Estado Colombiano y por algunos funcionarios de gobierno del presidente Juan Manuel Santos».